Hay robos que, por su magnitud, dejan de ser delitos comunes para convertirse en capítulos de la historia de un continente. El caso de Albanisa —Alba de Nicaragua, S.A.— pertenece a esa categoría siniestra. No se trata de un episodio menor de malversación, de esos que alimentan las crónicas judiciales de cualquier país pobre del sur global. Se trata de uno de los esquemas de lavado de dinero más grandes y más descarados en la historia de América Latina, ejecutado con la complicidad activa de una dictadura familiar que convirtió a un país entero en una lavandería al servicio del chavismo. Y lo que hoy presenciamos —arrestos quirúrgicos, purgas internas, silencios calculados— no es justicia: es cirugía cosmética sobre una herida gangrenosa.

I. El origen: petróleo, créditos blandos y una empresa de fachada

Toda persona nicaragüense sensata lo sabe, aunque muchos hayan preferido durante años la comodidad del silencio: la mal llamada “cooperación venezolana” jamás fue cooperación. Fue, desde su concepción, un inmenso mecanismo de extracción, lavado y redistribución ilícita de fondos públicos, fraguado en la intersección de dos autocracias hermanas: la chavista y la orteguista.

El instrumento central de ese mecanismo lleva un nombre que la historia registrará con la infamia que merece: Albanisa. Constituida en julio de 2007 como empresa mixta —51% PDVSA, 49% Petronic—, su propósito declarado era administrar los fondos derivados del acuerdo energético Petrocaribe/ALBA, coincidiendo, no por casualidad, con el retorno de Daniel Ortega al poder. El modelo era, en apariencia, generoso: Nicaragua compraba petróleo venezolano mediante créditos concesionales a veinticinco años de plazo, con dos años de gracia y una tasa de interés del dos por ciento anual. Albanisa vendía luego ese petróleo a terceros a precio de mercado. La diferencia —esa brecha dorada entre el crédito blando y el mercado real— constituía el botín inicial. Para mayor opacidad, el acuerdo establecía que la deuda no sería asumida por el Estado nicaragüense sino “cancelada” por el sector privado a través de inversiones en “proyectos socioproductivos”, un eufemismo que en la práctica significaba: nadie rinde cuentas a nadie.

Así nació lo que en 2009 denominé “la nueva oligarquía orteguista”. No se trataba ya de la vieja y caótica “piñata” sandinista de inicios de los noventa, aquel reparto desordenado de bienes del Estado entre cuadros del sandinismo. Aquello, con todo lo grave que fue, estaba repartido entre múltiples actores del aparato del FSLN, donde figuras como Bayardo Arce ejercían un protagonismo compartido. Albanisa era otra cosa: un holding diseñado, desde su arquitectura jurídica hasta su gobernanza interna, para ser el patrimonio exclusivo de una sola familia. La familia Ortega-Murillo.

II. La metástasis: de petrolera a conglomerado omnívoro

Lo que ocurrió a continuación fue una expansión empresarial de velocidad y voracidad asombrosas, solo comprensible cuando se entiende que detrás de cada adquisición no había un cálculo de mercado sino un impulso de acumulación sin contrapeso institucional alguno. La Asamblea Nacional, sometida a Ortega, clasificó a Albanisa como “empresa privada”, otorgándole así una inmunidad de escrutinio que ningún ente público hubiera podido ostentar. Fue un golpe maestro de ingeniería legal al servicio de la codicia.

En apenas dos años, Albanisa —a través de una red intrincada de testaferros y sociedades instrumentales— tomó el control de la distribución de energía eléctrica mediante acuerdos opacos con el Instituto Nicaragüense de Energía y con Unión Fenosa. Adquirió la mayor parte del negocio de generación eléctrica a través de empresas como Alba Generación. Y desde ahí, la metástasis no conoció fronteras sectoriales: medios de comunicación (TN8, Canal 2), turismo (Hotel Seminole y vastas extensiones en zonas costeras), banca y microfinanzas (Bancorp, creado en 2015 y posteriormente obligado a cerrar por sanciones estadounidenses, y AlbaCaruna). Albanisa dejó de ser una empresa. Se convirtió en un Estado dentro del Estado, un pulpo económico cuyas tentáculos se multiplicaban al ritmo de los petrodólares.

Desde Albanisa y sus ramificaciones, los Ortega-Murillo compraron voluntades, algo que el poder político por sí solo no puede comprar a perpetuidad. Voluntades de militares, de empresarios, de políticos, de jueces. Dispusieron de una liquidez de una dimensión que ninguna persona ni familia ha tenido jamás en la historia de Nicaragua. Para un país de economía modesta, la inyección de miles de millones de dólares creó un efecto gravitacional irresistible. Quienes orbitaban cerca del poder se beneficiaban, y quienes se alejaban eran aplastados. La corrupción no fue un efecto colateral del modelo Albanisa. Fue su razón de ser.

III. Los operadores: soldados del saqueo

Toda empresa criminal necesita gerentes. Y Albanisa los tuvo. A la cabeza, el hasta hace poco todopoderoso Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, cuyo nombre aparece —omnipresente, inevitable, casi mitológico en su ubicuidad— en cada uno de los hilos del entramado: la venta de petróleo, la comercialización de oro, la incursión en generación y distribución de energía, las telecomunicaciones, la construcción, los bienes raíces, el negocio financiero. Junto a él, un elenco de operadores que incluye a Rafael Ortega, Laureano Ortega, Bayardo Arce, Fidel Moreno, el ya fallecido Paul Oquist, el general en retiro Ramón Calderón Vindell y Tirzo Celedón Lacayo, entre otros.

Sin embargo, conviene no perder de vista una distinción fundamental. Albanisa no estaba controlada por el aparato histórico del FSLN. Estaba controlada por el círculo íntimo, personalísimo, de los Ortega-Murillo. Es la diferencia entre un partido que roba y una familia que convierte al partido, y al Estado, en instrumentos de su enriquecimiento privado. Los operadores —López, Arce, Calderón Vindell— no fueron reclutados por su talento como emprendedores, gestores de capital o visionarios empresariales. Fueron reclutados por su lealtad, su disposición al secreto y su capacidad para ejecutar órdenes. Que algunos de ellos hayan terminado, como suele decirse en Nicaragua, “yéndosele arriba” a sus amos, no debería sorprender a nadie; es la dinámica inevitable de toda organización criminal. Quien es reclutado por un gánster, tarde o temprano, le roba al gánster.

IV. Las cifras del abismo

Entre 2007 y 2012, los fondos de origen venezolano fueron reportados al Banco Central de Nicaragua y al Fondo Monetario Internacional bajo una categoría que, por inédita, debió haber encendido todas las alarmas: “donaciones al sector privado”. Los reportes de ese periodo suman aproximadamente cinco mil millones de dólares, una cantidad impresionante para una economía del tamaño de la nicaragüense. Pero es muy razonable suponer —y múltiples investigaciones así lo sugieren— que esa cifra era apenas una fracción de los flujos reales de capital extraídos desde Venezuela.

Para muestra, un solo botón basta. En 2011, el medio Confidencial publicó “Las Cuentas Secretas de Albanisa”, una investigación exhaustiva nacida de la filtración de archivos contables y financieros. A ese reportaje siguieron decenas de investigaciones de Confidencial, La Prensa y otros medios que fueron revelando, capa por capa, el verdadero propósito de Albanisa. Para finales de 2017, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) —centro de investigación que tuve el honor de dirigir y que la dictadura posteriormente destruyó— estimaba que los recursos petroleros canalizados desde Venezuela a las cuentas de Albanisa superaban los doce mil millones de dólares.

Para poner esas cifras en perspectiva, conviene mirar el cuadro completo. Diversas investigaciones estiman que el monto total de la corrupción durante la dictadura Chávez-Maduro equivale a aproximadamente siete veces el Producto Interno Bruto de Venezuela, solo en obras públicas pagadas y jamás ejecutadas. Ello situaría los fondos desviados a cuentas extranjeras en un rango histórico mínimo de trescientos mil millones de dólares, con estimaciones que alcanzan los quinientos mil millones. La cuantía del dinero que fluyó desde Venezuela por las arterias de Albanisa hace parecer raterías de poca monta los escándalos de corrupción que Nicaragua conoció antes de Ortega. Estimar el verdadero tamaño del saqueo no es fácil, pero como dice el refrán, por el alba se saca el día —y nunca un dicho popular fue tan literalmente aplicable.

V. Nicaragua: la lavandería perfecta

Aquí reside una de las paradojas más reveladoras de este esquema. A diferencia de Rusia, Irán o China, cuyos sistemas bancarios operan con grados significativos de desconexión respecto del sistema financiero occidental, Nicaragua ha mantenido —hasta el día de hoy— un sistema bancario profundamente interconectado con el mundo, y muy especialmente con Estados Unidos, país con el cual sostiene un tratado de libre comercio. La banca nicaragüense opera dentro del sistema SWIFT; sus transacciones, en teoría, son rastreables.

A primera vista, intentar lavar miles de millones de dólares a través de un sistema financiero así interconectado parecería una torpeza mayúscula. Pero eso es, precisamente, lo que revela la magnitud de la impunidad que sentía Ortega. No era torpeza: era arrogancia. La arrogancia de quien controla absolutamente todos los poderes del Estado, incluidos todos los órganos de control financiero —la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero y cuanto mecanismo regulatorio existiera—. Ortega no era para el chavismo un aliado más. Era uno de los pocos aliados capaces de ofrecer un control total sobre el aparato estatal, combinado con una puerta abierta al sistema financiero occidental. Esa combinación lo convirtió en pieza fundamental del engranaje global de lavado de dinero venezolano.

Y durante años, la apuesta funcionó. A pesar de las exhaustivas investigaciones de medios como Confidencial y La Prensa, a pesar de las denuncias documentadas del IEEPP y de otros centros de pensamiento, Albanisa operó con un sentido de impunidad que la volvió cada vez más agresiva en sus planes de expansión. Y lo hizo ante el silencio cómplice de varios grupos económicos que, lejos de alzar la voz, se beneficiaban generosamente de la liquidez que generaban miles de millones de dólares inyectados en sectores como energía, bienes raíces, exportación de alimentos a Venezuela, minería y banca. La complicidad, en Nicaragua, no fue solo del régimen. Fue de un ecosistema entero que prefirió prosperar en la sombra del saqueo.

VI. El cambio de marea: cuando se secó el petróleo

Mientras el precio del petróleo se mantuvo en niveles récord, los Ortega-Murillo mostraron poco interés en la productividad real de las múltiples inversiones de Albanisa. ¿Para qué preocuparse por la eficiencia cuando el dinero fluye a raudales? Pero a partir de 2013, el escenario cambió radicalmente. Los precios del crudo cayeron de manera significativa, y Venezuela se sumergió en una crisis política, social y económica de profundidad abismal. Para 2016, la supuesta “ayuda” venezolana había prácticamente desaparecido.

Pero los efectos no se limitaron a la reducción de flujos. El chavismo, que durante la era de bonanza había financiado la expansión de su llamada “revolución bolivariana” con la generosidad del que derrocha lo ajeno, pasó de la abundancia a la iliquidez extrema. Y en esa nueva fase, los operadores del régimen venezolano —en nombre de PDVSA— comenzaron a exigir rendimientos y cumplimientos de pago sobre los miles de millones de dólares supuestamente invertidos a través de Albanisa. El extremo secretismo con que siempre operó el conglomerado hace imposible confirmar con certeza la veracidad de ciertos rumores, pero diversas fuentes con conocimiento directo de la situación —que han hablado bajo condición de protección— me informaron durante mis años al frente del IEEPP que Venezuela solicitó, entre 2015 y 2019, renegociar las condiciones de la deuda. Ello habría llevado a Albanisa a una profunda reorganización de su cartera, en lo que constituye, sin duda, una de las operaciones económicas más grandes y más opacas en la historia de Nicaragua. En más de una ocasión, las contrapartes de esa operación fueron Francisco López y el general en retiro Ramón Calderón Vindell, acompañados —según esas mismas fuentes— de operadores económicos de enorme peso en la región centroamericana.

VII. El derrumbe del patrón: Maduro cae y el dominó empieza

Ni la dictadura de los Ortega-Murillo ni Nicolás Maduro anticiparon lo que el mundo presenció el 3 de enero de 2026: la extracción de Maduro desde Venezuela y su traslado a una prisión estadounidense para enfrentar un juicio por narcotráfico. Menos aún imaginaron que la número dos del chavismo quedaría al frente de un periodo de tutelaje en el que la administración del presidente Donald Trump ejerce un control directo sobre Venezuela.

En ese proceso de tutelaje, el régimen chavista no solo se desmonta a sí mismo sino que está obligado a entregar a Estados Unidos información detallada sobre los cientos de miles de millones de dólares que durante décadas se pretendieron lavar alrededor del mundo. Y Albanisa —con sus testaferros, sus sociedades instrumentales, sus cuentas opacas y sus operaciones transfronterizas— es parte indisoluble de ese esquema. La conclusión es obvia e ineludible. La dictadura sandinista de los Ortega-Murillo está en serios aprietos por haber sido, hasta hace muy poco, una pieza fundamental del engranaje de lavado de dinero robado al pueblo de Venezuela.

VIII. Los arrestos profilácticos: el arte de sacrificar peones

Y aquí llegamos al capítulo más reciente de esta historia. El arresto de Francisco López, de Bayardo Arce y de Ramón Calderón Vindell no debe leerse como un acto de justicia. Es, con altísima probabilidad, una medida profiláctica. Una movida calculada, siniestra en su astucia.

La lógica es transparente para quien quiera verla. Cuando se destape la magnitud completa de lo que bien podría ser uno de los actos de corrupción más colosales en la historia de América Latina, los Ortega-Murillo necesitarán en quién descargar la responsabilidad del capítulo nicaragüense. Y ahí están, convenientemente tras las rejas, los hombres que manejaron las cuentas, firmaron los contratos y ejecutaron las transacciones. El alcance de la corrupción de estos personajes es inmenso, no cabe duda. Y no sería extraño que, en efecto, se le hayan “ido arriba” a los Ortega, como decimos los nicaragüenses. Pero es esencial no perder la perspectiva: ninguno de ellos fue arquitecto del esquema. Fueron instrumentos. Gerentes de una empresa criminal cuyo directorio tiene nombres y apellidos que todos conocemos.

Sería, por tanto, un error de la trama —y un insulto a la inteligencia— creer que estos arrestos representan una arremetida genuina contra la corrupción. Pero existe un error aún más ingenuo, y es creer a estos hombres inocentes o, peor todavía, víctimas de la dictadura por haberse atrevido supuestamente a desafiarla. El viejo adagio dice que “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. Pero en este caso no hay perdón posible, porque el dinero robado no pertenecía a ladrones sino al pueblo de Venezuela y, por extensión, al pueblo de Nicaragua, a quien se le secuestró la posibilidad de un desarrollo genuino durante una generación entera.

IX. Lo que viene: la historia no ha terminado

Lo que hoy presenciamos es apenas el primer acto de un drama que está lejos de concluir. Los arrestos profilácticos son una jugada de supervivencia, no un desenlace. La pregunta que queda flotando, como una espada sobre la cabeza de la dictadura, es si esa estrategia de sacrificar peones bastará para proteger a los reyes.

La información que Estados Unidos está recibiendo del proceso de desmantelamiento del chavismo incluye, inevitablemente, los flujos financieros que conectaron a Caracas con Managua. Cada transacción de Albanisa, cada sociedad pantalla, cada cuenta en paraísos fiscales, cada operación opaca deja un rastro. Y en la era del compliance global y la cooperación judicial internacional, esos rastros no se borran con arrestos domésticos ni con puestas en escena.

Daniel Ortega y Rosario Murillo construyeron, con Albanisa, algo más que un conglomerado corrupto. Construyeron un monumento a la impunidad, erigido sobre la miseria de dos pueblos —el venezolano y el nicaragüense— y sostenido por la arrogancia de quienes se creyeron intocables. Pero la historia tiene una forma particular de cobrar sus cuentas. Y esa cuenta, por más peones que se sacrifiquen, tiene nombres y apellidos que ninguna maniobra profiláctica podrá borrar.

Será, entonces, el tiempo quien diga si la dictadura logrará evadir su responsabilidad directa en uno de los esquemas de corrupción más grandes de América Latina. Esperemos —por Nicaragua, por Venezuela, por la decencia mínima que merecen nuestros pueblos— que no.