La nueva estrategia del régimen Ortega-Murillo para frenar las muertes por accidentes de tránsito conduce hacia otro rotundo fracaso. La principal evidencia son los datos oficiales expuestos por la misma Policía Nacional: durante los primeros siete días en que se “aplicó” la disminución de los límites de velocidad en todo el país, del 16 de junio al 22 del mismo mes, las defunciones en pista pasaron de ocho a catorce, y el número de colisiones apenas disminuyeron de 1142 a 1109, en relación con la semana previa.
Frente a los pésimos resultados de esta nueva regulación en los límites de velocidad, el dictador Daniel Ortega anunció en un acto oficial que en 15 días evaluarán el impacto de su propuesta. “Hay que ir haciendo un conteo. ¿Cuánto es el promedio que teníamos antes? Habrá que sacar el promedio a partir de esa fecha. Porque aquí se trata de salvar vidas. Salvar vidas”, expresó.
Aunque en esa comparecencia pública Ortega no explicó qué cambios podrían aplicarse a partir de los resultados que obtengan en los próximos quince días, una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Mint) que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, señaló que las probabilidades de que los límites de velocidad se queden tal y como ordenaron hace una semana (50 kilómetros por hora para vehículos particulares y transporte público en carretera, y de 40 por hora para motocicletas), son bajas, no solo por el pésimo resultado, sino porque transportistas del sector público y privado se quejan de los costos financieros que supone viajar a tan baja velocidad.
La fuente del Mint, quien tiene conocimiento sobre los planes implementados por la Policía para disminuir la accidentalidad en Nicaragua, agregó que cualquier estrategia que surja de la evaluación de este nuevo plan, por muy buena que sea, tendrá que enfrentarse con una enorme piedra que ha destrozado todos los planes anteriores: la corrupción en Tránsito Nacional, una oficina policial que históricamente ha tenido un trabajo más de recaudación que de educación vial.
“Los planes fracasan porque a Tránsito solo le importa la recaudación y las coimas”, aseguró la fuente del Mint, quien señaló que desde el 2014 cuando reformaron la Ley 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehícular e Infracciones de Tránsito, el régimen sandinista apuntó más a engrosar las cuentas de la institución policial, que a disminuir la accidentalidad en el país.
La primera estrategia que fracasó: La reforma a la Ley 431
A inicios del año 2014, los diputados de la Asamblea Nacional, dominada ampliamente por el partido Frente Sandinista, aprobaron la reforma a la Ley 431. Durante el debate, al menos diez legisladores coincidieron en que el objetivo principal era crear conciencia en la población para que manejara responsablemente y así, se redujera el número de muertes por accidentes de tránsito.
En 2013, según datos de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, se reportaron alrededor de 27 000 accidentes viales en Nicaragua, con un saldo de 577 muertos.
La reforma también creó el Consejo Nacional de Educación Vial, que en teoría sería coordinado por el Ministerio de Educación y cuya función es reeducar a los infractores; capacitar, enseñar e instruir en la técnica de manejo a los nuevos conductores, y promocionar la educación vial en los centros escolares de educación primaria, secundaria, universidad y técnicos-vocacionales, entre otros.
Mientras los diputados sandinistas y los medios de comunicación oficialistas celebraban la creación de este nuevo Consejo Nacional de Educación Vial, los conductores de vehículos cuestionaban el aumento de hasta tres veces en el valor de las multas de tránsito.
“El enfoque que hay que darle es que debe ser educativo y preventivo y no fijarse en que si la multa es cara o es de cinco mil o es de cuatro mil o es de tres mil, porque realmente la multa es lo que debemos de evitar llegar a ella, cualquiera sea la multa, porque ese no es el objetivo, no es la multa, la multa es un elemento, la multa es un disparador para que nos detengamos un poquito”, dijo el mismo diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien está sancionado por Estados Unidos por sus operaciones paramilitares en 2018.
Multas incrementan para satisfacer voracidad recaudatoria
Con la reforma, el valor de la multa por conducir en estado de ebriedad extrema pasó de 1500 a 5000, siempre y cuando el conductor superara los dos gramos de alcohol por litro en sangre. En tanto conducir en estado de embriaguez, de uno a dos gramos de alcohol por litro en sangre, supuso un costo de 4000 córdobas, que se mantienen hasta la fecha.
Conducir bajo el efecto de drogas o sustancias psicotrópicas aumentó de 1500 a 4000 córdobas. Además, se agregó la prohibición por conducir de forma temeraria, con un valor de 3000 córdobas. No obstante, no solo se revisó el valor de las multas, sino que también se hizo una subdivisión y aumentó de 56 infracciones contempladas en la Ley, a 63.
El artículo 145 de la reforma dejó expuesto un nuevo cobro en los servicios de tránsito, esta vez, derivado de las infracciones por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Por primera vez se incluyó el cobro por el seminario de reeducación de infractores, cuya duración es de 40 horas mínimo, y tiene un costo de 2000 córdobas; y el de educación vial y manejo defensivo, que dura ocho horas y tiene un valor de 500 córdobas.
Un experto en educación vial que participó en las consultas a la reforma de la Ley 431, explicó a DIVERGENTES que en 2014, después de la aprobación de la ordenanza, no hubo un cambio notorio en la disminución de muertes por accidentes. Al contrario, lo que ocurrió fue un aumento en las fatalidades y en la recaudación de dinero por multas.
Policía aumentó sus ingresos, pero las muertes también subieron
Según el informe de liquidación del Presupuesto General de la República del año 2013, la Policía ingresó 81.2 millones de córdobas en concepto de multas de tránsito. Para 2014, con la reforma y la creación del Consejo y la puesta en práctica de los seminarios, esa cifra aumentó hasta los 122.5 millones de córdobas.
Contrario a esta bonanza de recaudación, el número de muertos por accidentes de tránsito pasó de 577 en 2013 hasta los 669 en 2014, de acuerdo a los datos del anuario estadístico de la Policía Nacional correspondiente a ese último año.
“La reforma provocó un cambio, claro que sí, pero en beneficio de la institución policial con la recaudación de dinero por multas y por los famosos seminarios”, explicó el experto en seguridad vial, quien habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
El fracaso de esta primera estrategia quedó en evidencia en los anuarios estadísticos de la Policía Nacional de los siguientes años. Las muertes por accidentes de tránsito siguieron aumentando. En 2015 fueron de 675, en 2016 de 791 y en 2017, apenas bajaron a 782.
Aunque en 2018 la cifra de muertos por accidentes disminuyó, el número continuaba siendo alarmante pese a la reforma. Ese año fallecieron en las pistas de Nicaragua 726 personas. Sin embargo, en 2019 y 2020 hubo un incremento de 846 y 830 muertes, respectivamente.
Los años más funestos fueron los siguientes: en 2021 fallecieron en accidentes de tránsito 909 personas; en 2022 fueron 978 y en 2023 las fatalidades llegaron a 1014. El único éxito de la reforma todos estos años fue el incremento en la recaudación de dinero por multas e tránsito.
De acuerdo a los informes de ejecución del presupuesto general de la república, la Policía Nacional pasó de ingresar 177.3 millones de córdobas en 2015, a 343.4 millones de córdobas en 2023. Un aumento del 100%, frente a una tendencia de incremento de muertes, las cuales no se frenaron con nada.
El segundo fracaso: El famoso “ayudame a ayudarte”
Según el experto en seguridad vial consultado para este artículo, entre 2023 y 2024 se aplicó una nueva estrategia que en teoría “se venía ejecutando en años anteriores”, pero que nunca tuvo resultados, porque siempre entró en juego la corrupción policial y el sistema de coimas.
La orden desde la alta dirigencia del régimen sandinista fue aplicar “mano de hierro”. Amenazar a los conductores infractores con las multas que estaban contempladas en la Ley, más el pago de los seminarios de reeducación de conductores y la suspensión de licencias. También la amenaza de estar durante tres días encarcelado por manejar en estado de embriaguez.
“Empezamos bien, con retenes puntuales en las principales avenidas de Managua. Multas, traslados de vehículos al depósito vehícular y ciudadanos detenidos hasta por 72 horas por manejar ebrios. Unas semanas después. todo se vino en picada”, relató Carlos, un exoficial de tránsito que actualmente está solicitando asilo político en Estados Unidos.
Carlos explicó que los retenes continuaron, pero ahora se decidía quién podía ser multado y quién no. Además, el cumplimiento de los seminarios de reeducación se definían por “conectes” dentro de la institución, al igual que las suspensiones de licencia. Según el exoficial, las coimas se dispararon y la recaudación por otras multas menores también aumentaron.
“Por ejemplo, si yo te detenía en carretera a Masaya y después de hacerte la prueba de alcoholemia dabas positivo, antes de aplicarte la multa, tenía que consultar con mi superior. Y él decidía si te multaba con 5000 córdobas, que es lo que vale la multa, o te ponía otra más baja, y luego te dejaba ir. Todo eso, si aplicaba, tenía un costo para el conductor… la mordida pues”, asegura Carlos.
El sistema de coimas, sumado a la corrupción y las recaudaciones de dinero como meta, según el experto en seguridad vial, son el principal Talón de Aquiles de cualquier estrategia que se desarrolle para frenar accidentes y muertes en las carreteras.
“Los policías dejan de cumplir su función y se enfrascan en cumplir con un objetivo recaudatorio o de beneficio propio. Y en lugar de detener al infractor y evitar que se accidente o mate a otra persona, lo dejan marcharse provocando inseguridad en las carreteras”, refirió el experto en seguridad vial.
Francisco, una prueba del fracaso de la estrategia del régimen
Francisco, un nicaragüense que actualmente reside fuera del país, es un ejemplo claro de cómo la estrategia del incremento de multas y los seminarios de reeducación, contemplados en la Ley 431 desde 2014, son un fracaso por la misma corrupción y la incorrecta aplicación de las disposiciones legales de esta ordenanza.
En 2023, Francisco fue detenido por oficiales de tránsito saliendo de una discoteca a eso de las dos de la madrugada. Los agentes se percataron que iba en estado de ebriedad y aunque le dijeron que lo iban a multar y sería remitido al distrito policial por exponer personas al peligro, finalmente ninguna advertencia se cumplió.
“Yo ofrecí dinero porque el oficial me insinuó que podía hacerlo. Me dijo ‘ayudame a ayudarte’ y yo entendí que quería mordida. Me explicó todo lo que iba a pagar en la Policía y lo del curso. Primero le dije que le iba a dar 1000 córdobas, pero se negó. Me respondió que eso no valía dejarme ir. Que por 3000 me iba a dejar tranquilo. No negocié, para qué… le di la plata y me fui”, recuerda Carlos.
A pesar de esa primera experiencia, Carlos continuó cometiendo el mismo error e infringiendo la Ley, al menos dos veces más con el beneplácito de oficiales de tránsito, quiénes lo multaron en esas ocasiones con infracciones menores, pero aceptando una coima alta para que este no enfrentar el temido seminario.
Los seminarios “fantasmas”
A mediados de 2024 Graciela salió de su casa con la intención de pasarla bien. La joven de 26 años estuvo hasta altas horas de la noche divirtiéndose con shots de tequila y margaritas. Aunque afirma que salió del establecimiento rumbo a su vehículo en pie y sin estar “perdida”, en un retén sobre la Carretera Sur, fue detenida por oficiales de tránsito.
Al igual que a Carlos, le explicaron todas las faltas que había cometido y cuando le realizaron la prueba de alcoholemia, dio positivo. Graciela no intentó “negociar” con los oficiales porque estaba clara de su error. Simplemente aceptó la multa por conducir en estado de embriaguez cuyo valor es de 4000 córdobas. Asimismo la suspensión temporal de su licencia y la orden de ir a Tránsito Nacional a pagar y cursar los seminarios de reeducación.
“Me contaron tantas experiencias de esos seminarios que tenía miedo. Era la primera vez que me pasaba. Fui a Tránsito a pagar y hacer los seminarios. Yo leí en la Ley que eran 40 horas, eso me abrumó porque no tenía tiempo en mi trabajo para estar faltando, pero ya en el lugar te das cuenta que no hay reeducación, ni dura tanto… Yo lo vi como una forma de sacarte dinero por un error que cometiste”, afirmó.
Graciela compartió salón con una treintena de conductores, quienes al igual que ella, llegaron por manejar en estado de ebriedad. Ahí preguntó a uno de los infractores la duración del curso y este le dijo que solo eran cuatro horas, que no se preocupara y que lo decía por experiencia porque esa era su tercera vez en el seminario de reeducación.
El seminario, según Graciela, era más una ponencia de regaños y gritos del oficial de tránsito a cargo. Les leyó la ley y sus infracciones y también les mostró videos de accidentes de tránsito fatales. Las cuatro horas pasaron rápido y la joven no regresó más a Tránsito Nacional.
“Aquí tenés el otro problema con esto de los seminarios. La Ley dice claramente que son 40 horas lectivas, y el otro ocho horas. Pero los infractores pasan solo cuatro horas, quizás seis en algunas ocasiones, y luego pagan y se van. ¿Cómo es que se reeduca en una charla en la que un oficial solo grita y que dura tan poco? Entonces los conductores salen temerosos, pero al día siguiente cometen el mismo error”, cuestionó el experto en seguridad vial.
Sobre la estrategia de encarcelar por tres días a los infractores, el experto en seguridad vial explicó que esto solo amedrenta a unos pocos, porque el resto, continuará manejando a exceso de velocidad o ebrios, debido a que en los seminarios no existió una verdadera reeducación, sino una actividad de cuatro horas en las que se recaudó mucho dinero.
“Si tenés conecte, solo pagás la multa de 4000 córdobas, más el seminario que vale 2000. Y si vas preso y no mataste a nadie, salís de la cárcel a los dos o tres días con “el susto” de tu vida. Y con el cuidado de que no te agarre un policía para que no volvás a pagar lo mismo. ¿Cuántas historias de amigos hemos escuchado sobre cómo se salvaron de una multa por haber dado una mordida, o cómo les ayudaron a pagar solo el seminario sin cursar? Muchas, sin duda”, reflexionó el experto en seguridad vial.
Las costuras de un nuevo fracaso
A pocos días de que se cumpla el plazo que el dictador Daniel Ortega ordenó para revisar la estrategia que pretende frenar accidentes y muertes en las carreteras, se repitió la tendencia. Los decesos, en lugar de disminuir, aumentaron. Un recuento realizado por DIVERGENTES basado en las notas informativas publicadas por medios de la propaganda de la dictadura, revela que de la semana del 23 al 30 de junio fallecieron al menos 16 personas.
La cifra, es mayor comparada con el monitoreo realizado por la Policía Nacional durante la semana del 16 al 22 de junio (14) y es encabezada por motociclistas que, según las notas informativas, conducían a exceso de velocidad.
La Policía emitió el martes 1 de julio su reporte semanal de accidentes, registrando 13 muertos desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29, sin tomar en cuenta los decesos ocurridos el lunes 30 junio, que fueron tres. En ese mismo período, reportó 80 detenidos por conducir en estado de ebriedad y 665 licencias suspendidas.
“La solución no es disminuir el límite de velocidad en las carreteras. La respuesta a esta ‘pandemia’ es la educación vial. Que la reeducación sea correcta, que se cumplan las 40 horas como indica la Ley, y que los infractores que ponen en riesgo la vida de las demás personas, se les castigue según el Código Penal y se les suspenda la licencia, de ser posible”, explicó el experto en seguridad vial.
Respecto al Consejo Nacional de Educación Vial, que en teoría está coordinado por el Ministerio de Educación y cuya función es reeducar a los infractores; capacitar, enseñar e instruir en la técnica de manejo a los nuevos conductores, entre otras, el experto insistió en que esta herramienta debería ser la punta de lanza para que los conductores no solo conozcan de la Ley, sino de que apliquen las técnicas de manejo adecuadas.
“En Nicaragua es fácil comprar una licencia”
Un profesor de una escuela de manejo de Managua que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, respaldó lo dicho por el experto en seguridad vial, y agregó que si los nicaragüenses realmente aprendieran en centros capacitados para esto y “no compraran las licencias”, el problema de la accidentalidad disminuiría, al igual que el número de muertes.
“No solo conductores particulares, también conductores de camiones, de transporte público. Todos necesitan reeducarse, y de ser posible, hacer pruebas de manejo anuales que los evalúe y determine si están aptos para manejar. En Nicaragua es fácil conseguir una licencia y manejar… por eso es que ocurre un accidente. Hay que terminar con este tipo de irregularidades”, señaló el profesor de manejo.
Un artículo publicado por Confidencial expuso que “hacer giros indebidos, invadir carril y la imprudencia peatonal son las tres principales causas de muertes en accidentes de tránsito en Nicaragua, y no el exceso de velocidad, como justificó Daniel Ortega” para imponer los 50 kilómetros por hora como nuevo límite de velocidad en las carreteras. De acuerdo a la publicación, el exceso de velocidad tampoco está entre las principales causas de accidentes.
“Ese dato de las principales causas de las muertes en accidentes de tránsito refleja que lo que hace falta en Nicaragua para detener esta mortandad es educación, voluntad y por supuesto cortesía. En las carreteras el que lleva un vehículo tiene un arma y es fácil jalar el gatillo, que en este caso es el acelerador, para matar a alguien o a uno mismo. Ojalá el Gobierno de verdad impulse campañas, pero sobre todo, elimine las irregularidades que evitan que cualquier plan funcione”, finalizó el profesor de la academia de manejo.