Complices Divergentes
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Corte Suprema de Costa Rica pide levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

El mandatario enfrenta una acusación por presunta concusión en un contrato financiado por el BCIE. La decisión queda ahora en manos del Congreso

Contrato
Fotografía de archivo fechada el 05 de mayo de 2025 del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, saludando a sus simpatizantes en San José. EFE/ Jeffrey Arguedas

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, para que pueda ser investigado penalmente por un presunto delito de concusión relacionado con un contrato de 405 800 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La decisión fue adoptada este martes 1 de julio por el Tribunal de Corte Plena, con 15 votos a favor y siete en contra.

Es la primera vez que la Corte Suprema de Costa Rica plantea el levantamiento del fuero a un presidente en funciones. La solicitud responde a una acusación presentada por la Fiscalía General de la República el pasado 7 de abril, en la que se señala a Chaves por haber inducido al empresario audiovisual Christian Bulgarelli a entregar 32 000 dólares a su exasesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de adjudicarle el contrato para brindar servicios de comunicación a la Casa Presidencial durante el primer año de su mandato.

Según la Fiscalía, el contrato fue diseñado a la medida para favorecer a RMC La Productora S.A., empresa propiedad de Bulgarelli. El proceso de licitación fue financiado por el BCIE mediante una donación, pero se habría coordinado desde Casa Presidencial con la participación directa del presidente, su entonces jefe de despacho y actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, y Federico Cruz, exasesor de campaña de Chaves y figura cercana al mandatario.

“Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato”, indica la acusación del Ministerio Público.

El empresario confesó a la Fiscalía que, por solicitud de Chaves, depositó los 32 000 dólares en la cuenta de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, para que Cruz pudiera residir allí con opción de compra. En agosto de 2024, la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo por impago contra Cruz en ese mismo lugar.

El BCIE sancionó a Bulgarelli y su empresa en junio de 2024 con un veto de siete años por prácticas de fraude y colusión, al admitir que elaboró los términos de referencia del contrato en coordinación con una exfuncionaria del Ministerio de Comunicación.

Del fuero al plenario legislativo por contrato investigado

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Foto de archivo: Rodrigo Chaves en la sede de la Asamblea Legislativa, en mayo de 2022, durante su juramentación como el presidente 49 en la historia de Costa Rica. EFE/Bienvenido Velasco

La Asamblea Legislativa debe ahora conformar una comisión especial que estudiará el expediente y emitirá una recomendación al plenario. El reglamento exige 38 votos favorables para aprobar el levantamiento de la inmunidad. El procedimiento podría acortarse si el presidente o el ministro Rodríguez renuncian voluntariamente a sus fueros, según explicó el diario costarricense La Nación.

El artículo 355 del Código Penal de Costa Rica establece penas de dos a ocho años de cárcel para el funcionario público que “abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente […] un bien o un beneficio patrimonial”.

La Fiscalía también otorgó a Bulgarelli un criterio de oportunidad que suspende la acción penal en su contra a cambio de su colaboración eficaz en el proceso judicial. Si no cumple con lo pactado, se reactivará la acusación en su contra.

Este caso cobró notoriedad pública en diciembre de 2023, cuando el diario La Nación publicó audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien afirmó haberlos entregado “para documentar hechos que podrían ir contra la ley o la ética”. En las grabaciones, según el medio, Chaves se refiere a sus “antojos” y a la intención de incluir a “Choreco” en el contrato financiado por el BCIE.

El Gobierno respondió señalando a Navarro como la responsable de la contratación y presentó una denuncia penal contra ella y contra el diario La Nación por divulgar los audios, calificándolos de “ilegales”.

Además de esta causa, el presidente Chaves enfrenta otra investigación penal por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento irregular de su campaña en 2022. Esa causa aún no ha sido analizada por la Corte Suprema.


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