El asesinato del Mayor en retiro, Roberto Samcam, el pasado de 19 de junio en su casa de habitación San José, Costa Rica, ha demostrado con todas sus letras la nefasta actividad represiva transnacional de la dictadura Ortega-Murillo. Este asesinato fue debidamente premeditado y ejecutado por las estructuras de inteligencia del régimen nicaragüense que pone de relieve la presencia de células del orteguismo en territorio costarricense, algo, hasta hace menos de un año, negado por el mismo presidente Rodrigo Chaves. 

Este hecho –así como los atentados que sufrió Joao Maldonado, y el asesinato del campesino Jaime Chavarría– no solo merece nuestra condena clara y determinada como nicaragüenses, como defensores de derechos humanos y activistas, sino que también requiere reconvenir y emplazar al Estado de Costa Rica sobre su obligación de proteger de forma efectiva a los refugiados que son perseguidos por la tiranía de los Ortega-Murillo. 

Costa Rica es signatario de diversos instrumentos internacionales entre ellos, el Estatuto del Refugiado de 1951, contenido en la Convención de Ginebra; la Declaración Universal de Derechos Humanos, la la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes, etc, que le obligan a otorgarle a toda persona perseguida por razones políticas –y de otra índole– una protección territorial efectiva que le garantice la plena titularidad de sus derechos a la vida, libertad y seguridad. 

Eso significa que Costa Rica debe tomar todas las medidas para prevenir que, quienes han sido protegidos internacionalmente por su Estado, puedan correr, dentro de este, algún riesgo. Y acá no importa si el riesgo es pequeño o grande. Debe evitar que en su territorio una persona sea perseguida. Punto. Y si ello pasa, debe investigar, imputar y procesar a los responsables y establecer con claridad meridiana en los libelos acusatorios las cadenas de mando.  

Las obligaciones internacionales que se han mencionado no son ni programáticas, ni semánticas, son normas internacionales de ius cogens, y por lo tanto su inobservancia conlleva responsabilidad internacional. Además, la obligación de la protección de las personas dentro de la jurisdicción costarricense subyace en el ejercicio mismo de su soberanía territorial interna que está siendo claramente violada por Nicaragua, porque está extendiendo el ejercicio de su poder despótico –ilegítimo, desde luego– a un tercer Estado. Eso legitima a Costa Rica a demandar ante la Corte Internacional de Justicia tal transgresión de su soberanía nacional. 

El presidente Chaves, las instituciones democráticas costarricenses, y los poderes públicos deben analizar, seriamente, estos hechos que les impone un desafío a su Estado de Derecho y sistema democrático. No pueden darse el lujo que su territorio se convierta en un corredor de extensión del paraíso de impunidad que han hecho de Nicaragua Ortega y Murillo. 

Así pues, está investigación, no puede recaer únicamente en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) –necesario para el esclarecimiento del crimen y la identificación de los autores materiales e intelectuales–, también requiere la incorporación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), no solo porque el asunto incorpora temas de seguridad nacional, sino porque requiere el despliegue de una serie de actos de inteligencia que permita el desmantelamiento de la estructura criminal que las células orteguistas tienen instaladas en territorio tico. De lo contrario, Costa Rica podría estar contribuyendo –por omisión– a la continuidad del desarrollo de las acciones criminales de la dictadura en contra de las personas a quienes está obligada a amparar eficazmente. 

Finalmente, quiero manifestarle, a la familia de Roberto, a su esposa Claudia y a sus hijos e hijas, mis más sinceras condolencias y mi compañía en estos duros momentos. Su asesinato y el del resto de victimas de la dictadura no quedarán impunes.