La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la cancelación de la personería jurídica de cinco universidades privadas de Nicaragua, incluyendo a la Upoli. Este lunes, mediante nuevas leyes aprobadas de forma “urgente”, los diputados han consumado las confiscaciones de facto a todas las universidades anuladas, contraviniendo la Constitución Política que las prohíbe tajantemente.