En días recientes, hemos escuchado noticias de que la dictadura Ortega-Murillo ha enviado emisarios a reunirse con cámaras empresariales de Centroamérica. El régimen también anunció con bombos y platillos una jornada de acercamiento con empresarios de Argentina. Surge entonces la pregunta, ¿a qué se deben todos esos acercamientos comerciales cuando más bien, a lo interno de Nicaragua, la dictadura ha cerrado cámaras empresariales, confiscado y encarcelado a empresarios nicaragüenses e incluso cerrado el COSEP? La pareja presidencial práctica aquel viejo adagio que dice “Candil de la calle, pero oscuridad de la casa”. La dictadura no puede ofrecer lo que no tiene. 

Daniel Ortega y Rosario Murillo han cavado un hoyo del cual ellos mismos no pueden salir. Por un lado, ya no cuentan con los millones de dólares que antes venían de Venezuela, pero a la vez mantienen vivo su populismo. Para ello, han desangrado a la iniciativa privada a punta de impuestos excesivos y cobros arbitrarios, que es la forma que han encontrado para mantener a flote el gasto público, que es cada vez más ineficiente y corrupto. Vemos, por ejemplo, como los informes del ministerio de hacienda revelan que casi la totalidad del gasto público se va en salarios y no hay gasto de capital para nuevas inversiones. En otras palabras, han financiado el empleo público, a costa de provocar desempleo en el sector privado. Desde todo punto de vista, Ortega y Murillo operan como enemigos de la iniciativa privada. 

Otra serie preocupación para la pareja de dictadores es la probabilidad de una eventual ruptura o revisión del CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés). El CAFTA ofrece beneficios para empresas nicaragüenses y extranjeras en el marco de un tratado de libre comercio de carácter regional, que ofrece condiciones preferenciales y cuotas de acceso al enorme mercado estadounidense. Es por ello que los Ortega claramente quieren movilizar el apoyo de empresas extranjeras que invierten en Nicaragua y que operan en el marco del CAFTA, para que hagan cabildeo en Washington D.C. para proteger el CAFTA de las amenazas de una eventual aplicación de la Ley RENACER. 

El régimen cree que puede conseguir el apoyo de cámaras regionales, ya que dentro de Nicaragua sus propias acciones exhiben la verdadera naturaleza anti-sector privado y anti-libre mercado del régimen.

El problema es que la dictadura de los Ortega-Murillo no tiene nada que ofrecerles a inversionistas serios, que son aquellos interesados en el respeto a la propiedad privada y en reglas del juego claras. La dictadura no tiene capacidad para atraer capital fresco de empresas extranjeras de prestigio y solidez global. Las recientes confiscaciones, y el desmontaje arbitrario del COSEP, demuestran claramente que la dictadura no tiene ninguna voluntad de respetar al sector privado independiente, y qué lo que quieren son inversionistas pasivos—por decirlo en lenguaje suave— que pongan su dinero en Nicaragua pero que a la vez guarden silencio ante todas las arbitrariedades. Ese tipo de inversionistas y ese tipo de empresas son incompatibles con la esencia del libre mercado y de los principios de la responsabilidad empresarial.

Las cámaras empresariales de la región saben perfectamente que ninguna de sus inversiones está segura mientras la familia Ortega esté en el poder. Eso explica la masiva salida de depósitos de cuentas corporativas y la inmensa fuga de talento humano, del 2018 a la fecha. Debe quedar claro que todo ataque a la libre empresa no es otra cosa que un ataque a los fundamentos de la libertad individual, pero también a cualquier aspiración seria de desarrollo social.