La pandemia de COVID-19 no solo se le fue de las manos al sistema de salud de un país donde la institucionalidad se creía blindada y ejemplar: Sus efectos encendieron la crisis económica, política y social con protestas violentas en octubre. El único consenso que existe entre los ticos en la actualidad es que padecen una crisis que va más allá de lo fiscal, porque flaquea la representatividad política, la paz social y la confianza dominante sobre la institucionalidad
San José, Costa Rica–. El presidente de la principal patronal de Costa Rica, un empresario azucarero llamado José Álvaro Jenkins, temió que la invitación a una reunión con los organizadores de las protestas que sacudieron este país centroamericano en el mes de octubre fuera una trampa o un ardid para secuestrarlo, como lo hacen algunos grupos criminales y narcotraficantes que se infiltraron en esas manifestaciones callejeras... pero igual se atrevió a viajar el miércoles 14 a la zona norte del país casi en secreto. Su esposa encendió una vela y se despidió de él. A mitad del camino, el empresario atendió en vivo a una periodista y le aseguró que se dirigía a resolver un asunto privado.
Nada le pasó a Jenkins, pero su relato sobre esa jornada describe hechos y temores inusuales en esta Costa Rica que suele llevarse las palmas en las mediciones de paz social y confianza en las instituciones, de respeto al sistema político como base de una democracia que sigue ofreciéndose como ejemplo regional... hasta ahora.
En ese encuentro el empresario y los manifestantes --sin presencia de ninguna autoridad del Gobierno-- firmaron un acuerdo para el levantamiento de los bloqueos de calles que durante dos semanas provocaron severos trastornos a los negocios, como una expresión de las protestas contra el gobierno de Carlos Alvarado, en el momento más tenso que ha vivido la mayoría de la población del país: Con la Covid-19 ha llegado una tormenta de crisis financiera con recesión económica, desconfiguración política y un deterioro social que reducen a mínimos históricos la paciencia de la población con el sistema institucional público, además de un gobierno débil como ningún otro en décadas.
Las violentas protestas en Costa Rica resultan totalmente inusuales en Centroamérica, ya que convulsiones de este calado son comunes en países como El Salvador o Nicaragua, por ejemplo…pero lo que ha sucedido en San José muestra un estado de las cosas que pone a prueba a la que es considerada una de las democracias más sólidas del hemisferio.
Nada de eso nació ayer, pero los problemas se han acumulado y en este 2020 saltó la chispa cuando el Gobierno intentó subir los impuestos y aplicar recortes presupuestarios en su propósito de firmar un acuerdo de salvamento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la peor crisis fiscal en 40 años.
Los organizadores de las protestas, que frente a la Casa Presidencial y en otros puntos llegaron a enfrentamientos violentos con la Policía, aceptaron en esa reunión con Jenkins liberar las calles, y eso se jactó después el empresario. Representados por tres antiguos diputados (uno de ellos excandidato presidencial que estuvo muy cerca de ganar las elecciones en 1998), los manifestantes habían ejercido en las calles suficiente presión como para que el presidente de la patronal UCCAEP a pesar del rechazo del Gobierno a negociar con esos grupos mientras mantuvieran bloqueadas las carreteras.
En paralelo, el Gobierno intentaba armar una mesa de diálogo con sectores que, aunque repudiaban los bloqueos de calles y de los enfrentamientos con la Policía, también se oponen a las medidas económicas propuestas. Un día después de la reunión secreta, Jenkins anunció que rechazaba negociar en el mecanismo propuesto con el Ejecutivo y se sumaba a otros doce representantes sectoriales que tampoco atendieron la convocatoria oficialista. La opción se desmoronó sin empezar siquiera y la sensación de vacío de acciones gubernamentales se prolonga mientras solo hay consenso nacional para admitir que Costa Rica, la presunta “Suiza centroamericana”, sufre una crisis que va más allá de lo fiscal y que también flaquean la representatividad política, la paz social y la confianza dominante sobre la institucionalidad.
“Costa Rica enfrenta la mayor amenaza de los últimos 70 años”, diría después Jenkins en un video en que intentaba justificar sus actos después de numerosas críticas por considerar que se atribuyó funciones propias de las autoridades y que legitimó a un movimiento que también aloja voces que llaman al derrocamiento del Gobierno. Esa frase grave sobre el momento de Costa Rica la repiten unos y otros, muchos con el temor de perder la estabilidad que por décadas ha diferenciado a Costa Rica en América Latina y otros otros con la certeza de que este 2020 es solo el momento de exposición de problemas que se habían ido escondiendo por años debajo de la alfombra, como el crecimiento de la desigualdad social.
La pandemia y las restricciones aplicadas para evitar nuevos contagios tiraron por la borda cualquier asomo de recuperación fiscal que pretendiera el Gobierno en este 2020, después de un paquete de medidas que a duras penas logró pasar en el Congreso en 2018. Cuando apenas se notaba alguna recuperación fiscal, a principios de 2020, con una economía lenta en la que solo brillaban el turismo y las exportaciones de implementos médicos, el porrazo del coronavirus se llevó por delante las finanzas públicas en el momento en que más gasto estatal se requería en atención hospitalaria y en ayudas sociales para nuevos desempleados.
Huelga de maestros en el gobierno de José María Figueres, por reformas en las leyes de pensiones.
Protestas contra el "Combo del ICE", un paquete de reformas para romper el control estatal en electricidad y telecomunicaciones, gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
Manifestaciones en las calles contra la instalación del servicio obligatorio y generalizado de revisión técnica vehicular, gobierno de Abel Pacheco.
Movimientos sociales contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que resultó aprobado en un referendo nacional con apoyo del gobierno de Óscar Arias.
Protestas variadas de sectores diversos, no articulados, en mitad del gobierno de Laura Chinchilla.
Fuertes manifestaciones lograron que Chinchilla descartara un proyecto de concesión de una carretera a la empresa brasileña OAS.
Los maestros hicieron que una huelga de sindicatos, contra la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado, se prolongase por tres meses, la más larga en un siglo.
Protestas itinerantes y con bloqueos intermitentes y choques violentos con la Policía, contra el paquete de medidas económicas propuestas para una negociación con el FMI, como propone Carlos Alvarado.
Así llegó Costa Rica a verse con un desempleo de 24% en agosto (el doble del año 2019), la mayor pobreza en casi 30 años (26% de la población), una proyección de contracción de la economía superior al 5% del PIB y un déficit fiscal que podría cerrar en este año por encima del 10% del total de la riqueza generada. Además, un endeudamiento total superior al 70% del PIB y constantes degradaciones en la nota que dan las agencias calificadoras de riesgo financiero al país. El riesgo de caer en el abismo económico es real y crece cada semana conforme se prolongan las tensiones políticas y sociales.
Carlos Alvarado, que triunfó en las elecciones del 2018 marcadas por el ascenso de los partidos confesionales y la ratificación de la reconfiguración política del país, gobierno con solo diez diputados de su Partido Acción Ciudadana (PAC), una agrupación de origen de centro izquierda y progresista que él se ha visto en la necesidad de diluir para sumar apoyos ajenos en estos dos años y medio de gobierno. Ejerce su mandato frente a una Asamblea Legislativa dominada por fuerzas de oposición sin liderazgos ni líneas claras, lo que dificulta cualquier negociación política.
La confianza en los partidos políticos no para de caer en las encuestas y alcanza también a gremios de empresarios, sindicatos y hasta las fuerzas religiosas que, además, padecen divisiones internas que reducen aún más las posibilidades de diálogos sociales sostenibles. El país de las decisiones civilizadas tiene rotos los canales de diálogo y abre espacios a voces alternativas.
“Hay voces muy minoritarias, pero peligrosas que están llamando a generar inestabilidad. Jamás en Costa Rica prevalecerán”, dijo en un video Carlos Alvarado en uno de sus mensajes solemnes del mes de octubre, tras lamentarse por lo que considera son amenazas de la democracia. Cinco expresidentes de la República firmaron un manifiesto por el respeto a la institucionalidad y a las autoridades legítimas, así como un repudio a los actos de violencia “ajenos a la idiosincrasia costarricense”, en probable referencia a episodios como el intento de atropellar con un tractor a un grupo de policías, las vapuleadas a un grupo de ellos, el lanzamiento de una bomba casera sobre una patrulla o el ataque con un bate de béisbol contra un jefe policial frente a la sede de la Presidencia durante una protesta. Otro expresidente, José María Figueres (1994-1998) evitó firmar la carta y más bien señala la falta de planes contundentes del Gobierno para atender la urgencia económica.
Mientras tanto, cada proyecto de ley se suma al conflicto y se agravan las tensiones en los niveles más bajos de las representaciones de los sectores. Por ejemplo, los balazos y pedradas de este lunes 19 de octubre contra las llantas de uno de los autobús en que viajaba un grupo de pescadores artesanales a San José para manifestarse en contra de la habilitación de métodos de pesca intensivos, mientras otros grupos de pescadores intentaron bloquear el paso porque apoyan la “pesca de arrastre” para extraer camarón.
“La situación actual del país y del régimen democrático es el resultado de la acumulación de problemas en tres grandes sistemas: el de representación formal, el sistema de ampliación de ciudadanía y el de distribución de la riqueza o de la pobreza (...) Viene de una trayectoria de al menos 25 años con la supeditación del interés público ante el mercado dominado por la banca y las finanzas transnacionales”, dijo el doctor en ciencias políticas Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en la Universidad de Costa Rica. También agrega el desgaste del sistema político, caducado el bipartidismo originado en mitad del siglo XX, ante los cambios sociales de las últimas tres décadas, con una alta fragmentación que no se empata con la dispersión de los nuevos partidos.
“Tenemos todos los números de la rifa”, explicó de manera coloquial el politólogo Gustavo Araya, también de la UCR, al señalar también un mayor protagonismo de poderes fácticos contra el modelo de interés público y de posiciones contrarias a lo público que llevan incluso a actores privados, como el empresario Jenkins, a actuar en asuntos que el Estado no resuelve con prontitud.
Mientras, en las redes sociales el debate crepita entre un rechazo fuerte contra el gobierno del PAC y posiciones que recogen también los efectos de los últimos cuatro gobierno, o posiciones que se niegan a reconocer que los acontecimientos del último mes son propios de Costa Rica y otras que solamente llaman a admitir que este país ya no es aquel de las postales.