Soy de la generación de la posguerra.

Crecí en una Nicaragua que, en 1990, había decidido en las urnas dejar atrás el conflicto armado y construir instituciones bajo la premisa de que la violencia política no volvería a ser el mecanismo para resolver las diferencias.

Mis abuelos y mis padres me contaron algunos horrores de la Guardia Nacional y del Ejército Popular Sandinista, dos instituciones militares que marcaron, en distintos momentos del siglo pasado, la historia represiva y autoritaria de Nicaragua.

Cuando nací, en 1994, el país ya había comenzado a transitar hacia un proceso de paz y las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de profesionalización y subordinación al poder civil.

Un año después, en 1995, se reformó la Constitución de Nicaragua para establecer las bases jurídicas del carácter “nacional, profesional, apartidista, obediente y no deliberante” del nuevo Ejército.

Las medidas adoptadas bajo la la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro eran parte del intento de diseñar un andamiaje institucional con el que el país pretendía cerrar el ciclo de las guerras.

Mis recuerdos de aquel Ejército en democracia son de brigadas de militares colaborando en labores de emergencia después de terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. Un Ejército que por fin parecía encontrar su razón de ser en el servicio al país. 

Ese proceso, sin embargo, comenzó a revertirse con el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007. Durante los años siguientes, el Ejército fue perdiendo progresivamente algunas de las características que la Constitución había establecido para garantizar su carácter profesional y apartidista.

Que todavía conmemoremos cada 2 de septiembre el Día del Ejército —una efeméride que tiene su origen en la creación del Ejército Popular Sandinista tras el triunfo de la Revolución en 1979— es también una señal de que la profesionalización no completó del todo. 

Treinta y seis años después del fin de la guerra civil en 1990, quizá ha llegado el momento de preguntarnos si Nicaragua necesita un Ejército.

Las leyes de la República asignan al Ejército funciones como proteger la soberanía y la integridad territorial, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, vigilar las fronteras y las aguas nacionales, proteger los recursos naturales y apoyar a la población en situaciones de emergencia.

Nadie discute que Nicaragua necesita instituciones que puedan cumplir esas tareas. Pero esa institución no tiene que ser necesariamente el Ejército, al que en los últimos años el régimen ha dotado con jugosos presupuestos, privilegios y equipamiento.

En 2016, la dictadura compró a Rusia 50 tanques T-72 por unos 80 millones de dólares. La adquisición fue presentada entonces como una modernización necesaria de la capacidad de defensa del país, aunque más diez años después no existe una amenaza que justifique semejante inversión.

Esos tanques no combaten la deforestación en el Norte, ni detienen el avance de la frontera agrícola sobre los territorios indígenas del Caribe, ni persiguen las redes del narcotráfico que utilizan las costas y el territorio nicaragüense. Tampoco sirven para labores de rescate tras el paso de un huracán o la sacudida de un terremoto.

Los expertos en defensa calificaron aquella compra como una “adquisición irracional”.

Ese es uno de los absurdos de Nicaragua. La pregunta  no es solo si esos tanques sirven para algo, sino qué tipo de seguridad necesita realmente Nicaragua y en qué debería gastar sus recursos.

A lo largo de la administración de Ortega, las Fuerzas Armadas han sido una de las instituciones a las que más se le ha aumentado su presupuesto.

Este año, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda le incrementó la partida presupuestaria de 115.8 millones de dólares (4,242.4 millones de córdobas) a 145.3 millones de dólares (5,322.7 millones de córdobas), lo que representa un aumento de 29.5 millones de dólares (1,080.3 millones de córdobas) respecto a 2025.

Este crecimiento supone un incremento interanual del 25.46%, el mayor entre las instituciones de seguridad del país, y refleja la prioridad que el régimen de Ortega otorga al fortalecimiento de la los militares dentro del Presupuesto General de la República (PGR).

¿Y para qué sirve ese Ejército?

Tras las guerras en Centroamérica del siglo pasado, hay países que decidieron mantener fuerzas armadas y otros que optaron por modelos diferentes de seguridad.

Ahora los nicaragüenses deberíamos atrevernos a discutir si queremos que el Ejército siga existiendo. El fallecido expresidente Enrique Bolaños lo planteó en septiembre de 1998.

Esta discusión adquiere una dimensión mayor después de las protestas ciudadanas de 2018. El Ejército no fue creado para gobernar ni para sustituir a las instituciones civiles.

Sin embargo, intervino para aplacar a sangre y fuego las manifestaciones cívicas de ese año que clamaban libertad, justicia y democracia.

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas determinó que la institución castrense “participó activamente en la represión” contra las manifestaciones de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”.

Desde el triunfo de la democracia en 1990, la dirigencia política nicaragüense ha justificado la existencia del Ejército, entre otras cosas, en la defensa de la soberanía y del orden constitucional.

Sin embargo, en 2018, cuando el orden constitucional fue destruido y miles de nicaragüenses fueron reprimidos en las calles, el Ejército no estuvo a la altura del mandato que la propia Constitución le asignaba. 

Ortega violó incluso la Constitución al crear grupos paramilitares al margen de la ley.

El comandante en jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, no hizo nada para desarmar a los grupos parapoliciales de Ortega que participaron en la represión de las protestas. Por el contrario, distintas investigaciones y testimonios han señalado la participación de estructuras vinculadas al Ejército en el suministro de armas de guerra a grupos afines al régimen, incluidos fusiles AK-47, M16 y Dragunov.

La institución que debía permanecer apartidista y subordinada, según la Constitución, terminó apoyando a la dictadura y la cúpula militar violó los nueve artículos del Título V de la Carta Magna.

Por tanto, ¿qué sentido tiene mantener una institución armada y gastar millones de dólares en fortalecerla si, cuando Ortega destruyó el orden constitucional, esa institución no pudo —o no quiso— desempeñar ningún papel en su defensa?

En 1995 Nicaragua ya intentó resolver este problema: diseñó un Ejército profesional, apartidista, obediente y subordinado al poder civil, con la esperanza de superar la lógica de los ejércitos partidarios, primero con somoza y luego con los sandinistas. Lo ocurrido en 2018 mostró los límites de ese modelo cuando el poder político, en este caso el Poder Ejecutivo, logra someter a las instituciones. 

Ese fracaso nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿es suficiente con intentar reformar otra vez al Ejército, o es momento de abrir el debate sobre si Nicaragua debe mantener un Ejército permanente?

Es cierto que tenemos fronteras que proteger, costas que vigilar, desastres naturales que atender y amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado, pero ninguna de esas tareas exige necesariamente mantener un Ejército convencional como el actual.

Perfectamente pueden ser desempeñadas por instituciones civiles y cuerpos especializados. 

Abolir el Ejército no significa abolir la seguridad del Estado. Costa Rica, que abolió su Ejército en 1948, y Panamá, que tampoco tiene, son un ejemplo de ello: protegen sus fronteras, combaten el crimen y atienden emergencias sin una estructura militar convencional permanente.

Lo que Nicaragua necesita son policías profesionales, instituciones de emergencia eficaces, protección de sus fronteras, inteligencia contra el crimen organizado y una justicia independiente.

¿Un Ejército? No lo creo.

Pero es que en Nicaragua, el Ejército no es solamente una institución militar. También es un actor económico. La cúpula militar ha invertido millones de dólares en la adquisición de bonos en la Bolsa de Valores de Wall Street en Nueva York.

Y a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), creado para garantizar la seguridad social de los miembros del Ejército y sus familias, las Fuerzas Armadas desarrollaron desde los años noventa un entramado de inversiones y empresas que abarca sectores tan diversos como la construcción, los bienes raíces, el comercio, la banca, los seguros y los servicios médicos.

Ese poderío económico se ha construido sin ningún tipo de control y convierte al Ejército también en un actor con intereses corporativos propios, más allá de su misión de defensa nacional.

Así que vuelvo a la pregunta: ¿necesitamos este Ejército o un Ejército?

Estas fuerzas armadas no han estado al servicio de la población ni de la patria. Han estado al servicio de intereses corporativos y de la dictadura.

Por tanto, mi generación tiene derecho a cuestionar la existencia de ese cuerpo armado. La oposición misma debería plantearla.

No como una provocación, sino más bien como una propuesta política. En una futura Nicaragua democrática debe abrirse un debate serio sobre la desmilitarización del Estado, la reducción progresiva del gasto destinado a estructuras militares y, finalmente, la posibilidad de abolir el Ejército como institución.

Después de todo, si una generación nació de la guerra, quizá la siguiente pueda ser la primera en decidir que no necesita financiar a un Ejército para volver a ella. Y en esa me ubico yo.

Mi país no necesita más tanque. Necesita invertir en la educación de las nuevas generaciones que ojalá nunca tengan que prepararse para una guerra.