A menos de seis meses de haber sido condenado por el asesinato de su vecino, el hombre identificado como Ramírez Zamora fue beneficiado con arresto domiciliario, una medida que ha generado indignación en la familia de la víctima. El crimen ocurrió el 3 de junio de 2024 en el condominio Río Palma, en Guachipelín de Escazú, Costa Rica.
El beneficiado fue condenado el 20 de diciembre pasado a 20 años y dos meses de prisión por homicidio calificado, tras acogerse a un procedimiento especial abreviado para evitar ir a juicio.
Según informó el medio La Teja, Ramírez Zamora fue autorizado a abandonar la prisión debido a un proceso postoperatorio, aunque un dictamen médico-legal indicaba que su recuperación tomaría únicamente seis semanas. Sin embargo, se le otorgó casa por cárcel hasta el 25 de septiembre, sin brazalete electrónico y con la única condición de una visita semanal por parte de la Policía.
La decisión fue tomada por una jueza del Tribunal de Pavas, cuya identidad no ha trascendido, y ha sido duramente criticada por la familia de la víctima. Rodrigo Araya, abogado de los Orozco Mendoza, calificó la medida como carente de fundamento legal y expresó preocupación por la ausencia de medidas efectivas de control.
“Nos damos cuenta de que el imputado tiene una operación recién hecha, una jueza del Tribunal de Pavas le otorga la casa por cárcel, sin ningún fundamento, y aun cuando un dictamen médico-legal decía que únicamente requería de seis semanas para recuperarse, se le cambia la medida cautelar sin ningún tipo de brazalete electrónico y únicamente con la disposición de que la Policía vaya una vez por semana a esta casa”, declaró Araya a medios locales.
El crimen fue captado por cámaras de seguridad del condominio. En el video se observa cómo, tras una discusión entre las esposas de ambos hombres, Ramírez Zamora sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra Otoniel Orozco, quien murió en el acto.
El caso ha reavivado el debate en Costa Rica sobre el uso de medidas alternas a la prisión, así como la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de violencia.