Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en primera legislatura y de forma unánime y sin abstenciones, la iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política, propuesta por el dictador Daniel Ortega el pasado 19 de noviembre, la cual oficializa el Estado totalitario que de facto impuso la dictadura sandinista desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
Tras un discurso extenso, engañoso y populista del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sobre las bondades de la nueva Constitución Política -que no había sufrido un cambio tan profundo desde hace 37 años-, los 91 diputados y diputadas aprobaron de manera inmediata la reforma, sin mediar ningún debate, ni presentar ninguna objeción.
Dicha reforma entrará en vigencia el 10 enero de 2025 luego de ser aprobada en segunda legislatura, de acuerdo con Porras, y “ampliará significativamente múltiples derechos de la población nicaragüense”. Según operador político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la propuesta surge ante “las necesidades económicas y políticas que demanda el país”.
Mientras que la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Loria Raquel Dixón, aseguró que la propuesta de ley “está bien fundamentada y no se contradice con el procedimiento de reforma constitucional establecido”.
Sin embargo, lejos de ser una reforma parcial como fue presentada, la reforma modifica en su totalidad la estructura del Estado, desmonta la independencia de poderes, degradándolos a simples órganos, formaliza la figura de “Copresidencia”, cambia por completo la figura de la vicepresidencia, extiende el período de jefatura de Estado un año más y ordena otros cambios incongruentes con un Estado de derecho.
Además de legitimar la autocracia y fusionar oficialmente el Estado-Gobierno-Partido, que ya había estado en práctica desde la llegada del régimen al Poder, también legalizó a los paramilitares a través de la creación de la Policía Voluntaria, personajes claves en la represión, asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales ocurridas hace seis años.
Cambios a la Constitución Política no cumple requisitos
Pese a que Porras y Dixom aseguraron que la reforma a la Constitución Política cumple con los requisitos para su cambio, por la conformación de la Comisión Especial de Carácter Constitucional -creada apenas hace dos días-, quienes se supone debían analizar la vialidad de esta iniciativa, para una modificación de tal calibre se necesitaba realizar una Asamblea Nacional Constituyente.
“Esa es la gravedad, que sin haber hecho una consulta constituyente, cambian el sentido del Estado de Nicaragua por completo a socialista. Es decir que esa declaratoria de socialista elimina constitucionalmente el pluralismo político, que de facto ya estaba purgado”, explica a DIVERGENTES un jurista experto en constitucionalismo.
Una vez entrada en vigencia nuevas reformas a la Constitución Política, el Estado de Nicaragua será oficialmente “revolucionario”, tendrá dos co-presidentes, cargo ostentado por Daniel Ortega y Rosario Murillo -quien ya estaba ejerciendo de facto como “co-presidenta”- y los poderes se doblegarán de forma total a estas dos figuras.
Los cambios a la Constitución también incluye materia educativa, cultural, comunicacional, religiosa y otras libertades ciudadanas que ahora deberán de estar de acuerdo a los nuevos principios constitucionales. En el caso del incumplimiento de estos nuevos principios, el Estado puede acusar a las personas de “traición a la patria” y ordenar la ejecución de medidas legales de lo que esto implica.