La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado 161 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales que tenían distintos proyectos activos en Nicaragua. Los grandes perdedores con esta decisión son las poblaciones de escasos recursos ubicadas en su mayoría en zonas rurales. Pese a que el régimen sandinista alega que estas organizaciones promueven “el golpismo” y la “financiación del terrorismo”, apenas 21 corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que el sandinismo le declaró animadversión desde su retorno al poder. El grueso de proyectos afectados iban para salud, educación y seguridad alimentaria de los más vulnerables. Este es el golpe que sufren los ciudadanos, incluyendo estudiantes universitarios