Hay una manera sencilla de perderse tratando de entender al chavismo costarricense: seguir cada polémica por separado. Una semana son las jornadas 4×3. Otra, el Poder Judicial. Antes fue la armonización del mercado eléctrico. Después pueden ser las universidades, las pensiones, la seguridad, el presupuesto o cualquier otro asunto capaz de ocupar durante algunos días el centro de la conversación pública.

Vistos por separado, parecen conflictos distintos y aislados, no obstante, vistos como secuencia, empiezan a parecerse, y a guardar cierto sentido. Cambian los temas, cambian los actores y cambian las instituciones involucradas, sin embargo, lo que parece permanecer es una forma de producir y administrar políticamente el conflicto.

El chavismo parece haber comprendido algo fundamental de la política contemporánea: para conservar la iniciativa no siempre es indispensable ganar cada batalla. A veces basta con decidir sobre qué se pelea, quién aparece como responsable de impedir una solución y cuándo es conveniente abandonar temporalmente una discusión para abrir otra. Con esto, se mantiene en su forma una política de campaña permanente, y sus combustibles son los conflictos aparentes.

Lo que viene se fundamente en la observación y sistematización contextual de la estrategia chavista. No obstante, nada se repite de la misma forma en el universo, por ende, en la política, lo cual implica que, lo que acá se analizan son los patrones tácticos, no una receta infalible, y es en este punto donde se abren las ventanas de oportunidad.

Primero viene el problema, segundo como crisis

La secuencia comienza casi siempre en un terreno políticamente favorable: un problema real. Por ejemplo:  Costa Rica necesita inversión; necesita empleo; tiene problemas de seguridad; El sistema eléctrico enfrenta desafíos; la justicia tiene problemas; el Estado arrastra ineficiencias; las instituciones requieren reformas. Es decir, problemas reales cuyos orígenes se remontan a diferentes procesos de exclusión, de no inversión, o bien, de intereses muy particulares. El punto de partida no tiene que ser inventado.

Aunque real el problema, la operación política comienza después. Frente a un problema complejo aparece una solución gubernamental relativamente sencilla de comunicar, y esa solución se presenta acompañada de urgencia y de crisis, es decir: hay que hacerlo ahora, o viene una crisis, lo cual anula una capacidad de alternativa y de giros estratégicos. Esto no es nuevo, lo vimos en el contexto de la reforma fiscal en el 2018, durante el gobierno de Carlos Alvarado, lo que si es novedoso es que esto se usa como combustible político.

Hasta ahí todavía estamos en el terreno normal de la competencia democrática. Un Gobierno propone y la oposición discute. El giro ocurre cuando el desacuerdo deja de estar concentrado en la solución y comienza a trasladarse hacia quien se opone. Entonces la pregunta cambia, pues ya no es solamente: ¿esta es la mejor reforma?, sino que, empieza a ser: ¿quién está impidiendo que Costa Rica avance?, lo cual, ineludiblemente, lleva a establecer culpables y obstáculos respecto a la propuesta del ejecutivo, y es acá donde comienza la polarización en los determinados contextos. 

Lo que sigue es que el adversario completa la historia, pues toda narrativa política necesita personajes. En la narrativa chavista, el Gobierno ocupa normalmente el lugar de quien quiere hacer: construir, reformar, modernizar, ordenar, decidir. Sin embargo, para que esa identidad tenga fuerza necesita su contrario., es decir, alguien tiene que impedir, dependiendo de la coyuntura, ese papel puede recaer sobre el Frente Amplio, el PLN, los sindicatos, las universidades, determinados medios de comunicación, la Contraloría o el Poder Judicial.

Los antagonistas cambian, pero vamos observando que la estructura del relato no tanto. El Gobierno propone sin negociar, alguien bloquea, el Gobierno insiste por protocolo sin negociar, alguien vuelve a impedir, y finalmente el bloqueo deja de ser simplemente el resultado normal de una democracia donde ningún actor puede imponer siempre su voluntad. Se convierte en evidencia de una afirmación mayor: el sistema no funciona porque existen actores que no permiten cambiarlo.

Inmediatamente los culpables salen a la luz, y la operación de deslegitimar hace eco de sus tácticas. Y ahí aparece una de las características más importantes de este repertorio: perder institucionalmente no significa necesariamente perder políticamente.

Para muestra, un botón

Los ejemplos reales sobran, uno de ellos fue la discusión sobre armonización eléctrica. el Ejecutivo convirtió el proyecto en una prioridad, no consiguió los votos necesarios, y logró generar la derrota legislativa en una en acusación. Si PLN y Frente Amplio no daban los votos, entonces podían ser presentados como responsables de impedir la modernización eléctrica, la inversión o incluso de eventuales problemas futuros.

Con relación al Poder Judicial. En democracia los contrapesos institucionales tienen su razón de ser, justo son creados para establecer límites, sin embargo, cuando el límite se convierte en enemigo, la discusión se traslada a otro lugar, uno cuyo fundamento es: está conmigo sin discusión, o está en contra mía.

La erosión institucional no necesariamente comienza con una reforma constitucional, con la eliminación de competencias o con la captura de una institución, por el contrario, comienza cuando una parte suficiente de la ciudadanía deja de percibir el contrapeso como una garantía y empieza a verlo como un estorbo, es aquí donde es efectivo el autoritarismo., ya que primero se erosiona su legitimidad, después resulta más fácil discutir su poder.

Otro de los ejemplos en la discusión de las Jornadas 4×3, pues hay un patrón similar el oficialismo decidió regresar hacia el texto original después de que durante el proceso legislativo se incorporaran modificaciones y garantías, y surge la pregunta: ¿Por qué regresar?

Una explicación es perfectamente convencional: el Gobierno y sectores empresariales consideran que aquella versión responde mejor a sus objetivos económicos. Pero existe otra pregunta que merece hacerse, con base en la pregunta ¿Qué pasa si 4×3 resulta políticamente útil incluso si no llega a convertirse en ley?

Si se aprueba, el Gobierno puede presentarlo como una victoria: empleo, competitividad, inversión, modernización. No obstante, si la oposición prolonga el trámite, puede aparecer nuevamente el argumento del obstruccionismo, o bien, si eventualmente la iniciativa encuentra límites constitucionales, podría abrirse una nueva disputa con la Sala Constitucional.

Esto último no debe afirmarse como una intención gubernamental demostrada no tenemos evidencia para hacerlo, pues no ha sucedido, pero como estructura política el asunto resulta interesante: varios desenlaces pueden producir rendimiento.

Mucho movimiento, pocos cierres

Quien debe de asumir su responsabilidad respecto a sus formas reparte culpas, gritos y mucha polarización. El éxito de esto está justamente en la sensación de que siempre está ocurriendo algo, un alto sentido de urgencia y movimiento, lo cual significa necesariamente transformación, ´porque puede existir una enorme productividad comunicacional junto con una productividad institucional considerablemente menor

Y es acá donde aparece su correlato, pues durante semanas hemos visto cómo la atención pública salta de una controversia hacia otra, sin que esto implique una resolución de los problemas, o bien, que se abran canales de negociación. Los temas pueden ser líquidos sin ser desechables, ya que, pueden desaparecer de la conversación durante algunos días o semanas y permanecer políticamente disponibles. Por ejemplo: jornada 4×3 puede dejar de ser noticia; el conflicto con el Poder Judicial ocupa su lugar, luego aparece seguridad, después pensiones, más adelante electricidad, y, de pronto, jornadas 4×3 regresa.

No necesariamente vuelve igual, puede regresar mediante otra moción, otra declaración, otro enfrentamiento, otra sentencia o un nuevo antagonista. La campaña permanente encuentra así su combustible: discusiones líquidas, pero reciclables.

¿Quién hace qué?

Este repertorio tampoco necesita que todos hagan lo mismo, sino que se distribuya de buena forma lo que cada uno debe de hacer. Proponemos el siguiente guion, en el cual el Ejecutivo tiene una función privilegiada, ya que es quien construye el encuadre, lo cual implica que, define cuál es el problema, por qué es urgente, cuál es la solución y quién está impidiendo ejecutarla. 

Por su parte la fracción legislativa cumple otra función, cuyo objetivo es materializar el conflicto, pues convierte la narrativa en mociones, procedimientos, votaciones, enfrentamientos parlamentarios y acontecimientos políticos, lo cual obliga a la oposición a responder y reaccionar.

En otro escenario aparece el ecosistema comunicacional, el cual comprende medios, programas de opinión, páginas digitales, cuentas e influencers pueden tomar esos acontecimientos, simplificarlos, amplificarlos, endurecerlos o convertirlos en piezas fácilmente circulables. También funcionan como el primer escudo de respuesta cuando viene la réplica de la oposición, lo cual implica una primera línea de choque narrativo.

Sin paranoias, no debemos cometer el error de asumir coordinación donde no está demostrada. Que varios actores reproduzcan argumentos semejantes no significa automáticamente que alguien les haya ordenado hacerlo, sin embargo, en ciertos contextos podemos identificar cierta direccionalidad estratégica en su actuar

Este encuadre hace que ciertas preguntas que saltan a la vista: ¿Quién instala primero un mensaje?, ¿Quién lo reproduce?, ¿Qué palabras comienzan a repetirse?, ¿Quién convierte al adversario de una discusión particular en enemigo de algo mucho mayor? ¿Y cuánto tarda ese relato en regresar desde las redes y los medios hacia el discurso de los actores políticos?

Esto nos hace pensar en que existe una suerte de circuito en donde el Ejecutivo encuadra, el Legislativo produce el acontecimiento, el ecosistema comunicacional amplifica, la oposición reacciona y esa reacción vuelve a convertirse en material para el Ejecutivo. El conflicto se retroalimenta en distintas direcciones.

Como epílogo: Gobernar sin salir de campaña

Quizás ahí se encuentra la diferencia fundamental entre gobernar y gobernar en campaña permanente. Gobernar obliga a cerrar conflictos, negociar, ceder, aceptar soluciones imperfectas, construir mayorías, asumir costos políticos, reconocer límites.

Por el contrario, una campaña, en cambio, necesita mantener abiertas las diferencias, lo cual incluye un “nosotros” y un “ellos”, y sobre todo, necesita demostrar constantemente que algo está en juego.

La pregunta que Costa Rica debería comenzar a hacerse es si estamos observando simplemente un Gobierno particularmente confrontativo o algo más complejo: una forma de administrar el poder que obtiene rendimiento precisamente de mantener abiertos determinados conflictos. La respuesta no puede darse todavía como una certeza.

Mientras discutimos cada episodio como si fuera nuevo, podemos estar perdiendo de vista la secuencia que los conecta, y en política, muchas veces, el verdadero poder no consiste únicamente en ganar una discusión, sino, consiste en decidir cuál será la próxima discusión, quién tendrá que defenderse y cuándo conviene volver a empezar una batalla que nunca terminó del todo.