El primero de mayo de 2025, el periódico digital El Faro publicó una entrevista exclusiva con Carlos Cartagena López, alias “Charly de la IVU”, líder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. En la conversación, el pandillero reveló presuntos pactos entre su organización criminal y el gobierno del presidente Nayib Bukele, generando una tormenta política en El Salvador.

Según Charly, los vínculos entre las pandillas y Nayib Bukele se remontan a 2014, cuando el entonces alcalde de San Salvador comenzaba a consolidar su carrera política. En su testimonio, señala directamente a Carlos Marroquín, actual Director de Reconstrucción del Tejido Social, como el principal enlace entre el gobierno y las estructuras criminales. A cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario, como facilidades de comunicación, acceso libre a los penales y cierta autonomía operativa, la pandilla Barrio 18 Revolucionarios accedió al apoyo electoral al oficialismo, en particular durante las elecciones legislativas de 2021.

“Nayib necesitaba el power, necesitaba quitar a toda la gente que le estorbaba, quitar el power del Frente y de ARENA, porque le estaban obstruyendo. Ahí entramos nosotros”, relató un exmiembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios identificado como “Liro”. Sus palabras reafirman lo que diversas investigaciones ya habían sugerido: que la supuesta guerra frontal contra las pandillas podría haber estado precedida por acuerdos encubiertos.

En respuesta a las revelaciones, el gobierno salvadoreño ha intensificado el uso de sus plataformas oficiales y medios afines para desviar la atención pública. Mediante campañas mediáticas cuidadosamente dirigidas, en las que difunden contenidos que refuerzan la imagen de un Estado firme en la lucha contra el crimen organizado, mientras se ignoran o desestiman las acusaciones de negociaciones con estructuras criminales. 

Paralelamente, el discurso presidencial ha retomado con fuerza el ataque a los partidos tradicionales, ARENA y FMLN, agrupándolos bajo el eslogan “los mismos de siempre” y sugiriendo que cualquier crítica forma parte de un intento por restaurar el viejo orden político.

No obstante, los testimonios de los líderes pandilleros cuestionan de forma directa esa narrativa. “Nosotros hablamos por la simple y sencilla razón de que el gobierno hace plantear una cosa, se pega golpes de pecho diciendo que son antipandillas, pero se les olvidó que pactaron con nosotros”, afirmó Liro, contradiciendo el discurso oficial.

Por otro lado, las consecuencias de la publicación de esta pieza periodística ha hecho que el periódico El Faro denunciara a través de sus redes sociales que la Fiscalía General de El Salvador, prepara órdenes de captura contra ellos, acción expuesta el pasado 3 de mayo, siendo este el día Internacional de la Libertad de Prensa.

Frente a este nuevo escándalo, una pregunta fundamental vuelve a emerger: ¿fue el régimen de excepción instaurado por Bukele en marzo de 2022 realmente una medida planificada para combatir el crimen o fue más bien una reacción abrupta ante la ruptura del pacto con las pandillas?

Las declaraciones de Charly de la IVU y otros miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios abren una herida profunda en la narrativa oficial del gobierno salvadoreño. Si bien el régimen de excepción ha sido defendido como un éxito por las autoridades, la posibilidad de que haya surgido como respuesta a un pacto fallido pone en duda la legitimidad moral y política de dicha medida. 

En un país donde las instituciones se enfrentan a la creciente concentración del poder, y donde los medios son hostigados por investigar, la verdad sobre los orígenes de la política de seguridad actual es más necesaria que nunca. El periodismo libre sigue siendo una pieza clave para responder la pregunta que persiste en el aire: ¿quién negoció con quién? Pero más grave aún: ¿a costa de qué?