Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha transformado de manera drástica la vida política y social del país. Esta medida, aprobada originalmente para enfrentar un grave repunte de homicidios que en menos de 72 horas dejó un saldo de 87 personas asesinadas, ha sido prorrogada 32 veces consecutivas… la última el 6 de noviembre de 2024, con el respaldo de 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

El régimen de excepción permite la suspensión de derechos fundamentales establecidos en la Constitución salvadoreña. Según el artículo 4 y otros relacionados, se eliminan garantías como la libertad de asociación, el derecho a un proceso judicial justo y el respeto a la privacidad de las comunicaciones. Esto significa que cualquier persona puede ser detenida sin explicación, mantenida en prisión más allá del límite de 72 horas sin ser presentada ante un juez, y se les niega acceso a un abogado defensor. Las comunicaciones de las personas detenidas también son interceptadas, imposibilitando el contacto con familiares y amigos.

Hasta el 29 de mayo de 2024, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que más de 80.200 personas habían sido arrestadas bajo este régimen de excepción. Sin embargo, de ese total, 38.000 ya se encontraban en prisión antes de la implementación de la medida, y al menos 10.000 han sido liberadas posteriormente. Esto deja interrogantes sobre la eficacia de los procesos judiciales y la transparencia en las detenciones, especialmente porque muchas de ellas han sido calificadas como arbitrarias por organizaciones internacionales.

A esto se suman datos preocupantes recopilados por organizaciones no gubernamentales. La organización Cristosal, por ejemplo, ha documentado más de 5.000 casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con el régimen de excepción.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos han denunciado patrones de abuso sistemático bajo el régimen de excepción. Estos incluyen golpizas, torturas y detenciones masivas, muchas de ellas de menores de edad sin evidencia de vínculos con pandillas. Las denuncias también señalan un uso político del régimen, persiguiendo a críticos del gobierno y periodistas, en un esfuerzo por silenciar el disenso. En este contexto, el ejercicio del periodismo independiente se ha vuelto una tarea de alto riesgo, con reporteros enfrentando acoso, intimidación e incluso procesos legales.

El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene un control total sobre las instituciones del país, incluida la Asamblea Legislativa y el sistema judicial. Esto ha permitido que las renovaciones del régimen de excepción se aprueben sin mayor debate, minimizando las posibilidades de escrutinio público. Además, las campañas oficiales en redes sociales y medios estatales han promovido la narrativa de que esta medida es la única solución efectiva contra las pandillas, a pesar de las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El impacto del régimen no se limita a las cárceles. La libertad de expresión ha sido severamente restringida. Es fundamental reflexionar sobre el impacto de esta política en El Salvador. Más allá de las estadísticas y las cifras oficiales, se encuentran miles de historias de personas afectadas: familias separadas, vidas interrumpidas y comunidades sumidas en el miedo y la incertidumbre. Este día nos invita a seguir hablando de estas injusticias y a no ignorar las consecuencias de medidas represivas que sacrifican derechos fundamentales en nombre de la seguridad.

Resulta especialmente irónico que, en el Día de los Derechos Humanos, El Salvador alcance 989 días bajo un régimen que prohíbe de facto los derechos fundamentales de su población. Mientras el mundo celebra la dignidad, la justicia y la libertad como pilares universales, miles de salvadoreños enfrentan una realidad marcada por persecución, represión e injusticia.

Aunque el gobierno salvadoreño ha presentado el régimen de excepción como un “éxito” en el combate a la delincuencia, el costo humano y democrático no puede ser subestimado. La situación en El Salvador resalta la necesidad de mantener el foco en las historias de persecución, represión e injusticia. Hablar de estas realidades es el primer paso para exigir transparencia, respeto a los derechos humanos.

Esta conmemoración no debe pasar desapercibida: El Día de los Derechos Humanos nos recuerda la importancia de alzar la voz por quienes han sido silenciados y de no normalizar las violaciones sistemáticas de derechos. Más allá de los discursos oficiales, hablar de lo que sucede en El Salvador es un acto de resistencia contra la indiferencia. Es una oportunidad para reflexionar y exigir que las historias de quienes han sufrido abusos bajo el régimen de excepción sean reconocidas y escuchadas.