La abogada uruguaya Ariela Peralta presentó en Ciudad de Panamá un informe que pone cifras y testimonios a una práctica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo niega mientras la ejecuta: la represión con dimensión de género. La integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expuso el documento en un evento paralelo a la 56 Asamblea General de la OEA, realizado por Raza e Igualdad, el mismo foro donde Nicaragua, pese a haberse retirado de la organización, sigue defendiendo ante otros países una supuesta paridad política que el informe desmonta como fachada.
En esta entrevista con DIVERGENTES, Peralta detalla los hallazgos más relevantes: desnudez forzada, violación individual y colectiva, y estigma sexualizado contra las presas políticas. Explica también el papel de Rosario Murillo en una política comunicacional que convierte a las mujeres disidentes en “traidoras a la patria” y cómo esa violencia no se detiene en la víctima directa, sino que se extiende a las familias, a través de la desnacionalización, el exilio forzado y la ruptura de los vínculos con quienes quedan dentro de Nicaragua.
Aquí, en Ciudad de Panamá, en la Asamblea General de la OEA, ustedes presentaron un informe sobre la represión por razones de género en Nicaragua. Ahí rescatan un insulto que Rosario Murillo repite contra el feminismo: “feminismo chatarra”. ¿Eso es solo retórica política, o ya es una política de Estado represiva?
Sí, como bien mencionás, presentamos el documento con una mirada con dimensión de género sobre las violaciones en Nicaragua. Nuestro mandato es documentar y exigir rendición de cuentas de las violaciones desde abril del 2018, un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Y respecto a tu pregunta: no es un hecho aislado, ni es un hecho retórico. Lo que nosotros comprobamos, a través de la serie de documentos que hemos presentado al Consejo de Derechos Humanos y, desde octubre del año pasado, a la Asamblea General de la OEA, es que existe una política de persecución por motivos políticos contra cualquier persona opositora —o percibida como tal— que tiene también una dimensión de género. En este caso, lo que documentamos en este informe es que hay una política comunicacional que lleva adelante en buena parte la copresidenta.
El Gobierno propicia una imagen de la mujer ideal que, como lo dice el propio gobierno, es la mujer “solidaria, cristiana, socialista”, pero que en realidad responde a los estereotipos de género más tradicionales y estructurales: la mujer obediente en la casa, no enemiga de los hombres. Con esto quiero decir que el Gobierno presenta a las mujeres que reivindican los derechos de género, los derechos humanos en general, los derechos de salud reproductiva o una agenda feminista, como mujeres que están contra los hombres, que no respetan la familia, que no construyen una sociedad pacífica.
¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en estigmatizar a esas mujeres: las mujeres que desafían ese rol tradicional, las mujeres que han ocupado un espacio político destinado mucho más a los hombres, las que han tenido liderazgo en distintas comunidades y distintas áreas. Esas mujeres son presentadas como enemigas, como traidoras.
Usted viene del Cono Sur, conoce mucho las dictaduras de aquel lado. ¿Hay algún parangón? Porque en este caso es una mujer ejerciendo violencia de género contra otras mujeres. ¿Se puede encontrar algo similar en la historia, no necesariamente latinoamericana, sino de otras dictaduras?
Yo creo que en este caso, sí, aunque vengo del Cono Sur y viví la Operación Cóndor y dictaduras sumamente represivas. Primero creo que vivimos un momento en que los movimientos feministas, los movimientos de género, la reivindicación de la autonomía de la mujer, de la participación política de la mujer, de la autonomía sobre su cuerpo, han contribuido mucho a que este tema esté en la agenda pública.
Y yo creo que esto no es Rosario contra las mujeres, sino una política de Estado: cualquier cosa que se presente como un posible enemigo del modelo gubernamental represivo, autoritario, centrado en roles estereotipados donde el hombre manda —o, en este caso, los copresidentes, en un orden vertical—, cualquier disidencia, cualquier desafío a la política de Estado del Gobierno represivo de Ortega y Murillo, es una amenaza. Y en este caso las mujeres representan eso. Es fácil para el Gobierno usar esta política comunicacional de “no son buenas mujeres, son traidoras a la patria, en vez de construir paz, alegría, amor en el hogar, ¿qué es lo que están haciendo?”.
Entonces las estigmatizan, las culpabilizan. Yo me centraría en que las mujeres, por su liderazgo, por las tareas que cumplen, por su género, por sus reivindicaciones, cuestionan la política del gobierno.
Claro, pero una política de gobierno que, como bien sabemos —o se ha demostrado—, la deciden dos, y últimamente mayormente ella. Y en las cárceles veíamos que a las presas políticas les decían “malas madres”, insultos. ¿Usted cree que esto lo hace el carcelero, o es porque hay una orden desde arriba?
Bueno, yo creo que sí, que hay una orden desde arriba. Es un Gobierno sumamente centralizado, jerarquizado, vertical, donde incluso hemos visto purgas dentro de los propios funcionarios públicos y del FSLN, sobre todo en lo que nosotros llamamos la “cuarta fase”, del 2023 hasta ahora, donde la represión también se ha centrado en purgas dentro de las filas gubernamentales y dentro de las filas del FSLN.
Nosotros creemos y documentamos que es una política de Estado. Y es una política de Estado que, además, como tú decías sobre el carcelero: lo que pasa es que esa política comunicacional, más el miedo, más los estereotipos, a veces también son reproducidos en la sociedad por la voz autoritaria de los gobernantes, o porque produce miedo cambiar otros roles.
Entonces eso le ha surtido cierto efecto a una sociedad con tanta represión, donde cualquier disidencia ha sido neutralizada totalmente, el espacio cívico está totalmente cerrado, y las personas han sido desnacionalizadas, exiliadas, encarceladas, desaparecidas forzosamente —se ha usado todos los métodos—. También la voz de los indígenas ha salido fuerte, pero la disidencia interna puede costarle mucho a las personas disidentes.
Aunque ustedes son un grupo independiente que representa a Naciones Unidas, y el régimen copresidencial se ha salido de todas estas instancias como la ONU, al mismo tiempo se congratula ante esas mismas instancias diciendo que en Nicaragua hay paridad política representativa de las mujeres. ¿Qué encontraron ustedes en su informe al respecto?
Nosotros, en el informe, hablamos de la cantidad de entrevistas directas que hemos tenido con las víctimas, con personas que ocuparon distintos lugares, es decir, con personas que vivieron los hechos y las consecuencias de las violaciones, y contrastamos eso con muchísima información estatal y no estatal. Desafortunadamente, como tú sabes, el Grupo nunca ha podido entrar al territorio nicaragüense, ni ha tenido ninguna respuesta del Gobierno.
Todos los documentos siempre los enviamos al Gobierno; tratamos de que ellos sepan primero, de que nos comuniquemos. Sería muy bueno para el Grupo y muy bueno para los y las nicaragüenses que pudiéramos hacer investigaciones in situ y también, por supuesto, contar con información gubernamental.
Ahora, sobre esa política, una de las “estrellas” que el Gobierno de Ortega y Murillo ha presentado en el espacio multilateral ha sido esta cosa de la paridad, de las mujeres en roles de decisión política. Lo que nosotros contrastamos, con todas estas investigaciones que hacemos, es que las mujeres que ocupan esos roles en un gobierno tan agresivo, tan centralizado, tan vertical, están moviéndose bajo una orden directa de arriba. Y cuando esas personas pueden llegar a ser disidentes, opositoras, o se les pierde la confianza, esas mujeres ya no están en el poder y no toman decisiones reales.
Son una fachada…
Sí, sí. Y además es una sociedad con mucho miedo, porque la represión está en carne viva.
Ahora, el informe señala que el género no fue el motivo principal de la persecución, sino el político, pero sí determinó a quién perseguían, cómo lo hacían y cuánto daño causaban. ¿Nos puede explicar esa distinción? Me parece bastante llamativa.
Nosotros usamos nuestro estándar de prueba, que son “motivos razonables para creer”. Hablando en un lenguaje que no sea jurídico: en la cadena de hechos que uno contrasta, prueba, verifica y documenta, cualquier observador externo razonable diría “sí, estos hechos sucedieron”. Llegamos a un motivo razonable para creer que esos hechos sucedieron tal cual se describen.
Nosotros decimos que el delito de lesa humanidad de persecución por discriminación política, bajo el derecho internacional consuetudinario, se constituye primordialmente por la discriminación política, porque cualquier persona opositora —o percibida como tal, por su familia, por sus amigos, por quién está en su entorno— es un opositor para el Gobierno. Y eso ha tenido distintas fases, hasta la aniquilación total de cualquier oposición política.
El género cruza esa dimensión también, porque se entrelaza, y hay una elección de ciertas víctimas. Como hablábamos al principio: ¿qué es lo que representan esas mujeres? ¿Qué es lo que su liderazgo ha puesto en juego?
También está el rol de otras mujeres que pueden no ser líderes de comunidades políticas o indígenas o afrodescendientes, pero que hacen las tareas de ir a investigar quién está preso, dónde está, presentar las demandas, ir a la cárcel. Las mujeres somos muy sostenedoras, cuidadoras; somos las que sostenemos emocionalmente toda esa represión.
Entonces es también una manera en que el género se entrelaza, se intersecciona con esta persecución política, y se elige a ciertas víctimas por ser mujeres, por lo que hacen en su condición de mujer. Los métodos que se utilizan son métodos dirigidos a violencia basada en género, y las repercusiones de eso tienen una dimensión específica por la condición de género. Hablamos también del cruce con otras discriminaciones, como la etnia, la edad, la condición social, el hablar otro idioma que no sea el español. Esta interseccionalidad de varias discriminaciones que se entrecruzan no la inventó el Grupo: existe y está comprobada por todos los organismos técnicos como una forma de entender y analizar las violaciones y la realidad.
Ahora, esta represión no se limita a las presas políticas o a las víctimas directas, sino que llega a la familia. Es decir, destruye a la familia en el sentido de que la abuela que se queda cuidando a los hijos de la mamá, de pronto también esa abuela es criminalizada. ¿Hasta dónde llega esa perversidad, más allá de la víctima directa?
Nosotros hemos documentado en informes anteriores esto que usted está señalando: es la violación por asociación. Hay una desunificación de la familia, porque, como tú bien decías, puede ser que una mujer tenga que salir al exilio, o que esté fuera y quiera entrar a Nicaragua y no pueda, que no se le renueve el pasaporte, sus documentos, la afiliación de sus hijos. Entonces esta violación se extiende a otros miembros de la familia, a otras personas allegadas.
Y las mujeres, en las sociedades en general —y eso también lo constatan los organismos que monitorean políticas estatales— somos las que cargamos con el cuidado de la familia, en general, de las familias extendidas. Entonces esta represión afecta también a las personas de la tercera edad, que muchas veces las mujeres mantienen y cuidan, a los niños y niñas, a una familia más extendida. Y en el caso de Nicaragua, con la gran cantidad de personas exiliadas, ese exilio que está fuera con familias que están adentro, y ese miedo, es también una forma de neutralizar la información, la persistencia, la documentación, porque hay un riesgo para las personas que están en el suelo nicaragüense, y no hablemos ya de las que están afuera.
Ahora, ¿por qué el Grupo decide hacer un informe tan específico sobre esto? Obviamente la dictadura siempre se ensaña con todo el mundo, ¿pero hay una particularidad por el hecho de ser mujer?
Nosotros hemos hecho informes específicos. En este caso, primero, el Grupo tiene un mandato de observar la dimensión de género, porque las afectaciones a las violaciones contra las mujeres y contra la comunidad diversa LGBTIQ+ —que también está representada en este documento— tienen especificidades propias por el hecho de ser mujer o de pertenecer a la diversidad.
Eso está en el mandato, pero también sabemos de la existencia de esas víctimas; hemos hablado con ellas. Entonces es una obligación del Grupo documentar esto y ponerlo a la luz. Y también porque la experiencia —escuchando las voces de las víctimas y la experiencia de otros grupos— nos ha dicho que las violaciones hacia las mujeres quedan muy retrasadas en su denuncia.
En este sentido, ¿qué encontró el informe sobre abuso sexual? Porque uno ve que en la dictadura, las agresiones a las mujeres bajo custodia, por alguna razón, históricamente implican abuso sexual.
En Nicaragua sí. Ahí encontramos, sobre todo en las personas privadas de libertad, formas de desnudez individual y colectiva, violación individual y colectiva, estigmatización y acoso con un vocabulario sexualizado y estigmatizante hacia las mujeres privadas de libertad.Es también una política estatal: no solo estigmatizarlas, criminalizarlas, sino hacer que se sientan culpables, con un lenguaje denigrante, con violencia basada en género.
El Grupo concluye que varias de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad con dimensión de género. ¿Eso abre alguna vía concreta de justicia internacional, o sigue siendo una conclusión moral sin un mecanismo de aplicación?
Nosotros tenemos un mandato de documentación y rendición de cuentas, para resumirlo. Lo ideal sería que estas violaciones que documentamos algún día lleguen a la justicia. En términos personales, pienso que lo mejor es la justicia en la jurisdicción nacional donde ocurrieron las violaciones.
Si eso no sucede en Nicaragua en el corto plazo, hay otros mecanismos: casos que llegan por jurisdicción universal, o que un país pueda activar el enjuiciamiento ante violencia generalizada y sistemática. También hemos planteado en nuestras conclusiones y recomendaciones la posibilidad de usar otras jurisdicciones, como la Corte Internacional de Justicia. El caso de la Corte Penal Internacional es más complicado porque Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, pero también hay algún antecedente. Y bueno: sí hay mecanismos de justicia, y estas no son documentaciones morales, son documentaciones que constatan, con nuestro estándar de prueba, que estos hechos ocurrieron.
Nosotros no tenemos jurisdicción de investigación, no tenemos un mandato de investigación, no somos jueces, pero sí hay espacios que, con toda la dificultad, los y las nicaragüenses están utilizando. Ojalá lleguemos a formas de justicia, verdad, reparación, rendición de cuentas y garantías de no repetición.
El informe menciona a la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, que fue desnacionalizada, tiene 87 años y está en su casa en una especie de casa por cárcel. ¿Qué dice eso sobre la lógica de un régimen que desnacionaliza a esta señora, que ya no puede representar ninguna amenaza real?
Nicaragua ha usado la desnacionalización como un método represivo. 452 personas desnacionalizadas, porque hubo una sentencia, obviamente sin cumplir ninguna de las garantías. Esa desnacionalización afectó a todas las edades, hombres y mujeres; desunificó familias y además significa una muerte civil y, como nosotros decimos, una muerte económica, porque todas esas personas… Vilma Núñez representa exactamente esa lideresa, esa mujer que dio su activismo, su compromiso, su defensa de los derechos humanos. Es una muerte económica también, y además, desnacionalizar implica que no tenés ningún servicio del Estado del suelo donde naciste.
Para un régimen tan represivo, eso es una demostración de que “acá no hay ningún resquicio: este es el g
Gobierno que queremos y el que vamos a imponer”.
Hace algunos años yo entrevisté a Zoilamérica Ortega Murillo, hija de la copresidenta Murillo, a quien Daniel Ortega abusó sexualmente, y ella me decía que la represión contra las mujeres es tan cruel porque precisamente la ejerce su madre, que sabe tocarle las fibras a lo que duele ser mujer. En esa lógica —y vuelvo a la primera pregunta con la que empezamos—, en su análisis del informe: ¿hubiera cambiado algo si no fuera Murillo quien ejerce la violencia contra las mujeres en Nicaragua?
No, no. Si esta es una conducta, si esta es una política de un Estado represivo, podría haber sucedido con dos hombres, con dos Daniel. Obviamente, acá hay… no diría una perversidad extra por el tema de que sea una mujer quien la ejerce. No le puedo contestar esa pregunta en términos de si es más o menos perverso, porque nosotros nos basamos en violaciones documentadas. Podría haber sucedido, y de hecho ya ha sucedido, en regímenes represivos donde están hombres al frente.
Para cerrar, a nivel contextual del mundo en el que hay una lógica de que los derechos humanos no importan, ¿cómo ha afectado eso el trabajo del Grupo en Nicaragua, en temas de recursos y disponibilidad?
Como le decía en alguna de las preguntas, lo ideal sería que el Grupo pudiera entrar al territorio nicaragüense. Además, si el Estado se queja de que decimos cosas que no son ciertas, la mejor posibilidad es comprobarlo en el territorio, con una visita in situ, y hablar con las autoridades ahí mismo. Nosotros recabamos toda la información estatal que podemos, estamos atentos a contrastar todas las fuentes abiertas y toda la documentación cerrada que podemos conseguir de las personas que nos informan, de las personas que han sido perseguidas, de las víctimas, de personas que participaron en algún momento en un gobierno en el que creyeron y que ya no. Pero, desafortunadamente, no es solo con el Grupo: Nicaragua se ha aislado de todos los espacios multilaterales.
Le queda la Asamblea General de Naciones Unidas, y por eso los Estados han renovado nuestro mandato y han subido el umbral de atención sobre Nicaragua. A partir de la renovación del último mandato, lo presentamos ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que es un ámbito bien político. Las altas autoridades de los organismos internacionales nos han dicho que Nicaragua es uno de los regímenes en el mundo más aislados, con menos comunicación y menos vías para ejercer un diálogo —no solo con el Grupo, sino con cualquier otro mecanismo de apertura, diálogo, transición o cooperación técnica.