Hay un lugar común que aparece cada vez que el sector privado se frustra con el Estado. La idea de que un gobierno dirigido por empresarios sería más eficiente, más rápido y más directo. Es una intuición comprensible. En una empresa, el dueño o el gerente general decide y ejecuta. En el Estado, en cambio, todo parece más lento, más enredado y más lleno de pasos que nadie entiende. Pero esa comparación es engañosa. No porque el Estado sea perfecto, sino porque funciona con una lógica distinta, diseñada para evitar que el poder se concentre sin controles.

La reciente sentencia en Estados Unidos sobre los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia recordó algo que la teoría administrativa viene diciendo desde hace décadas. La burocracia no existe solo para ejecutar, sino para deliberar. Autores como Jerry Mashaw y Martin Shapiro han explicado que el procedimiento administrativo es un mecanismo para obligar al Estado a justificar sus decisiones, a escuchar a los afectados y a someterse a controles. La lentitud no es un accidente. Es una garantía.

Pero esa garantía se ha ido convirtiendo en un problema. En el intento de reducir la discrecionalidad, muchos países han cargado los procesos de pasos, dictámenes, revisiones y consultas que terminan por volver las decisiones lentas y, en demasiadas ocasiones, inútiles porque llegan fuera de tiempo. Es lo que Cass Sunstein llama el costo de la hiperprocedimentalización. El Estado se protege tanto de sí mismo que pierde capacidad de actuar cuando importa.

Aquí conviene distinguir entre los tipos de decisiones. Las gubernamentales, que son las más rápidas, tienen consultas limitadas. Las ejecutivas, como los reglamentos, requieren consultas posteriores y motivaciones reforzadas. Las legislativas, por su naturaleza, exigen consultas amplias y deliberación pública. Pero todas comparten un principio común que el derecho administrativo moderno considera esencial. Todas son impugnables. Ninguna decisión estatal es absoluta. Ninguna se ejecuta sin posibilidad de revisión. Esa es la diferencia fundamental con una empresa, donde la autoridad se concentra y la revisión es interna.

El problema es que, en la práctica, la frontera entre lo rápido y lo lento se ha ido borrando. La acumulación de requisitos ha convertido incluso las decisiones más simples en procesos largos y frágiles. La administración se vuelve aversa al riesgo. Los funcionarios temen equivocarse más de lo que desean acertar. Y el resultado es un Estado que decide tarde, incluso cuando decide bien. Un Estado que decide tarde es, en la práctica, un Estado que no decide.

Sin embargo, la solución no puede ser la desregulación total. La literatura comparada es clara en esto. Cuando se eliminan los controles, la discrecionalidad no desaparece. Se desplaza. Pasa a manos de quienes tienen poder informal, acceso privilegiado o capacidad de influir sin transparencia. Hannah Arendt advertía que la concentración de poder sin controles tiende a producir arbitrariedad, incluso cuando se justifica en nombre de la eficiencia. Y la historia muestra que los sistemas que sacrifican la deliberación para ganar velocidad terminan abriendo la puerta a modelos autoritarios manejados para beneficio de pocos.

Por eso es necesario recuperar el punto medio. Ni burocracia paralizante ni agilidad abusiva. Ni un Estado que se ahoga en sus propios procedimientos ni un Estado que actúa como si fuera propiedad de quienes lo administran. El equilibrio no es fácil, pero es indispensable.

Al final, el Estado se parece más a una empresa de lo que muchos creen, pero no en el sentido que suele repetirse. Es una empresa cuyos accionistas son, en teoría, todos los ciudadanos, uno por persona, tantas acciones como habitantes tenga un país. La toma de decisiones debe garantizar que cada uno de esos accionistas tenga la posibilidad de conocerlas y decidir si está de acuerdo o no. Los Estados no pueden convertir esa garantía en un obstáculo, pero tampoco pueden renunciar a ella. Si lo hicieran, estarían entregando el poder a funcionarios que actuarían con ánimo de dueños y no de apoderados. Y las consecuencias podrían ser la construcción de un modelo autoritario manejado para beneficio de pocos.

Como en casi todo en la vida, la respuesta está en el punto medio. Ni burocracia paralizante ni agilidad abusiva. Un Estado que decide con oportunidad, con fundamento y con controles. Un Estado que no olvida que sus accionistas son todos.