El régimen Ortega-Murillo acusará a los presos políticos por “cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, haciendo uso de leyes represivas aprobadas en 2015 y 2020. También ha desempolvado la Ley de Seguridad Soberana. “Esto es la demostración de un instrumento político más para la persecución”, dice Gonzalo Carrión.