Entre enero y julio de 2025 en Nicaragua ocurrieron cinco tragedias violentas que reflejan, en medio de una espiral de incidentes similares, la incapacidad del sistema judicial y de salud para prevenir crímenes que podrían haberse evitado con una adecuada intervención y seguimiento. Expertos consultados advirtieron que estas son historias marcadas por un patrón común: violencia doméstica, falta de atención en salud mental y ausencia de mecanismos efectivos de protección, derivando en muertes dolorosas y evitables.
Uno de los casos más recientes que retrata esta problemática ocurrió en Managua el pasado 22 de junio de 2025, cuando Bayardo Jesús Morales Osorio asesinó a su esposa e hija de 13 años y luego se suicidó. Antes de quitarse la vida, grabó un video en el que narró cómo cometió los crímenes, impulsado —según dijo— por el rechazo de su expareja para retomar la relación.
Según reportes de medios de propaganda del régimen sandinista, cuatro meses antes del crimen, su expareja había denunciado a Morales Osorio por amenazas de muerte. Aunque fue puesto bajo régimen de prueba, el sistema judicial lo liberó, sin aplicar medidas efectivas de seguimiento, ni garantizar protección a su familia.
Agresores sin previa evaluación
Ana Quirós, experta en salud pública, explica que en este caso en particular, el sistema judicial y el Ministerio de Salud no realizaron una valoración adecuada sobre el estado mental del agresor, ni sobre el riesgo que representaba para sus víctimas, antes de liberarlo.
“Este hombre tenía antecedentes. La víctima lo había denunciado por amenazas, estaba bajo régimen de prueba. ¿Por qué no hubo una evaluación psicológica? ¿Por qué no se revisaron sus patrones de comportamiento antes de levantar las restricciones? Claramente no hubo ningún papel preventivo por parte del Estado nicaragüense”, cuestionó la experta.
Señaló además que en el video que el agresor grabó antes de suicidarse, es evidente su distorsión mental, motivada por una actitud posesiva y machista que de haberse evaluado a tiempo, podría haber salvado dos vidas.
Para la especialista, lo más alarmante es la falta de articulación entre el sistema de justicia, el penitenciario y el de salud. “No hubo ninguna medida preventiva. No se activó ninguna alerta interinstitucional. Y mientras tanto, el Estado mantiene estructuras de vigilancia comunitaria dedicadas a vigilar opositores, pero no juega ningún papel en proteger a las familias en riesgo”, denunció.
Otro caso similar que demuestra la falta de seguimiento es el de Erick Ramón Hurtado Urbina, de 67 años, quien asesinó a cuchilladas a su esposa, Sara Fernanda Áreas Padilla, de 30, en una vivienda del barrio La Fuente, en Managua, el 12 de enero de 2025.
Según reportes del medio propagandista Tu Nueva Radio Ya, la víctima lo había denunciado previamente por intento de femicidio, pero Hurtado huyó y logró evadir la justicia hasta el día del crimen. Tras cometer el asesinato, se suicidó con la misma arma cortopunzante. Nuevamente, la falta de medidas preventivas y seguimiento adecuado de su historial de violencia doméstica dejó en total indefensión a su víctima.
Negligencia y control político
Un especialista en salud mental nicaragüense, quien accedió a brindar declaraciones bajo anonimato, advirtió que la principal barrera para prevenir este tipo de tragedias desde el sistema judicial y de salud es la falta de autonomía institucional. Explicó que muchas decisiones técnicas están condicionadas por criterios políticos, limitando la capacidad de respuesta profesional en casos de alto riesgo.
“En el caso del personal sanitario enfrentan presiones para evitar reportes considerados ‘sensibles’ o que puedan afectar la imagen de estabilidad que intenta proyectar el régimen”, aseguró. Esa presión, añadió, provoca un subregistro de casos críticos y una intervención mínima por temor a represalias o a la estigmatización del sistema.
“Existe una enorme brecha entre la demanda real de atención y la capacidad institucional para responder. El presupuesto destinado a salud mental es ínfimo, no hay una red articulada para dar seguimiento a casos complejos, y en muchos municipios ni siquiera hay un psicólogo clínico o un psiquiatra disponible”, precisó.
Un abogado penalista consultado para este reportaje, quien también prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señala que el sistema judicial nicaragüense comete errores graves al liberar o no dar seguimiento adecuado a personas acusadas de violencia doméstica, que posteriormente terminan asesinando a sus víctimas.
“La evaluación del riesgo de reincidencia es insuficiente y se prioriza la ausencia de antecedentes penales, por encima de las denuncias recientes y evidencias claras de violencia”, explicó.
Además, denunció que tras la liberación de estos agresores, no se implementan medidas efectivas de supervisión, como órdenes de alejamiento o monitoreo constante, dejando a las víctimas expuestas y vulnerables.
“El sistema parece más preocupado por la reducción de la población penal y el cumplimiento formal de procedimientos, que por la seguridad real de las víctimas”, indicó el experto.
Este además considera que esta negligencia institucional convierte a la justicia en cómplice silenciosa de tragedias evitables, al no aplicar mecanismos preventivos que garanticen la vida y la integridad de las mujeres en situación de riesgo.
Entre 2015 y mayo de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a 50 664 reos comunes en Nicaragua bajo la figura del “régimen de convivencia familiar”. Entre los beneficiados hubo agresores denunciados por violencia intrafamiliar que, tras ser liberados, asesinaron a las mujeres que los habían denunciado.
“Mis niños están muertos”
La madrugada del viernes 4 de julio de 2025, el municipio de El Tuma-La Dalia, en el departamento de Matagalpa, amaneció marcado por una tragedia que estremeció a la comunidad. En una modesta vivienda del barrio Linda Vista, dos niños de apenas 5 y 3 años, fueron hallados sin vida. Sus cuerpos estaban dentro de la casa, donde también se encontraba su madre, Guadalupe Vílchez, de 25 años, envuelta en una crisis emocional.
En una de las paredes, escrita con letra temblorosa, la joven madre había dejado un mensaje: “Lo siento, perdón, ya no podía más. Me disculpo por esto, pero si ya no estoy yo… ¿con quién se quedarían ellos?”. El texto, aparentemente cargado de angustia y desesperación, reveló el deterioro de su estado mental y una posible intención de acabar también con su vida.
De acuerdo con reportes de medios locales, vecinos y familiares confirmaron que Guadalupe había pedido tres días de permiso en su trabajo y, durante ese lapso, se mantuvo incomunicada, hasta que un familiar al llegar a su casa descubrió la escena. La joven mujer abrió la puerta con el rostro desfigurado por el llanto y solo alcanzó a decir: “Mis niños están muertos”.
Según confirmó la misma vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo, la joven madre había sido atendida en varias ocasiones por el Ministerio de Salud por problemas de salud mental. Sin embargo, no hubo un seguimiento, ni una intervención que permitiera evaluar el nivel de riesgo, ni para ella o los menores bajo su cuidado.
“Este caso revela de forma dolorosa las grietas del sistema público en Nicaragua, donde la salud mental no cuenta con planes de prevención, ni protocolos eficaces para proteger a la niñez. Esa mujer debió estar bajo seguimiento de las autoridades de salud, pero, sobre todo, sus hijos debieron recibir asistencia y resguardo por parte del Ministerio de la Familia”, comentó el experto en salud mental.
Presupuesto para salud mental es un misterio
El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió en 2025 una asignación de 26 180 millones de córdobas, lo que representa el 17 % del gasto público total. Sin embargo, el Presupuesto General de la República (PGR), no detalla cuánto de ese monto se destina específicamente a la atención en salud mental.
Desde 2015, durante el XXXIX Congreso Centroamericano y del Caribe de Psiquiatría, el régimen Ortega-Murillo no ha vuelto a divulgar información concreta sobre la inversión pública en salud mental.
En esa ocasión, se reveló que apenas el 0.8 % del presupuesto total en salud se destinaba a esta área, lo que equivalía a 15 córdobas por habitante al año. Desde entonces, no ha existido actualización oficial sobre el porcentaje real de asignaciones de fondos públicos para enfrentar este flagelo.
Un análisis de DIVERGENTES a los informes de ejecución presupuestaria de 2024 del Ministerio de Hacienda confirma que no existe ninguna partida específica ni datos desglosados sobre inversión en salud mental.
En los reportes trimestrales y semestrales aparece registro alguno de recursos asignados a programas o servicios de salud mental, como los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) o el Hospital Psiquiátrico Nacional.
El especialista en salud mental consultado expresó que uno de los factores más críticos que impiden una respuesta adecuada ante casos como los recientes femicidios, parricidios y suicidios en Nicaragua, es la escasa inversión pública para lidiar con estas problemáticas.
“No se puede hablar de prevención, ni de atención integral, si no hay recursos asignados ni estructuras institucionales funcionales. La salud mental sigue siendo la hermana pobre del sistema de salud”, lamentó.
Problemas de salud mental sin datos oficiales
El experto señaló que, aunque el Ministerio de Salud recibe una asignación considerable del PGR, no existe un desglose claro de los recursos dirigidos a la salud mental.
“No sabemos cuánto se invierte en CAPS, cuántos psicólogos hay en cada SILAIS, o si el Hospital Psiquiátrico Nacional tiene capacidad para nuevas admisiones. Esa falta de información refleja el bajo o nulo interés del Estado en asumir esta problemática como una prioridad”, afirmó.
Además de la carencia de presupuesto específico, el profesional advirtió sobre la falta institucional en torno a los datos estadísticos. “Desde hace años no se publica información actualizada sobre trastornos mentales, tasas de suicidio, diagnósticos prevalentes ni cobertura de servicios. Es imposible planificar políticas públicas sin datos, y ese vacío alimenta la negligencia”, explicó.
También explicó que la ausencia de cifras oficiales no solo limita la planificación técnica, sino que impide dimensionar la gravedad del problema. “Sin estadísticas confiables, las instituciones no diseñan protocolos, no capacitan adecuadamente al personal, ni destinan recursos donde más se necesitan. Y cuando ocurre una tragedia, como la de la madre que mató a sus hijos, se trata como un hecho aislado, cuando en realidad es el síntoma de un sistema que no funciona”, precisó.
Autoridades “bajan la guardia”
En su análisis, el experto concluyó que la salud mental ha sido relegada a un plano secundario, desde una lógica asistencial mínima y no desde una perspectiva preventiva o comunitaria.
“Mientras no se asigne presupuesto suficiente, ni se generen estadísticas públicas, seguiremos reaccionando tarde y mal. La salud mental requiere voluntad política, transparencia y coordinación interinstitucional. Hoy no tenemos ninguna de esas condiciones”, sentenció.
Ana Quirós, experta en salud pública y defensora de derechos humanos, coincide con el especialista en salud mental y también considera que la falta de transparencia institucional en Nicaragua agrava esta problemática.
“La ausencia de estadísticas actualizadas y de datos verificables ha hecho que las autoridades bajen la guardia. Francamente, hoy no sabemos qué están haciendo en materia de salud mental o violencia basada en género”, señala.
La defensora de derechos humanos advierte que este patrón autoritario tiene consecuencias directas en el ámbito familiar. “Cuando desde el Estado se valida la violencia como método para sofocar el disenso, el mensaje que llega a los hogares es que también es válida para resolver conflictos personales”, afirma.
Salud mental y familias fracturadas
En medio de ese contexto, otro caso que conmocionó al país fue el parricidio cometido por una adolescente en Tipitapa, el 22 de mayo de 2025. Apenas una semana antes del Día de las Madres en Nicaragua, la joven asesinó a su progenitora con 64 puñaladas.
El experto en salud mental refirió que la brutalidad de este crimen y la compleja relación familiar ponen de manifiesto la falta de políticas eficaces para identificar y atender situaciones de violencia y salud mental en contextos familiares vulnerables.
“El hecho de que una adolescente asesina a su madre con tal brutalidad, revela una falla profunda en el sistema de salud mental y protección familiar en Nicaragua. No hay protocolos eficaces para detectar señales de alarma en entornos domésticos disfuncionales”, indicó el especialista.
El municipio de Siuna, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, también se vio sacudido el pasado 29 de junio de 2025 por un crimen que causó consternación entre la población.
Una adolescente de 16 años, identificada con las iniciales J.M.B., y su novio, Jhordaly Migdonio López Pineda, de 20 años, fueron acusados por el brutal asesinato de Holvin Pineda Lazo, primo del joven.
El crimen, ocurrido en la comunidad El Amanecer Número 2, revela no sólo la gravedad de los hechos violentos cometidos por menores de edad, sino también el trasfondo de abandono institucional y la ausencia de redes de protección psicosocial en zonas vulnerables del país.
Según los tres expertos consultados por DIVERGENTES, estas cinco historias no solo conmocionan por su crudeza, sino porque exponen una cadena de negligencias institucionales: ausencia de protocolos efectivos de evaluación, falta de seguimiento a agresores y víctimas, escasa inversión en salud mental y la falta de coordinación entre las instituciones responsables, que convierten a Nicaragua en un país donde la prevención no funciona y la tragedia se convierte en una consecuencia inevitable.