Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, fue detenido el pasado marzo por agentes migratorios estadounidenses. Quijano, condenado en ausencia por pactar con la MS-13 y Barrio 18 durante su campaña presidencial de 2014, representa la figura más visible de una ofensiva judicial que, de acuerdo a expertos consultados por USA TODAY, ha sido utilizada para deslegitimar a la oposición, mientras se protegen los vínculos del oficialismo con las mismas estructuras criminales.
Quijano habría buscado apoyo pandillero para ganar votos, práctica común en la política salvadoreña durante años. Sin embargo, su persecución contrasta con el silencio judicial hacia los aliados de Bukele, quienes —de acuerdo con una acusación federal de Estados Unidos e investigaciones de medios salvadoreños— también establecieron pactos con la MS-13 desde antes de su llegada al poder en 2019.
La misma investigación destaca que líderes pandilleros con información clave sobre esos acuerdos han sido deportados a El Salvador antes de testificar ante la justicia estadounidense.
Uno de ellos es César Humberto López-Larios, conocido como uno de los “12 apóstoles del diablo”, extraditado en marzo tras la inesperada retirada de cargos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
Su retorno coincidió con el traslado de decenas de migrantes venezolanos a la prisión de máxima seguridad CECOT, un movimiento que, según analistas, funcionó como moneda de cambio para silenciar posibles delaciones.
“Es muy revelador que el precio que Bukele exigió por encarcelar a deportados fuera la devolución de estos líderes de la MS-13”, declaró a USA TODAY el excongresista Tom Malinowski.
El aparente éxito de Bukele en la reducción de homicidios —que pasaron de 2398 en 2019 a 114 en 2024— ha sido un pilar de su legitimidad interna e internacional. Pero investigaciones periodísticas y documentos oficiales indican que esta disminución se logró tras pactos con la MS-13 que incluyeron beneficios carcelarios, la suspensión de extradiciones y apoyo electoral a cambio de una “tregua estadística”.
A cambio, Bukele recibió la llave para consolidar su proyecto político. La victoria legislativa de 2021 le permitió destituir a magistrados de la Corte Suprema, reemplazar al fiscal general y reformar el sistema judicial para facilitar su reelección, en abierta contradicción con la Constitución salvadoreña.
Bukele en Washington: cárcel, migración y conveniencia geopolítica
El mandatario salvadoreño ha cultivado un ascenso notable en Washington. Se ha posicionado como un socio estratégico en temas de seguridad y migración, ganándose elogios incluso del presidente Donald Trump, quien lo calificó como “un presidente formidable”.
Uno de los pilares de esa relación es el CECOT, el megapenal que alberga a miles de pandilleros y migrantes deportados desde EE. UU.
“No hay mejor lugar para estos criminales enfermos”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. Esta narrativa de orden y eficiencia ha calado en sectores republicanos, que ven en Bukele un modelo exportable de mano dura.
El acuerdo para recibir a cientos de venezolanos deportados fue presentado como cooperación migratoria, pero USA TODAY documentó que tuvo como contraprestación la repatriación de líderes de la MS-13 con potencial para testificar contra Bukele.
Uno de ellos fue López-Larios, cuya extradición fue cancelada por “consideraciones de política exterior”, y que fue procesado en El Salvador apenas seis días después de su salida de una cárcel estadounidense.
Esta estrategia ha sido interpretada por analistas como un pacto tácito: Bukele ofrece control territorial y represión eficaz, y a cambio Washington suaviza su presión sobre las prácticas autoritarias de su administración. El Grupo de Trabajo Vulcan, creado durante la primera administración de Trump para “destruir a la MS-13”, jugó un rol clave en este engranaje. Su exdirector, John Durham, y fiscal interino en el caso de López-Larios, cerró el expediente sin juicio.
Mientras tanto, Bukele continúa consolidando su imagen de reformista disruptivo en el exterior, mientras impone un modelo cada vez más autoritario en casa. La captura de Quijano y la devolución selectiva de líderes pandilleros son apenas dos piezas en un complejo rompecabezas de poder, pactos secretos y validación internacional.