Entre la fascinación por la “mano dura” y la erosión silenciosa de los límites democráticos, la región atraviesa una mutación más profunda: la normalización de una cultura política basada en la obediencia, el castigo y la impunidad.

Entre la exaltación de la autoridad y el desgaste progresivo de las normas democráticas, Costa Rica con su cambio de gobierno —y en general Centroamérica— no está viviendo un simple reacomodo político. Está en juego es algo más: la consolidación de una subjetividad autoritaria que empieza a arraigarse en la vida cotidiana. Esta coyuntura no es solo local, tiene una dimensión tanto regional como global. Estamos observando un estilo de poder con inclinaciones autoritarias, que ha sido parte de una cierta normalidad política regional; pero ahora con la aceptación social cuando antes esa deriva generaba resistencia.

Durante décadas, Costa Rica cultivó la idea de su excepcionalidad democrática frente a un entorno regional marcado por fracturas institucionales. Esa narrativa hoy se resquebraja. No porque el país haya replicado mecánicamente las experiencias de sus vecinos, sino porque las condiciones que hacen posible el autoritarismo han comenzado a reproducirse desde dentro. La pregunta, por tanto, ya no es si estamos frente a líderes autoritarios, sino qué tipo de sociedad está produciendo a éstos, lo mismo que a sujetos dispuestos a aceptar —e incluso a celebrar— ese tipo de poder.

La personalidad autoritaria no es un rasgo psicológico individual, ni una anomalía moral de ciertos dirigentes. Es el resultado de procesos históricos y sociales. Desde las crisis económicas hasta la precarización de la vida, desde la pérdida de expectativas hasta la sensación de amenaza constante, se configuran condiciones en las que amplios sectores sociales buscan refugio en el orden, la disciplina y la autoridad. El miedo al desorden y la incertidumbre y una baja autoestima social pueden convertirse en poderosos motores de adhesión política.

Sin embargo, el fenómeno contemporáneo introduce una variación significativa. La personalidad autoritaria ya no se organiza exclusivamente en torno a figuras carismáticas que prometen redimir al “pueblo” frente a unas élites claramente identificables. Hoy se produce en entramados más complejos de poder donde actores económicos, políticos y religiosos convergen para redefinir los límites de lo aceptable. 

Es bueno recordarlo, este fenómeno también viene aparejado con la crisis del sistema capitalista y su radicalización neoliberal. En ese tramo se amplían fracturas y disputas entre las élites no solo por el poder económico sino por el control de las instituciones y de las masas. En estos contextos, la retórica anti-élite puede convivir perfectamente con la consolidación de estas mismas y de otras, muchas veces más opacas y menos controlables que las anteriores.

Esto implica un desplazamiento importante: ese autoritarismo deja de ser una ruptura del orden democrático para convertirse en una forma de reorganización interna del mismo. La legalidad del voto se convierte en un mero trámite técnico. Lo que se impone, no siempre viene de fuera; se instala gradualmente, normalizando prácticas de control, debilitando contrapesos institucionales y erosionando la cultura cívica. La obediencia deja de ser una excepción y comienza a asumirse como una virtud.

A este proceso se suma una dimensión decisiva: la transformación de la experiencia social en la era digital. La saturación informativa, la aceleración de los flujos comunicativos y la reducción del debate público a estímulos emocionales han alterado profundamente las condiciones de la deliberación. La política ya no se procesa únicamente como argumento, sino como impacto. La reacción inmediata —indignación, miedo, adhesión— desplaza la reflexión. En este entorno, las narrativas autoritarias encuentran un terreno fértil: simplifican, ordenan, identifican enemigos y ofrecen certezas en medio del ruido.

Emerge una nueva forma de dirección albergada en una subjetividad de incertidumbre, más vulnerable al miedo, más proclive a soluciones simplificadoras. En este sentido, el autoritarismo contemporáneo no necesita imponerse bajo el uso directo de la fuerza; le basta con operar sobre disposiciones sociales ya moldeadas por la inseguridad, la frustración y la saturación emocional.

En Centroamérica, estos procesos adquieren una densidad particular. Se articulan con historias locales de desigualdad, exclusión y fragilidad institucional. Y, sobre todo, con la recomposición de las élites. Viejas oligarquías reconvertidas y nuevos grupos de poder vinculados a economías transnacionales —en ocasiones asentadas en zonas grises de la legalidad— encuentran en el autoritarismo una forma eficaz de estabilizar sus intereses.

Este fenómeno no es patrimonio exclusivo de las derechas. En experiencias recientes en la región, grupos que en el pasado se presentaron como alternativas transformadoras acabaron integrándose en dinámicas similares de acumulación y concentración del poder. Esto vuelve aún más compleja la escena: la distinción clásica entre proyectos emancipadores y proyectos conservadores se desdibuja cuando ambos pueden converger en prácticas autoritarias.

En este escenario, la convergencia entre poder económico, actores políticos y circuitos religiosos, por ejemplo, adquiere un peso decisivo. No se trata solo de alianzas coyunturales, sino de configuraciones más profundas que reordenan la legitimidad. La apelación a valores como la familia, el orden o la nación —y en muchos casos la instrumentalización de lo religioso— puede operar como cobertura simbólica de procesos de concentración de poder, captura institucional y debilitamiento de controles democráticos.

El riesgo no es únicamente la erosión de las instituciones, sino la normalización de la impunidad. Cuando la legalidad se flexibiliza en función de intereses económicos o políticos, y cuando amplios sectores sociales toleran —o justifican— esas prácticas en nombre del orden o la eficacia, se abre la puerta a formas de dominación más profundas. El autoritarismo deja de ser un accidente y se convierte en un principio organizador.

En el caso costarricense, la advertencia es clara. Si estas tendencias continúan, el país no enfrentará necesariamente una ruptura abrupta de su orden democrático. Lo que podría consolidarse es algo más difícil de detectar y, por lo mismo, más peligroso: un régimen difuso en el que la legitimidad moral, el control social y las economías opacas convivan bajo una apariencia de normalidad institucional.

Frente a ello, la respuesta no puede limitarse al plano institucional. Se trata de un problema social y cultural más amplio. Implica reconstruir formas de sociabilidad basadas en la pluralidad, reactivar el tejido cívico y disputar el sentido común que hoy tiende a inclinarse hacia soluciones autoritarias. También supone revisar críticamente las formas en que el poder se legitima, incluyendo aquellas que apelan a valores religiosos o identitarios para justificar prácticas de exclusión o dominación.

La cuestión de fondo no es solo cómo resistir al autoritarismo, sino cómo desmontar las condiciones que lo hacen posible. Porque cuando la obediencia se vuelve costumbre, cuando la impunidad se normaliza y cuando el poder deja de rendir cuentas, la sociedad no sólo pierde sus mecanismos de control: empieza a perder su capacidad de imaginar alternativas. Y ese es, quizá, el signo más preocupante de nuestro tiempo.