La dictadura Ortega-Murillo, en coordinación con la Policía, secretarios políticos de las instituciones públicas y funcionarios del Ministerio del Interior, imponen a los trabajadores públicos asistir a campamentos militares con el objetivo de estar “listos para un eventual golpe de Estado”. Los funcionarios son internados en grupos a zonas montañosas, con acceso a poca agua, comida y sometidos a ejercicios pesados para “formar carácter”. “Nunca dormimos, solo ‘descansábamos’. Luchamos con los zancudos, hacíamos nuestras necesidades en el monte y bebimos agua que quién sabe si era potable”, afirmó uno de los trabajadores entrevistados, quien fue sometido a revolcarse en el lodo a pesar de haber advertido que tenía problemas en su piel