Dictadura reanuda juicios políticos y desempolva Ley de Seguridad Soberana

El régimen Ortega-Murillo acusará a los presos políticos por “cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, haciendo uso de leyes represivas aprobadas en 2015 y 2020. También ha desempolvado la Ley de Seguridad Soberana. “Esto es la demostración de un instrumento político más para la persecución”, dice Gonzalo Carrión.

Decenas de periodistas, jefes de medios y críticos al régimen fueron citados por el Ministerio Público en 2021. | Divergentes.

A través de un comunicado que los condena de antemano, el Ministerio Público anunció este lunes la reanudación de los juicios contra el grupo de presos políticos que fueron detenidos en el 2021. El documento publicado por medios oficialistas viola la presunción de inocencia al tacharlos de “criminales y delincuentes”, según especialistas consultados. La Fiscalía juzgará a los encarcelados por “cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”.

“Estas personas acusadas, estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, aseveró el texto del Ministerio Público. 

La autoridad judicial realiza una mixtura de acusaciones que van desde la Ley No. 1055 (Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo), hasta la Ley de Seguridad Soberana, aprobada en el 2015 por la Asamblea Nacional. Dicha legislación fue considerada como la amenaza “más seria” contra los derechos humanos en aquel entonces. Lo que más alarma provocó fue la discrecionalidad de su aplicación. “Estas reformas tienen el objetivo de profundizar un modelo donde los cuerpos armados predominan sobre las instituciones civiles, manteniendo su subordinación únicamente al Presidente de la República”, informó en su momento el extinto Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), cancelado por el régimen tras las protestas de abril de 2018. 

El anuncio llega cuando los reos de conciencia atraviesan una delicada situación de salud; pérdida de peso, shock emocional y agudización de enfermedades crónicas son algunos de los padecimientos que debido a la precaria condición han empeorado en prisión. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió apurar los juicios tras varios meses de suspensión, en los que alegaron “exceso de trabajo” en los tribunales. Los juicios iniciarán después de que el gran capital, representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reafirmó sus intenciones de sentarse con la dictadura para la liberación de “tres amigos”, en referencia a los directivos de la patronal encarcelados a mediados de año.

La situación de salud es tal que algunos presos políticos como el líder juvenil Lesther Alemán, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) tiene problemas para caminar. Según una publicación de Artículo 66, Alemán es ayudado por el exdiplomático Edgar Parrales, de 79 años, con quien comparte celda. “Lo ayuda dentro de su dificultad, se están apoyando los dos. Uno se marea, lo agarra y el otro tiene que caminar despacito. Los dos están (enfermos), Edgard de un pie y el otro de la pierna, pero lo de Lesther (Alemán) es más fatal. Mientras que el otro no sabe lo que le puede pasar en su pierna”, detalló una fuente anónima al medio. 

Violaciones al debido proceso

“Esto es la demostración de un instrumento político más para la persecución”, dijo a DIVERGENTES Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca +. El experto señala que el comunicado de la Fiscalía utiliza un lenguaje propio del régimen que se sale de la objetividad jurídica. “El comunicado es una demostración de que son operadores políticos que están a la caza de lo que ellos consideran enemigos”, agregó.

La crisis sociopolítica en Nicaragua cumplirá cuatro años en abril de este año. Los efectos han provocado la migración de decenas de miles de personas. Jeffrey Arguedas | EFE.

El Ministerio Público aseguró que los detenidos han “atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”. En el comunicado se mencionan las protestas de abril de 2018, y tachan a los encarcelados de ser los responsables de ellas. “Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”.

“Identificamos que normalmente se aplican al menos dos leyes en combinación para ver de qué manera logran una fachada de legalidad. Ese combo nosotros en su momento lo señalamos, son acciones regresivas para los derechos humanos”, afirmó Carrión.

El régimen saca a relucir estos hechos después de que en 2019 se aprobara una Ley de Amnistía que dejó en la impunidad estos crímenes. “Retrotraer los hechos de 2018 en principio implica culparlos por todo lo que pasó. Además, son hechos que están amnistiados”, recalcó el abogado Juan Diego Barberana, también integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

De esta forma, el régimen viola su propia amnistía al juzgar a personas que fueron “beneficiadas” por ella, como lo son los líderes campesinos Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena que un momento recibieron una sentencia por “terrorismo”. Hoy la dictadura los acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. 

“La sentencia y el fallo del juez es predecible. Lo primero que podemos observar acá es que hay una coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es una institución que ya no tiene ningún tipo de independencia, al igual que el Poder Judicial y que están obedeciendo al Poder Ejecutivo, al régimen Ortega Murillo”, reiteró Barberena. La Fiscalía también viola el principio de objetividad al tildar de “criminales” a los detenidos antes de la realización del juicio. De hecho, el régimen eliminó la presunción de inocencia al reformar el Código Penal y alargar los plazos de investigación a 90 días.

Los juicios a los más de cuarenta presos políticos detenidos en el año electoral iniciará a partir del martes, según el Ministerio Público. La dictadura ejecutó a mediados de 2021 una cacería contra opositores y voces críticas con el fin de allanar el camino a la cuarta reelección consecutiva de Ortega y la segunda de Murillo como vicepresidente.