Una reforma a la Ley 842 –que resguarda los derechos de los consumidores y usuarios en Nicaragua– que fue aprobada esta semana por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, ha puesto en una situación de alto riesgo a los bancos nicaragüenses por el trasfondo de la normativa: proteger a las 28 personas allegadas al régimen de Daniel Ortega que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde hace más de tres años.
Entre los sancionados se encuentran familiares de la pareja gobernante, Daniel Ortega y Rosario Murillo, instituciones públicas, funcionarios, empresas y operadores políticos. La mayoría ha sido sancionada por formar parte del aparato represivo del régimen contra los ciudadanos nicaragüenses durante la crisis política que vive el país desde abril de 2018.
La sola aprobación de esta ley pone en peligro que Nicaragua pase de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se encuentran países como Irán y Corea del Norte. Según el economista Luis Murillo, este cambio significaría el cierre de recursos externos, como préstamos y donaciones, inversión extranjera y remesas familiares. “No tendríamos posibilidades de seguir manteniendo el sistema económico nacional”, dijo Murillo.
Todas estas transacciones dependen de un banco corresponsal que capte el dinero y después que lo envíe al país a través de un banco local, o como en el caso de algunas de las remesas, por medio de agencias de envíos. Sin bancos corresponsales, tampoco podrían funcionar las tarjetas de crédito y débito o las transferencias bancarias.
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Los efectos principales de las sanciones internacionales a los personeros del régimen y sus instituciones son la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas y ciudadanos de ese país. Los sancionados han sido bloqueados de tener cualquier relación con el sistema financiero: tarjetas de crédito, cuentas bancarias, entre otras transacciones financieras. La medida también se ha hecho extensiva a los familiares y cónyuges vinculados con los sancionados que puedan ayudar a esquivar el impacto de las sanciones. Desde la perspectiva de Estados Unidos, lo que pretende la ley es proteger al sistema financiero de ser cómplice de personas corruptas o que han violado derechos humanos.
Según los analistas consultados para este artículo, el bloqueo financiero a los familiares de los sancionados fue la razón principal para que se aprobara esta reforma que faculta a estas personas para demandar a los bancos o cualquier otra empresa privada. La justificación oficial es que los familiares o allegados no aparecen en ninguna lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y que por lo tanto no pueden ser objetos de sanciones.
“No puede haber instituciones financieras con patente de corso (…) que decidan quién vive y quién muere en materia financiera”, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, el pasado miércoles, durante la aprobación. Gutiérrez fue sancionado por Washington hace poco más de un mes.
La nueva ley establece que los sancionados o sus familiares pueden recurrir ante instituciones del estado, como el Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), que estarán facultados de imponer multas a los bancos o empresas que se nieguen a tener relaciones con ellos.
Sin embargo, el restablecimiento de las relaciones entre los bancos y las personas sancionadas o sus familiares haría perder las corresponsalías bancarias internacionales, lo cual provocaría un caos financiero en el país.
Ortega solo debe firmar
La normativa aguarda a que el comandante Daniel Ortega la firme y se publique en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, para que se convierta en Ley. Una vez pase esto, los departamentos de cumplimiento de los bancos corresponsales consultarán con organismos como el GAFI y el gobierno de su país, para revisar, analizar, y tomar la decisión de retirar la corresponsalía o mantenerla.
El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que el régimen está apostando a que “no sucederá nada” cuando pidan el restablecimiento de relaciones para los familiares de los sancionados. “Si esto sucede y los bancos abren las cuentas, se tendrá que ver qué decisiones toman los corresponsales…pero si presionan para que se le abra una cuenta a un sancionado, ahí sí se acabó todo, cualquier relación internacional”, dijo Aguerri.
El problema principal es que con esta reforma le han quitado potestad a los bancos para llevar contratos de forma discrecional, manejar el riesgo, el derecho del rechazo y poder cerrar las cuentas. Esta voltereta del marco de operación, abre la posibilidad a que, por ejemplo, la esposa de un connotado narcotraficante pudiera abrir una cuenta en algún banco nicaragüense sin ningún problema. “Abrieron un portal peligroso, en el que por querer proteger a los sancionados, pueden proteger a personas sancionadas por narcotráfico y lavado de dinero”, dijo Aguerri.
El economista Alejandro Aráuz considera que la reforma por un lado flexibiliza los contratos con los clientes, pero el efecto “más grave es la debilidad y fragilidad en la que colocarían al sistema financiero por el riesgo: pueden ahuyentar la inversión extranjera y la entrada de flujos”.
¿Qué harán los bancos?
Los especialistas consultados coincidieron en que los bancos locales tienen que meter recursos por inconstitucionalidad en contra de esta ley. “Prácticamente le están afectando de manera directa sus negocios y la idea es que los bancos sean un intermediario financiero entre los que tienen excesos de recursos de liquidez y aquellos que necesitan créditos”, dijo Murillo.
Miguel Andrés | Divergentes.
Hasta el momento, se han pronunciado en contra de esta ley la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), el Cosep, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Divergentes le envió una solicitud de entrevista al presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, para conocer qué decisiones tomarán los bancos, pero hasta el momento no ha respondido.
¿Disputa entre Ortega y el gran capital?
José Adán Aguerri considera que en el fondo lo que busca el régimen es la ampliación del control político, a través de esta ley y otras que recientemente ha aprobado, como la ley de Ciberdelitos. Primero, porque convierten al estado en consumidor, con lo cual a la vez se vuelve “juez y parte” en todas las transacciones. Y en segundo lugar, porque pasan a controlar servicios que antes no controlaban: cable, internet y telefonía.
“Esta ley tiene un trasfondo eminentemente político y de regulación, porque establece regulaciones que no pueden tener”, dijo el economista Luis Murillo.
Para el sociólogo Óscar René Vargas, con esta reforma “estamos en presencia de una disputa entre dos poderes fácticos importantes del país”. La aceptación o no de la nueva Ley 842, “es la clave de bóveda que permita o impida que Ortega se convierta en tirano vitalicio. El error del dictador es sobredimensionar su poder y subvalorar la fuerza del gran capital y los banqueros”.