Pese a que varios de los presos políticos son personas de la tercera edad, el régimen Ortega-Murillo mantiene un trato hostil y de torturas contra ellos. Si bien la edad no exime de responsabilidades penales, la Constitución y las leyes en Nicaragua establecen estándares o medidas alternas para que los adultos mayores y valetudinarios enfrenten los procesos judiciales.
