Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre la Agenda 2030 y el nombramiento del nuevo representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas son reveladoras de transformaciones profundas en la forma en que el nuevo gobierno concibe la política social, el desarrollo y la ciudadanía.

Primero que nada, hablamos de un acuerdo internacional en torno a 17 objetivos y 169 metas tan diversas como la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la transición energética, el trabajo decente, la educación de calidad y la protección ambiental.

Como nos lo recuerda Delfino.cr, algo muy llamativo es que la propia Fernández defendió la Agenda 2030 cuando era ministra de Planificación. En 2023 llamó a redoblar esfuerzos para cumplir con sus objetivos como una gran oportunidad para transformar la vida de muchísimas personas. En 2024, cuando aún era Ministra de Planificación, Fernández rechazó los cuestionamientos de sectores conservadores contra la Agenda 2030 y afirmó que las críticas se basaban en desinformación, especialmente sobre la relación entre esos objetivos y el aborto. En 2025, en cambio, presenta esa misma agenda como una amenaza que se estaría “colando por la puerta de la cocina” – ¿o de su cocina? – en Costa Rica.

¿Qué revela este cambio sobre las nuevas disputas en torno a la política social en Costa Rica?

La batalla ya no es sobre cuánto Estado, sino sobre para quién

Durante décadas, los debates sobre política social en América Latina giraron principalmente alrededor de la expansión o retracción del Estado. Sin embargo, hoy las disputas se organizan cada vez más alrededor de qué personas son consideradas sujetas legítimas de protección pública y cuáles desigualdades merecen atención política y cuáles no.

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reflejó un acuerdo internacional extraordinariamente amplio. No se pensó como una plataforma partidaria ni con una bandera ideológica específica. Fue precisamente por eso que fue apoyada por 193 gobiernos de derecha, centro, izquierda, monarquías, democracias liberales y regímenes autoritarios con economías muy distintas.

Sin embargo, en los últimos años la derecha radical global se opone a los acuerdos internacionales y en particular a la supuesta “amenaza cultural” reflejada en respetar los derechos humanos de todas las personas. Lo que observamos ahora es Costa Rica sumándose a esa ola.

La construcción de un enemigo

Una característica recurrente de estos discursos consiste en presentar la igualdad como una tarea ya completada y, por lo tanto, convertir las políticas orientadas a profundizar en intervenciones innecesarias o “ideológicas”.

Según este argumento, Costa Rica ya garantizaría plenamente la igualdad de trato independientemente de la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Por esa razón, el dedicar esfuerzos diplomáticos a esos temas sería una distracción frente a asuntos considerados más urgentes, como la seguridad, la competitividad o la generación de negocios.

El problema es que en las sociedades actuales los derechos no son conquistados de manera irreversible y para siempre, sino que hay avances, retrocesos, desafíos. Todo paso hacia la igualdad requiere por eso vigilancia institucional, producción de información, mecanismos de protección y participación en marcos internacionales que permitan monitorear compromisos adquiridos por los Estados.

Cuando un gobierno afirma que determinados grupos ya no requieren atención pública específica los está colocando peligrosamente del lado de afuera de la frontera de la ciudadanía social.

Un nuevo marco para la política social

Desde la perspectiva de la política social, quizás el aspecto más relevante de estas declaraciones sea el desplazamiento del lenguaje de derechos por el lenguaje de seguridad y competitividad. La presidenta ha señalado que desea orientar la presencia costarricense en Naciones Unidas hacia temas sin duda muy relevantes, como narcotráfico, energía, turismo y negocios. 

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos objetivos dejan de coexistir con metas relacionadas con inclusión social, igualdad y derechos humanos, y en vez de coexistir los sustituyen?

La experiencia internacional muestra que el ascenso de la derecha populista radical no siempre implica el desmantelamiento inmediato de la política social. Lo que ocurre es más bien una reorientación de sus prioridades. Algunas políticas se fortalecen, otras se debilitan, y los criterios de quienes son personas “merecedoras” cambian. El resultado es una política social más selectiva en términos simbólicos y políticos, con independientemente de si además se reduce el presupuesto público dedicado a lo social

Costa Rica en una tendencia global

Lo que vemos en Costa Rica forma parte de una tendencia más amplia que ocurre en Europa, Estados Unidos y América Latina. También allí hay gobiernos que buscan combinar nacionalismo, conservadurismo cultural y crítica a los organismos internacionales. Es la llamada “reacción cultural”.

En este marco, Naciones Unidas, la Agenda 2030 y las políticas de género funcionan como marcadores políticos que permiten diferenciar a los gobiernos de sus antecesores y movilizar bases electorales específicas. 

Lo que está en juego no es entonces solo un nombramiento diplomático. Lo que ocurre es una redefinición del papel que Costa Rica desea desempeñar en los debates internacionales sobre desarrollo y una señal sobre cuáles dimensiones de la desigualdad merecen atención pública y cuáles pasan a considerarse asuntos secundarios o resueltos.

Irónicamente esta agenda deja de seguir unos lineamientos internacionales debatidos y compartidos para seguir otros, impuestos por unos pocos partidos políticos alrededor del mundo. La agenda no es la que le interesa al país sino la que le interesa al gobierno para seguir los vientos de la moda conservadora global.

La presidenta dice que deja los objetivos sociales “ya cumplidos” para abordar otros de carácter económico y de seguridad. Paradójicamente, la Agenda 2030 nació precisamente para integrar objetivos económicos, sociales y ambientales bajo una misma visión de desarrollo: “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas… son integradas e indivisibles y equilibran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental.” El renunciar a esa mirada integral puede resultar políticamente rentable en el muy corto plazo pero claramente empobrece la mirada sobre los desafíos que enfrenta el país. 

Si Costa Rica tiene uno de los niveles de desigualdad más altos de la región, ¿no deberíamos preguntarnos cuánto contribuye esa realidad a alimentar el narcotráfico? Si la pobreza y la informalidad laboral limitan las oportunidades de millones de personas, ¿no terminan también ampliando el reclutamiento para actividades ilícitas? Y si esto es así, ¿cómo sostener que los desafíos sociales son ajenos a la competitividad? Abordarlos no es un lujo ni una distracción: es una condición para construir un país más seguro, más productivo y próspero. 

La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la inseguridad y la competitividad no son problemas separados. Son dimensiones distintas de una misma conversación sobre el tipo de sociedad que se construye hoy y no solo sobre la que se dice querer construir mañana.