Existen decisiones públicas que transforman un país sin acaparar grandes titulares. Una beca que no alcanza, una transferencia que pierde poder adquisitivo, una escuela que aplaza una inversión, una familia que no encuentra servicios de cuidado infantil, una institución social obligada a atender a más personas con prácticamente los mismos recursos: ninguna de estas situaciones desencadena por sí sola una crisis nacional. Sin embargo, cuando se acumulan a lo largo de los años, pueden alterar profundamente las condiciones de vida de una sociedad.

Por eso la discusión del Presupuesto Nacional para 2027 no puede reducirse a determinar si el gasto aumenta o disminuye unos cuantos puntos porcentuales, por el contrario, lo que está en disputa es qué lugar ocupa la política social dentro de las prioridades del Estado y quién termina pagando los costos del ajuste fiscal.

Costa Rica llega a esta discusión después de varios años de consolidación fiscal. Los superávits primarios, la contención del gasto y la estabilización relativa de las finanzas públicas suelen presentarse como prueba del éxito de esa estrategia. Pero una lectura distributiva obliga a formular una pregunta adicional: ¿cómo se consiguió ese resultado?

Los datos disponibles muestran que una parte importante del ajuste ha ocurrido mediante la contención del gasto. Entre 2019 y 2025, el gasto devengado del Gobierno Central, excluyendo amortización e intereses, aumentó nominalmente 9,7 %, mientras la inflación acumulada fue de 11,63 %. Esto significa que, en términos reales, el gasto se redujo. En las funciones sociales ocurrió algo semejante: su crecimiento nominal tampoco compensó plenamente la inflación y su participación pasó de aproximadamente 11,7 % del PIB en 2019 a 9,5 % en 2025. Esta trayectoria es relevante para leer el Presupuesto 2027: no se parte de una política social en expansión, sino de varios años de pérdida relativa de capacidad presupuestaria.

La educación es una de las expresiones más claras de este proceso. Entre 2019 y 2025 el gasto devengado pasó de alrededor de ₡2,54 billones a ₡2,67 billones. Nominalmente aumentó, pero como proporción de la economía descendió de aproximadamente 6,7 % a 5,1 % del PIB. La tendencia continúa en el proyecto 2027: el presupuesto del MEP pasa de ₡2,771 billones en 2026 a ₡2,752 billones, una disminución nominal de ₡19.230 millones, equivalente al 0,69 %.

Este dato permite entender algo que suele perderse en las discusiones presupuestarias: recortar no significa únicamente colocar un número menor que el año anterior. También existe recorte cuando los recursos crecen menos que los costos; cuando una política pierde peso frente al tamaño de la economía; cuando las responsabilidades institucionales aumentan más rápido que su financiamiento; o cuando la cobertura se mantiene formalmente, pero disminuye la capacidad material de ofrecer servicios con calidad.

La política social puede erosionarse sin que desaparezca formalmente ninguna institución: mediante reducciones nominales, pérdida de peso relativo, subfinanciamiento de programas específicos y redistribución de recursos entre distintas obligaciones sociales: Incluso el FMI reconoce que el ajuste por gasto tiene límites

El informe de 2026 del Fondo Monetario Internacional sobre Costa Rica merece atención no porque el FMI se haya convertido en defensor de un Estado social expansivo. Sin embargo, el organismo continúa respaldando la disciplina fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la regla fiscal. Precisamente por eso resulta significativo lo que plantea.

El Fondo señala que Costa Rica necesita crear espacio para mayor gasto prioritario en inversión, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas, y recomienda reformas capaces de fortalecer los ingresos para financiar esas necesidades. 

El documento técnico es todavía más explícito: menciona que se necesitan reformas tributarias que incrementen los ingresos para financiar un aumento del gasto favorable al crecimiento, particularmente en inversión de capital, educación, salud y transferencias sociales dirigidas a poblaciones vulnerables. El planteamiento es relevante porque desplaza parte de la discusión desde cuánto más recortar hacia cómo generar ingresos que permitan financiar necesidades prioritarias.

Entre las necesidades identificadas están el fortalecimiento de los sistemas de cuidados, la educación temprana para hogares vulnerables, programas sociales focalizados, la ampliación de las pensiones no contributivas para personas adultas mayores pobres y el fortalecimiento de la atención primaria y preventiva en salud. 

Conviene precisar el argumento. El FMI no dice literalmente que Costa Rica tenga prohibido realizar “más recortes”, lo que si reconocer el organismo internacional es quizá más importante: el país ya tiene necesidades de gasto sustantivas sin resolver y necesita generar ingresos adicionales para atenderlas.

La conclusión política es difícil de ignorar. Después de años en los que buena parte del esfuerzo fiscal descansó sobre el gasto, incluso una institución asociada históricamente con la austeridad advierte que la siguiente etapa no puede consistir simplemente en seguir disminuyendo capacidades públicas.

Sin embargo, las decisiones presupuestarias para 2027 mantienen una fuerte lógica de contención, austeridad, y disputa presupuestaria entre los propios programas sociales.

El Presupuesto 2027: menos espacio para el gasto primario

La comparación oficial del Ministerio de Hacienda permite observarlo. La Ley de Presupuesto actualizada para 2026 registra gastos totales por ₡12,610 billones. El Proyecto de Presupuesto 2027 plantea ₡12,419 billones. Es decir, el presupuesto disminuye en aproximadamente ₡190.672 millones, equivalente al 1,5 % nominal. 

Pero la composición importa todavía más. El gasto primario —el que financia efectivamente remuneraciones, servicios, transferencias, inversión y buena parte de la operación estatal antes de intereses— pasa de ₡7,471 billones a ₡7,451 billones. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda pasan de ₡2,550 billones a ₡2,730 billones. En otras palabras, mientras el gasto primario se reduce en cerca de ₡20.000 millones, los intereses aumentan aproximadamente ₡180.000 millones. 

Ese movimiento tiene consecuencias concretas. Cada colón adicional destinado al servicio de una deuda que crece más rápido que los recursos disponibles estrecha el espacio en el que compiten educación, protección social, vivienda, infraestructura, seguridad, salud y cuidados.

Y esta trayectoria continuará en términos relativos. El propio Marco Fiscal proyecta que el gasto total del Gobierno Central pase de aproximadamente 18,0 % del PIB en 2026 a 17,9 % en 2027, mientras el gasto primario disminuye de 13,3 % a 13,1 % del PIB. Hacienda califica esta trayectoria como continuidad de los esfuerzos de contención y eficiencia del gasto, sin embargo, lo que no menciona en palabras simples es que el Gobierno está decidiendo gastar menos de lo que la propia regla fiscal permitiría.

No es solamente la regla fiscal

Durante años, buena parte de la reducción del espacio presupuestario se ha explicado políticamente como una consecuencia inevitable de la regla fiscal. Hay una parte de verdad en esa afirmación: la regla efectivamente establece límites al crecimiento del gasto, y afecto de forma significativa, previo a la administración Chaves-Robles, a prácticamente todos los programas sociales, de ahí, los múltiples proyectos de ley que buscan excluir a las instituciones del sector social de la aplicación de la regla fiscal. Pero para 2027 esa explicación resulta insuficiente.

La tasa máxima de crecimiento establecida por la regla fiscal es de 4,08 %. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2027 formula un crecimiento del gasto sujeto a regla de apenas 1,80 % en el gasto total y 2,16 % en el gasto corriente. 

No estamos, entonces, únicamente ante una restricción impuesta desde fuera de la decisión gubernamental. Hacienda considera que la regla constituye un techo legal y no una meta, por eso establece compromisos que van más allá de lo legalmente exigido: formular el presupuesto por debajo del máximo permitido y mantener crecimiento real cero del gasto corriente primario. 

La discusión ya no es simplemente si Costa Rica debe cumplir o no la regla fiscal, de nuevo, esto es una discusión sobre la orientación política de la matriz fiscal y la distribución presupuestaria, la cual responde a criterios políticos revestidos de tecnicidad. El Gobierno ha decidido sobre-cumplirla, lo cual significa que, dentro del espacio legal existente hay una decisión adicional de austeridad, es decir, la decisión fiscal es política, no técnica, porque alternativas existen (y existieron). Y cuando esa decisión se traslada al sector social, sus consecuencias son distributivas, en especial, cuando el impacto sobre las condiciones de vida de las personas es persistente en perjuicio de estas.