El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes 23 de junio la reanudación de deportaciones de migrantes hacia terceros países sin vínculo con su nacionalidad ni residencia previa, sin necesidad de que se les notifique con anticipación ni se les conceda la posibilidad de plantear temores fundados de persecución, tortura o muerte.
La decisión revoca una orden judicial emitida en abril por el juez federal Brian Murphy, quien había prohibido tales expulsiones exprés. La resolución del Supremo supone una victoria para la administración Trump, que marca su política antimigrante con mano dura.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson cuestionaron severamente el fallo. Sotomayor calificó la actuación del gobierno como “flagrantemente ilegal” y acusó a la mayoría del Supremo de “recompensar la anarquía” al permitir que se ejecuten expulsiones sin garantías mínimas. “El Gobierno ha dejado claro, de palabra y de obra, que no se siente limitado por la ley, libre para deportar a cualquier persona en cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser oído”, escribió.
Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró la decisión judicial como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”, según declaró a CBS News. “El DHS puede ahora ejecutar su autoridad legal y expulsar a los extranjeros ilegales a un país dispuesto a aceptarlos”, añadió el comunicado.
Esfuerzos de Trump para lograr deportaciones rápidas y masivas
Trina Realmuto, directora ejecutiva de la organización National Immigration Litigation Alliance —que representa a un grupo de migrantes demandantes—, advirtió que “las repercusiones de esta decisión del Tribunal Supremo serán horribles, porque elimina protecciones esenciales al debido proceso que han salvado a nuestros representados de la tortura y la muerte”.
Realmuto explicó que el fallo se limita a cuestionar la autoridad del tribunal para ordenar esas garantías en esta etapa intermedia del proceso. “Ahora debemos actuar con la mayor rapidez para concluir el caso y restaurar esas protecciones”, afirmó.
La última orden del Tribunal Supremo se produce en una lucha judicial sobre los esfuerzos de la administración Trump para deportar rápidamente a algunos migrantes a terceros países, o países distintos de los designados en una orden de expulsión.
Como parte de su política, Trump se ha acercado a Costa Rica, Panamá y Ruanda para que acepten a migrantes que no son sus ciudadanos. De acuerdo con una investigación de 60 Minutes, algunos migrantes venezolanos fueron trasladados a El Salvador bajo acusaciones de vínculos con bandas, aunque no existían antecedentes penales.
La administración Trump ha defendido sus decisiones basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal controvertido. También ha impulsado la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Programa de Libertad Condicional (CHNV), afectando a cerca de 850 000 personas migrantes de origen venezolano, nicaragüense, haitiano y cubano.