En agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión histórica. Mediante la Opinión Consultiva 31, reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo. Esa resolución no trata solamente del derecho de las personas dependientes a recibir cuidados, sino también del derecho de quienes cuidan a hacerlo en condiciones dignas y con apoyo estatal. Es una decisión que como lo recuerda Laura Pautassi, recoge décadas de trabajo de movimientos feministas, organizaciones sociales y especialistas en políticas públicas, en cuenta ella misma.

La resolución llega en un momento oportuno. América Latina enfrenta una crisis de cuidados. Millones de mujeres siguen sosteniendo, sin remuneración o con remuneraciones muy precarias, gran parte del bienestar de niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Al mismo tiempo, ellas buscan generar ingresos y sostener a su familias en una región en que solo 1 de cada 4 familias es aquella de “papá trabaja y mamá amasa la masa” al estilo del querido libro Paco y Lola con el que varias generaciones de costarricenses aprendieron a leer. El resto es muy diverso y en esa diversidad, las mujeres hace rato que dejamos de solo amasar la masa… Reconocer el cuidado como un derecho es un paso indispensable. El siguiente paso es hacerlo realidad.

Sin embargo, mientras el derecho al cuidado avanza en el plano normativo, eso no necesariamente ocurre en el plano político y de las políticas. Durante los últimos años, los cuidados se convirtieron en una de las grandes promesas de la política social latinoamericana. Se les ha presentado de tres maneras: como un nuevo pilar del bienestar, tan importante como la educación, la salud o las pensiones; como un motor económico capaz de generar empleo y dinamizar la economía de servicios; y, como un estándar social, laboral y ambiental. Todo eso es sumamente importante.

Hay otra dimensión que suele pasar bastante desapercibida: los sistemas de cuidados, por acción o por omisión, son también una forma de infraestructura política. Así como una carretera conecta territorios o una red eléctrica distribuye energía, los sistemas de cuidado distribuyen recursos, tiempo y responsabilidades. Esos sistemas deciden quién cuida a quién, bajo qué condiciones y con qué apoyos. En otras palabras, distribuyen poder. Cuando la calidad de la democracia se deteriora, esa infraestructura no desaparece sino que se transforma.

Durante buena parte de las primeras décadas de este siglo, los cuidados estuvieron asociados a una lógica de inclusión. Los gobiernos ampliaron licencias por nacimiento, fortalecieron programas para la primera infancia, reconocieron servicios comunitarios y comenzaron a hablar de corresponsabilidad entre Estado, mercado y familias. Era un avance incompleto y desigual, pero existía una dirección relativamente clara: ampliar derechos.

Hoy hay una dinámica distinta. La combinación de restricciones fiscales, polarización política y ascenso de liderazgos autoritarios está produciendo una reconfiguración de la infraestructura de cuidados. Los cuidados dejan de verse como un derecho y empiezan a verse como un mecanismo de control.

Este proceso no necesariamente ocurre mediante grandes reformas sino de manera mucho más silenciosa: el desmantelamiento por omisión. En lugar de eliminar los programas, derogar leyes, o decirse con todas las palabras que los cuidados ya no importan, simplemente se reducen recursos, se debilitan instituciones y se presenta todo ello como una cruzada contra la ineficiencia. 

La retórica es conocida: hay que acabar con el desperdicio, racionalizar el gasto y eliminar privilegios. El resultado también es conocido:  menos becas, menos servicios, menos apoyos para las familias y más responsabilidades trasladadas al ámbito doméstico. Por supuesto que cuando las responsabilidades “regresan” al hogar, no se distribuyen de manera neutral sino que regresan, una vez más, a las mujeres.

Además de eso, comienza a haber el uso clientelar de recursos, y la distinción, arbitraria, entre personas merecedoras y no merecedoras de apoyo, en este caso, de cuidados. 

El control funciona precisamente así: manteniendo la infraestructura existente mientras cambia su significado. Lo que antes era un derecho pasa a justificarse como un gasto que debe ser vigilado. Lo que antes era una inversión pública pasa a presentarse como una concesión que debe ser administrada con sospecha.

Y aún así, hay momentos en que el control resulta insuficiente. Cuando existen resistencias institucionales, organizaciones sociales activas o comunidades que continúan defendiendo derechos, algunos gobiernos dan un paso más y pasan del control al castigo.

El caso extremo en Centroamérica es El Salvador. El régimen de excepción ha sido discutido principalmente como una política de seguridad. Sin embargo, en los hechos, es también es una gigantesca política de familia que ya lleva cuatro años de implementación. La encarcelación masiva de decenas de miles de personas reorganiza la vida cotidiana de cientos de miles de familiares. Reduce ingresos, multiplica obligaciones de cuidado y obliga a mujeres, madres, parejas y abuelas a asumir nuevas cargas económicas y emocionales. Muchas deben recorrer largas distancias para llevar insumos a los centros penales, enfrentar burocracias opacas y sostener hogares que han perdido a uno de sus principales proveedores – todo ello sin que nadie tenga posibilidad de demostrar su inocencia.

Lo más significativo es que estas mujeres no son reconocidas como cuidadoras que sostienen la vida en medio de un terremoto familiar de enormes proporciones. Por el contrario, ellas son generalmente tratadas como sospechosas. Y ello no solo desde las autoridades sino desde sus propias comunidades. En ese momento, el cuidado deja de ser un instrumento de inclusión y se convierte en un terreno de castigo.

En Centroamérica, ¿estamos construyendo sistemas de cuidados para ampliar derechos o estamos permitiendo que la infraestructura de los cuidados sea utilizada para clasificar a la población entre personas merecedoras y no merecedoras de apoyo?

La Opinión Consultiva 31 ofrece una brújula jurídica importante. Nos recuerda que cuidar y ser cuidado son derechos humanos. Dicho eso, el futuro de los cuidados no se decidirá únicamente en los tribunales sino en el terreno de la política.

Es simple: los cuidados nunca han sido solamente una cuestión de bienestar; han sido desde siempre una cuestión de poder. Por eso mismo, en una región marcada por el deterioro democrático, observar cómo se organizan los cuidados puede ser una de las mejores maneras de entender hacia dónde se dirige nuestra democracia.