Permítanme comenzar agradeciendo al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de Trinidad y Tobago; miembros de las delegaciones del Consejo Permanente; el señor Luis Almagro Secretario General de la OEA; Honorable Juez Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembros del Comité Jurídico Interamericano, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y demás invitados a esta sesión del Consejo Permanente.

También expreso mi agradecimiento a CEJIL por representarnos a nosotros ya las demás víctimas.

También quisiera presentar mi agradecimiento a la Misión Permanente de Chile ante la OEA por ofrecer sus buenos oficios en relación con la inclusión en la agenda, del testimonio de Tamara Dávila, defensora de derechos humanos, activista por los derechos de las mujeres y ex presa política. Su poderoso, oportuno y certero testimonio habla alto y claro sobre las inhumanas condiciones carcelarias de los presos políticos en Nicaragua. También destaca la situación de absoluta vulnerabilidad de los beneficiarios de las diferentes medidas diplomáticas adoptadas por el sistema interamericano para proteger a defensores de derechos humanos y activistas políticos en Nicaragua.

Como uno de los beneficiarios de las medidas provisionales tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de junio de 2021, que luego fueron extendidas a otros activistas nicaragüenses en situación similar, presento esta declaración escrita, como documentación adicional con respecto a la permanente desacato del Estado de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este escrito ha sido entregado por los canales correspondientes al Presidente del Consejo Permanente, al Secretario General, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya CEJIL. Autorizo que esta declaración se use para el registro y para su divulgación pública.

Mi nombre es Félix Maradiaga. Soy un defensor de los derechos humanos y excandidato presidencial de Nicaragua. Hasta hace 47 días yo era preso político. Pasé 611 días en la tristemente célebre cárcel “El Chipote”, en condiciones carcelarias inhumanas.

Sé por dolorosa experiencia personal que Daniel Ortega cometió innumerables abusos contra los derechos humanos. Algunas de estas violaciones ya han sido mencionadas por Tamara Dávila, cuyo testimonio es fidedigno en cada detalle y expone con total claridad las condiciones inaceptables e inhumanas bajo las cuales estuvimos arbitrariamente detenidos, en desacato a la Corte Interamericana. 

Sin embargo, permítanme extenderme sobre tres temas: 1) Violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos; 2) Privación arbitraria de la nacionalidad; 3) Desafíos de la reunificación familiar; y 4) Persecución religiosa.

Desde que estallaron las primeras protestas en Nicaragua el 18 de abril, Ortega y su esposa han desmantelado paulatinamente todos los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, entre junio y diciembre de 2018, el régimen de Ortega invalidó la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil, incluido el IEEPP, un centro de estudios que en ese momento estaba bajo mi dirección. Hasta ahora, 3144 organizaciones sin fines de lucro, incluidas organizaciones de derechos humanos, grupos benéficos e instituciones educativas, también han sido declaradas ilegales.

Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política y del movimiento ciudadano prodemocracia, se han visto obligados a abandonar el país. Entre 2018 y el primer trimestre de 2023 han salido de Nicaragua más de 600.000 personas. Hoy en día, prácticamente toda la oposición, así como todos los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos, se han visto obligados a operar desde el extranjero.

El 9 de febrero, el régimen expulsó a 222 presos políticos que volaron a Estados Unidos en régimen de deportación, figura legal que, según nuestra constitución, solo es aplicable a los extranjeros. El 15 de febrero de 2023, otras 94 personas, entre ellas mi esposa Berta Valle, fueron declaradas “traidoras a la patria” y también fueron despojadas de su nacionalidad. Un tribunal también ordenará la expropiación de todos sus bienes. Mi esposa, junto con Victoria, esposa de Juan Sebastián, fueron incansables defensores de la liberación de todos los presos políticos.

Esta extradición ilegal ha desgarrado familias. Muchos de nuestros parientes cercanos se quedaron atrás en Nicaragua. A pesar de la voluntad de muchos gobiernos de recibirnos como refugiados políticos a quienes fuimos desterrados abruptamente, el régimen de Ortega no está permitiendo que muchos de los miembros de la familia obtengan pasaportes, convirtiéndolos efectivamente en rehenes potenciales.

El Estado de Nicaragua, el mismo que de manera grosera y arbitraria nos despojó de nuestra nacionalidad, dejando a 316 nicaragüenses apátridas, ratificó y se convirtió en parte plena de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas (de 1954) desde el 5 de junio de 2013; y de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia) de 1961) desde el 29 de junio de 2013.

Todavía hay 37 presos políticos en Nicaragua, incluido Monseñor Rolando Álvarez, un querido amigo mío y obispo de mi propia diócesis. Mons. Álvarez, ha sido condenado a 26 años de prisión. La detención arbitraria de Monseñor Álvarez es un ejemplo más de la Persecución Religiosa en Nicaragua.

El acto de despojar arbitrariamente de la nacionalidad a buena parte del movimiento prodemocrático es un acto ilegal y cruel. No sólo se ha llevado a cabo un exilio forzoso, sino que también se han confiscado las propiedades de varios de los exiliados. Además, en Estados Unidos aún no hay fondos federales para cubrir algunas de las necesidades urgentes de las personas que llegaron en el vuelo 222 como expatriados. Este es un tema que hemos discutido con las autoridades de Estados Unidos, pero que también hay que señalar como una violación adicional a los derechos humanos, por parte de Nicaragua. Solicito a la OEA que tome en consideración este nuevo abuso a los derechos humanos y tome las medidas pertinentes en el marco del derecho interamericano.

En septiembre de 2018, también testifiqué ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esa oportunidad advertí que el régimen orteguista estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad y que por eso se requería una acción urgente de Naciones Unidas para frenar la embestida de Ortega contra los ciudadanos que se manifestaban en las calles de Nicaragua. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad dijeron en esa ocasión que el foro para resolver la crisis debe ser la Organización de los Estados Americanos. En cumplimiento a esa decisión de la ONU, recurrimos a la OEA. Sin embargo, poco tiempo después, Ortega ignoró por completo todas las resoluciones de la OEA y eventualmente rompió relaciones con la OEA. Todos los esfuerzos de diálogo político han fracasado. Ortega ha usado la buena voluntad de la comunidad internacional para destruir toda forma de oposición y resistencia cívica dentro de Nicaragua. En este sentido, es fundamental que la comunidad internacional pase a una nueva fase de presión diplomática, y que lo haga sin timidez.

Ortega ya cerró todas las puertas a cualquier diálogo sincero. Por tanto, cualquier salida electoral, en las circunstancias actuales, es impensable. La oposición nicaragüense ha hecho todos los esfuerzos necesarios para encontrar una salida pacífica y política que permita un camino hacia la democracia. Entre esos esfuerzos ha habido dos intentos frustrados de diálogo. Además, en 2021, los principales líderes de la oposición acordaron participar en un proceso de elecciones primarias para elegir un solo candidato. Lo hicimos aún en medio de la represión y sin garantías de un proceso electoral libre y justo. Lo hicimos precisamente para demostrar nuestra voluntad de explorar todas las salidas democráticas a la crisis. Ortega, por su parte, recurrió a una mayor represión y al encarcelamiento de todos los principales candidatos de la oposición y otros líderes de la sociedad civil. Al arrestarnos a todos, Ortega ha dejado en claro que no tiene ninguna posibilidad de ganar unas elecciones libres y competitivas. Tampoco tiene voluntad política para hacerlo porque su siniestro plan es consolidar una dictadura familiar.

Para que nuestra acción cívica sea efectiva, pedimos un compromiso más coordinado de los países de las Américas, incluyendo para ello un respaldo a las decisiones de la Corte Interamericana y un rechazo absoluto al desacato del régimen de Ortega. También invito a una cooperación transatlántica adicional con la Unión Europea y a continuar la búsqueda de justicia a través de todos los instrumentos del sistema interamericano y universal de derechos humanos. En este sentido, quiero felicitar a este Consejo Permanente ya la Corte Interamericana, por esta reunión del Consejo Permanente. Una vez más, mi liberación, y la liberación de otros 221 nicaragüenses que fueron encarcelados arbitrariamente, nunca será una libertad completa precisamente porque todavía hay 37 presos políticos en Nicaragua.

Ante la situación inaudita de desacato de un estado ante la Corte Interamericana, me permito concluir señalando que el Estado de Nicaragua sigue sujeto a la Corte, y por tanto no puede refugiarse en los argumentos de “autodeterminación” que ha hecho el régimen de Ortega, que es además ilegítimo.