La exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz Bailey se ha convertido en un figura clave a la cual se acude cuando los sistemas de justicia local fracasan en la defensa de los derechos humanos. Ella vive hoy en el exilio, con la conciencia tranquila de haber hecho un buen trabajo, pero también, como señala, con la rabia de enfrentar una injusticia. Toda una serie de arbitrariedades e ilegalidades que ella comparte con muchos de sus colegas que en los últimos años han tenido que buscar refugio fuera de Guatemala. Son jueces probos, fiscales anticorrupción que Paz y Paz hoy defiende desde su puesto como directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), a pesar de que también ella es perseguida.
Para Paz y Paz los retrocesos democráticos que se esbozan hoy en Centroamérica resultan preocupantes. “Yo estoy convencida de que es una corriente autoritaria regional”, dice la exjefa del Ministerio Público de Guatemala en esta entrevista realizada por zoom apenas una semana después de que, en Nicaragua, el régimen de Ortega presentaba las primeras imágenes de varios opositores encarcelados desde hace más de un año. O esta frase donde dice “los rasgos autoritarios se contagian”, apenas días antes de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunciara sus intenciones de continuar en el poder en contra de la Constitución de su país.
Cada vez más es evidente que los políticos y gobernantes centroamericanos se atreven a tensar las cuerdas de los balances de poder para ajustar las decisiones de jueces, magistrados y fiscales en función de sus propios intereses. En muchos casos se trata de la búsqueda descarada de impunidad. Ante ello, Paz y Paz considera urgente que los sistemas de justicia de la región tengan un acompañamiento internacional, con enfoque en Derechos Humanos, aunque también se mantiene crítica respecto a políticas internacionales como la de Estados Unidos que buscan combatir la corrupción, sí, pero al mismo tiempo se vuelven complacientes con los gobiernos cuando les colocan temas como la movilidad sobre la mesa.
Claudia Paz y Paz analiza aquí estos fenómenos conservando su espíritu de lucha que la ha vuelto célebre en la región, en la que solo puede ver una esperanza: la resistencia regional, desde la sociedad civil y todas las organizaciones de Derechos Humanos.
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En Centroamérica cada vez disminuye la confianza en la justicia por parte de los ciudadanos. Los políticos y los sectores poderosos ya no están siendo investigados. Y se criminaliza a operadores de justicia probos, a la prensa y a la sociedad civil. ¿Cómo se puede leer el contexto actual de Centroamérica, tan regresivo en términos de justicia, con tantos signos de autoritarismo? ¿Hoy, 2022, diría que en Centroamérica se respira democracia?
Desde hace varios años hemos asistido a una tremenda regresión en cuanto al Estado de Derecho o construcción democrática en la región. No podríamos hablar de un solo país, aunque hay unos en una situación bastante más grave respecto al resto de Centroamérica. Por ejemplo Nicaragua, , en comparación con Guatemala y El Salvador. Y en Honduras, con el cambio de Presidenta, hay al menos un espacio para la construcción de instituciones, quizá un poco más plurales y democráticas. De hecho, en Honduras, el mismo cambio dio paso a cosas muy importantes, como la derogación del acuerdo de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES) que ponían en riesgo las reservas naturales. Luego Costa Rica que, respecto al respeto de la independencia de los poderes judiciales, obviamente se coloca en otro lugar históricamente.
Creo que también pudimos asistir en Guatemala a otro momento, un florecer, digamos, de la independencia judicial donde vimos la gran posibilidad que tienen las fiscalías y los jueces para investigar grandes casos de corrupción. Casos donde estaban involucradas tanto las élites políticas y económicas de Guatemala. Vimos además el esclarecimiento de casos de gran corrupción en Honduras, como el de la ex primera dama, Elena Bonilla, acusada de fraude. Casos también en El Salvador, como parte del trabajo de la anterior Sala Constitucional y de la anterior Fiscalía que juzgó a expresidentes.
Y precisamente todo ese progreso en la investigación, provocó un retroceso al reactivar a quienes siempre se habían privilegiado con la impunidad. Es el escenario que vemos ahora, con la persecución en contra de fiscales que han actuado conforme a derecho y en contra de jueces independientes. Guatemala, en este caso, es el ejemplo más claro. Pero también en El Salvador, de una forma más silenciosa, donde jueces y sobre todo magistrados han tenido que salir al exilio, luego de que la Asamblea arremetiera en contra del Poder Judicial, al instituir tanto a un nuevo fiscal general como a una nueva Sala Constitucional. Son retrocesos que nos recuerdan también lo que ocurrió en Honduras hace más de una década, cuando también se instituyó ilegalmente una Sala Constitucional. O Nicaragua, donde toda la criminalización política es una expresión de cómo todo el poder judicial está cooptado.
Hace apenas unos años, con la CICIG funcionando en Guatemala, toda la región quería algo parecido. ¿Una CICIES en El Salvador? ¿Una CICIH en Honduras a lo mejor? Ahora pocos políticos se atreven a ofrecer algo parecido. ¿Qué podría comentar ante este cambio tan radical en tan poco tiempo?
Sobretodo en Guatemala es muy claro este fenómeno. Las élites políticas y también toda la fracción empresarial que se ha beneficiado de fondos públicos, con privilegios de contratos a cambio del financiamiento electoral ilícito, no desea ninguna propuesta parecida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una entidad de esta naturaleza, precisamente por su independencia, fue la que logró desnudar la forma en que se hacía la política en el país. Sin embargo, creo que hay un clamor ciudadano en la región, una parte de la población que está muy cansada de la corrupción, sobre todo después de la pandemia, ya que las restricciones sanitarias también desnudaron la fragilidad de las economías centroamericanas.
Como siempre, se castigó a las personas más desfavorecidas. Hubo corrupción en la compra de vacunas, en la construcción de hospitales con manejo de fondos derivados de la emergencia. Es algo que ha acentuado el reclamo ciudadano, que piden también que se establezcan comisiones internacionales que luchen contra la impunidad. Es más, el presidente Bukele lo ofreció como campaña, una CICIES que no llegó a establecerse. Y la presidenta de Honduras, que también la incluyó como oferta de campaña, entiendo que ya se está avanzando en la posibilidad de establecer una comisión de esta naturaleza, auspiciada por Naciones Unidas. Pero siempre depende todo del momento político en que lo ofrecen.
Usted ha dicho en bastantes ocasiones que es necesario un ente externo que ayude a fortalecer los sistemas de justicia nacionales para combatir la impunidad. ¿Sin ese elemento, qué clase de justicia existe o ha existido en los países de Centroamérica? ¿Por qué no podemos solos?
Lo que ocurrió en Guatemala puede explicar esta idea, algo que está incluso documentado con nombres y apellidos de personas, y que deviene de la firma de la paz de 1996. Hubo esfuerzos muy grandes para crear nuevas instituciones y fortalecer la independencia judicial, pero también se dio una permanencia de las redes que se habían creado para encubrir las graves violaciones de derechos humanos. Pasaron de la Policía Nacional a la Policía Nacional Civil, de la vieja Procuraduría General de la Nación a la nueva Fiscalía General… Este relevo generacional, digamos, fue el que siguió operando hasta esta época en que avanzaron los casos de violaciones de derechos humanos y también casos de gran corrupción. Y justamente es en este momento donde vuelven a tratar de tomar el control del poder judicial. No desaparecieron. Y por ello vemos actos, embestidas tan fuertes, como lo ocurrido en El Salvador con la destitución de la Sala Constitucional, o en Guatemala, con la destitución directa de fiscales de carrera y jueces obligados a renunciar.
En la historia de nuestros países, también ha habido una vocación de las élites políticas y económicas para comprar los sistemas de justicia y actuar, en ciertos casos, con absoluta impunidad. Hay que reconocerlo, también, que gran parte de la tensión de fuerzas democráticas han sido ayudadas por diversas comisiones internacionales para recuperar la justicia al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué era importante en su momento una comisión internacional en Guatemala? Porque estas redes ya estaban operando en puestos clave dentro del sistema para favorecer a la impunidad. Y fue este tipo de entidades externas las que lograron evidenciarlas y exponerlas. Una vez que se contaba con este apoyo, hubo funcionarios en la Fiscalía que también pudieron actuar conforme a derecho, no es que no los hubiera, sino que se incrementó esta fuerza depuradora por decirlo así.
¿Por qué los gremios de abogados, los colegiados centroamericanos, en su mayoría, parecen también cómodos con la cooptación del sistema?
Puedo contestar desde la noción de Guatemala, que es la que más conozco. Recordemos que para elegir a las más altas autoridades de justicia, se estipuló que las comisiones encargadas estarían integradas por los decanos de las facultades de Derecho, lo que provocó que las distintas universidades del país crearan sus propias facultades para abogados que no cumplían con los requisitos mínimos para tener una silla en estas comisiones de postulación. No tenían alumnos, o apenas tenían profesionales. Así, un voto para la elección de altos cargos, ya sea para Corte Suprema de Justicia, o salas de apelaciones, o fiscal general, se convirtió en una venta de favores. Para tener plazas de profesores o para tener puestos directivos o para ganar los títulos… todo se convirtió en una red de corrupción.
Esto último se extiende a Centroamérica. Hay como mucha desesperanza, son pocos los abogados y abogadas, éticos y dignos, que podrían hacer la diferencia con sus votos, y simplemente no participan porque piensan que es imposible cambiar lo que hay.. Eso es algo común en la región tristemente, salvo en Nicaragua donde definitivamente cualquier participación política o cualquier voz crítica es obligada a salir al exilio, o es criminalizada. Ese extremo es grave porque hemos visto el cierre directo de universidades solo porque no eran complacientes con el régimen de Ortega.
¿Por qué ha sido tan fácil para los sectores de poder o pro impunidad “ideologizar” las investigaciones en contra de la corrupción? Eso de decir que es de izquierdas denunciar la corrupción.
No sé cómo diría el presidente Ortega, jeje, que es un asunto de izquierdas perseguir la corrupción, jeje. Yo creo que se trata de un asunto de valores democráticos. No podemos incluso decir, como dicen en Nicaragua, que se trata de una noción golpista, auspiciada por el imperio. O por la derecha recalcitrante, como también dicen ahí, que critica a un presidente de izquierdas en el poder. Como tampoco, como dicen en Guatemala, que es la izquierda la quiere tomar el poder, o la guerra a través del derecho. Son cosas totalmente absurdas.
Creo que ante tanta ilegalidad, ante tanta ilegitimidad, se les hace necesario la creación de narrativas que justifiquen un actuar en contra de la población, por fuera de la ley. Toda esta construcción ideológica de narrativas que se usaron durante la guerra interna, pues sencillamente se reaviva y se vuelve a poner en la escena. Y nos preguntamos cuánto cala este discurso. No sé honestamente si es lo que la mayoría de la población realmente cree y cuál es la opinión de la gran mayoría. Sí considero, sin embargo, que la ciudadanía está harta de la corrupción y están hartos de la impunidad.
Sin embargo, preocupa cuando estas ideas justifican acciones dictatoriales.
Preocupa sobre todo por el hecho de la criminalización, de la muerte civil de las personas, o de obligar al exilio a periodistas y defensores de derechos humanos, exjueces, exfiscales. Es sumamente grave porque se justifica la toma total de las instituciones estatales para favorecer a un pequeño grupo. Y cada vez vemos cómo incluso los medios de comunicación están siendo frontalmente atacados. El caso de elPeriódico es quizás el más grave con José Rubén Zamora privado en libertad, pero no es el único, o sea la persecución en contra de los periodistas ha obligado a varios al exilio.
Volviendo a El Salvador también ha habido criminalización en contra de importantes medios, también algunos periodistas han tenido que salir de El Salvador por temas de persecución administrativa. Y luego está la persecución penal que en Nicaragua obviamente es la más grave, donde el régimen ha cerrado directamente medios de comunicación, y los periodistas informan desde Costa Rica, desde el exilio.
Al tomar cada vez más el espacio, estos espacios democráticos, con los Estados impidiendo la posibilidad de que existan voces disidentes que expliquen y que cuenten lo que está ocurriendo, pues se genera un panorama muy sombrío. Porque vemos cómo este ejemplo que puso Nicaragua de autoritarismo, se extiende. Son casi que las mismas leyes calcadas las que se utilizan en Guatemala, casi los mismos discursos autoritarios que usa el presidente Bukele, la misma criminalización, y la misma persecución a la oposición.
Nos podría compartir cómo se asume el proceso de ser acusadora a ser perseguida. En su caso hay varias denuncias penales en su contra. Pero es una pregunta pensando en todos los actores, principalmente de Guatemala, que tras haber investigado grandes casos de corrupción hoy están siendo perseguidos, incluso en el exilio.
Paso con la conciencia muy tranquila de que lo que hice fue cumplir con mi obligación con la ley y con lo que deparaba la responsabilidad de mi cargo. Por supuesto siento una enorme rabia por estas demandas espurias que se han presentado en mi contra, es ridículo, uno de los casos se centra en que yo di una instrucción general para que se cumpliera con una sentencia de la Corte Interamericana, lo cual era mi obligación, para que se interpretara el tipo penal de desaparición forzada correctamente. Pero es preocupante porque cada vez hay más jueces con casos tan absurdos como este, que persiguen a jueces, fiscales y periodistas. Es muy desafortunado que por haber cumplido con su trabajo las personas tengan que salir del país.
Entonces, ¿cómo se asume? Pues te diría que con la dignidad de haber hecho lo que dice la ley que tenías que hacer, pero también con una rabia ante una injusticia tan grande. Y bueno creo que muchos de nosotros somos personas de derecho y vamos a usar las vías legales para hacer ver lo absurdas que son estas acusaciones, tanto nacional como internacionalmente.
La sociedad civil ha sido clave para generar cambios. Pero se siente el cansancio cuando nada cambia. La apatía de la población es muy grande en la actualidad. En Nicaragua las protestas han sido reprimidas, incluso con mucha violencia. En El Salvador se asoma un presidente ansioso de poder. En Honduras un clan familiar dirige el gobierno. Y en Guatemala se apagó la llama. ¿Qué tipo de fondo hay que alcanzar para lograr una reacción importante o bien el centroamericano prefiere al líder dictador, autoritario, caudillo?
En efecto, nosotros presentamos el informe de Nicaragua donde afirmamos que la represión en contra de la protesta social tenía rasgos de crímenes del Estado que deberían de ser investigados. Que hayan disparado contra manifestantes no fue un hecho aislado, ocurrió sostenidamente en el tiempo y también en varias zonas geográficas del país. Y bueno, en este mismo sentido, en Guatemala, con la ley que quieren aprobar en el Congreso en la que dan carta blanca a la represión policial, con privilegios si se delinque desde el poder, todo coincide nuevamente.
Es decir, estos rasgos autoritarios se contagian, pero creo que también por esa razón nuestra resistencia debería de ser regional. Yo estoy convencida de que es una corriente autoritaria regional a la que debemos reaccionar desde la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, pero desde la solidaridad regional buscando una respuesta colectiva que haga frente a esto que nos está ocurriendo. Por eso saludo a iniciativas como la de ustedes donde se han unido varios medios de comunicación para contar la región. Es parte de lo que podemos hacer.
¿Cómo ve los señalamientos de la lista Engel y la ley Magnitsky respecto a actores antidemocráticos en Centroamérica? ¿Tiene incidencia real o la influencia de Estados Unidos ante sistemas cooptados ya es algo baladí? Varios de los señalados lo ven como una medalla al mérito o bien como algo sin importancia.
Por más que vociferen que les encanta que les quiten la visa, no es real. Eso es una posición ante los medios. Creo que es muy importante que se nombre a las personas que favorecen a la corrupción y la impunidad, como la inclusión de la fiscal general Consuelo Porras en la lista Engel, por haber destituido ilegalmente al fiscal Juan Francisco Sandoval. Me parece que es acertado desde la política exterior de Estados Unidos, pero también tiene que escalarse, porque estar en estas listas significa estar con los actores más corruptos, no solo de la región. Pero también hay sanciones que son más poderosas como la ley Magnitsky, que ya va en contra de los bienes.
Quizás pueda no doler ser mencionado en una lista, pero si se incrementan esas sanciones, y si sobre todo se hacen de forma conjunta, no únicamente Estados Unidos, sino también las autoridades europeas, como le ocurrió a Nicaragua, pues se va cercando, se ahoga económicamente a quienes se han beneficiado del dinero público para un beneficio personal a través de la corrupción. Entonces creo que las listas son necesarias, pero no son suficientes.
Pero la apuesta de Estados Unidos, o al menos lo han insinuado así con la visita de Kamala Harris en 2021, ha sido la de proponer una agenda anticorrupción para detener el fenómeno migratorio.
Claro, por un lado tratan de actuar con suma dureza, pero luego frente al fenómeno de la migración, de la movilidad, tienden a ser complacientes, precisamente porque necesitan que los países centroamericanos sean los frenos. O como ocurrió con el presidente Trump que abrazó a los presidentes corruptos siempre y cuando aceptaran que los países de Centroamérica eran un tercer país seguro. Con Biden, aunque claramente ha esbozado una agenda anticorrupción como prioridad, lo cual me parece correcto, cuando se trata de temas de movilidad, pues no deja de continuar con las viejas prácticas. Lo vimos en Guatemala cuando el ejército fue el que paró a las personas que buscaban llegar a México en su ruta hacia Estados Unidos. Fueron imágenes que no creímos que íbamos a ver en la región en el siglo XXI.
¿Cómo se puede buscar justicia en estos contextos nacionales? ¿Qué papel juegan los principios de jurisdicción internacional? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? De qué sirven fallos de estas instancias frente a regímenes que no acatan y respetan sus propias leyes. Con nuevos caudillos que han observado/estudiado las sanciones de Estados Unidos y la Comunidad Internacional y dicen: “no me importa”.
Esta pregunta me parece muy importante.. Creo que el sistema interamericano está ahí justamente cuando fallan los sistemas nacionales. Creo que ni en Guatemala ni en El Salvador son absolutamente indiferentes a todo lo que dice la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un foro donde los Estados se sientan y tienen que dar cuentas y rendir explicaciones, de qué es lo que está ocurriendo. Es muy poderoso lo que estas entidades establecen sobre lo que es correcto e incorrecto, respecto a lo referente del derecho internacional y lo que se infringe sobre derechos humanos y las condenas.
Recordemos lo que hablábamos de aquellas narrativas que tratan de colocar la culpa sobre las víctimas y no sobre los verdaderos responsables. En ese sentido, la voz y las resoluciones del Sistema Interamericano son contundentes pues da mucha luz sobre quién está violando los derechos humanos, quién tiene la responsabilidad. Sobre Guatemala ya se han emitido varias medidas cautelares y ahí están los funcionarios rindiendo cuentas de qué han hecho para proteger a los jueces independientes, por ejemplo. El derecho internacional de los derechos humanos justamente se ha creado para estos momentos, cuando los Estados tienen la tentación de creer que su poder es absoluto, que no le tienen que rendir cuentas a nadie ni a sus ciudadanos ni a la comunidad.
¿Los grandes empresarios son cómplices de todo este sistema? ¿Qué necesita la élite centroamericana para comprender que, ante estos contextos cada vez más autoritarios, también sus intereses -no solo económicos- corren peligro?
Hay que tener una mirada más fina para poder entender quién o quiénes son los actores en algunos momentos. Recuerdo que Carlos Castresana, el primer comisionado de la CICIG, me decía que necesitaba conocer un juez honesto, un fiscal independiente, un fiscal valiente y estaban ahí solo que no los veíamos. Creo que así pasa con la élite económica. Quizás hay que encontrar a estos empresarios honestos y decentes, que estoy segura que lo que los hay, para luego buscar cómo pueden ellos alzar su voz crítica. Creo que nadie de ellos se quiere ver como parte de lo que mencionaba un funcionario de Estados Unidos: “la élite depredadora”. Es feo estar en esa categoría. Creo que hay actos de decencia que se pueden hacer y que pueden ir abriendo camino y creando otras formas de comunicarse con los ciudadanos, creando otras formas de hacer negocios.
Las élites también son ciudadanos de nuestros países y también tienen esta responsabilidad de construir un mejor paisaje.
¿Si pudiera calificar del 1 al 10, con cuánto calificaría la democracia de Bukele o de Giammattei o de Ortega o de los Zelaya?
Guatemala, Nicaragua y El Salvador definitivamente reprueban. Más que poner una calificación, lo que vemos es el resurgir del autoritarismo en la región y es lamentable y a la vez palpable. Hasta el momento creo que en Honduras hay otra tendencia consistente. Otro espacio, al menos por el momento, donde se han presentado leyes interesantes y propuestas importantes como la liberación de los defensores de la tierra y el territorio de Guapinol, que llevaban meses privados arbitrariamente de libertad. Nos habla de otra cosa. Aunque hay mucho por construir,por el momento, desde las organizaciones de derechos humanos, hemos hecho una propuesta, y ha sido escuchada hasta ahora por las autoridades.