Esta semana se cumplieron diez años desde el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impuesto en territorio sagrado del pueblo Lenca. La madrugada del 2 de marzo de 2016, dos sicarios ingresaron a su casa en La Esperanza, Intibucá, y la asesinaron. 

Sin embargo, contrario a lo que probablemente esperaban quienes planificaron y financiaron su asesinato, la voz de Berta no fue silenciada: se multiplicó. Su vida fue siembra y su lucha echó raíces profundas en Honduras y toda la región latinoamericana. Desde el primer momento, su familia, las comunidades Lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones aliadas emprendieron una búsqueda incansable de verdad, justicia y reparación.

Gracias a esa lucha, y también al trabajo de funcionarios que actuaron con valentía e independencia, se lograron condenas contra autores materiales y responsables vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), incluido un directivo. Estas condenas son especialmente relevantes en un país marcado por altos niveles de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos y ataques contra personas defensoras. Global Witness, por ejemplo, ha señalado tasas de impunidad superiores al 90% en violaciones de derechos humanos en Honduras, incluidas aquellas contra personas defensoras. A pesar de los avances que representaron estas condenas, el proceso penal nacional no agotó la investigación sobre la autoría intelectual y otras responsabilidades conexas.

Recientemente y después de varios años de negociaciones, un nuevo capítulo de esta búsqueda de justicia fue abierto: la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del caso de Berta Cáceres, bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado mes de enero, después de 11 meses de trabajo técnico, visitas al territorio, reuniones con autoridades y riguroso análisis, el Grupo presentó su informe final, el cual contiene una serie de hallazgos clave sobre el caso y rutas que ahora deben ser atendidas por las autoridades hondureñas con la mayor de las diligencias. 

Pero, ¿de qué se trata este mecanismo? El GIEI es un mecanismo extraordinario e independiente, integrado por personas expertas de distintas disciplinas, con mandato para analizar de forma rigurosa una investigación estatal, identificar patrones, responsabilidades, obstáculos y omisiones, y formular recomendaciones para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. En este caso, el GIEI fue constituido para contribuir al esclarecimiento integral del asesinato de Bertha Cáceres, particularmente respecto a la autoría intelectual del crimen y los hechos conexos vinculados al proyecto Agua Zarca, así como establecer un plan de reparaciones para las víctimas. 

La CIDH ya había impulsado experiencias de GIEI en otros contextos de graves violaciones a derechos humanos en México, Nicaragua y Bolivia. En México, por el ejemplo, el GIEI tuvo como objetivo brindar asistencia técnica para la búsqueda e investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. En Nicaragua, su objetivo fue colaborar en las investigaciones de los graves hechos de violencia ocurridos en el contexto de la represión de 2018; y en Bolivia, coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país en 2019. 

En el caso de Berta Cáceres, sin embargo, el mecanismo adquiere una relevancia singular por centrarse en el esclarecimiento integral de un asesinato emblemático, no colectivo –aunque con unas claras implicaciones colectivas–; y por sus dimensiones empresariales, estatales, financieras y territoriales. Esta relevancia no se explica solo por la gravedad del crimen, sino por la lucha sostenida del COPINH, de la familia de Berta y de quienes han insistido en que este caso representa algo más amplio: la violencia estructural contra quienes defienden el ambiente, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. 

Entre los muchos y muy relevantes hallazgos del informe, quisiéramos resaltar, al menos, tres elementos que consideramos centrales en la caracterización del crimen contra la lideresa Cáceres:

1. La afirmación de que el crimen fue una operación criminal organizada y planificada, con participación de sicarios, intermediarios, personal y directivos de DESA, y redes de apoyo, tolerancia y omisión estatal;

2. La conclusión de que el asesinato fue previsible y prevenible por parte de las autoridades, porque existía información en manos del Estado en tiempo real sobre su planificación; y

3. La reconstrucción de una trama financiera que muestra desvíos de fondos del proyecto Agua Zarca y su utilización para actividades ilícitas, incluyendo operaciones vinculadas al asesinato. 

Asimismo, el informe concluye que “En los días posteriores al crimen, los principales accionistas directivos y gerentes de DESA mantuvieron contactos reiterados y coordinados lo que evidencia un nivel de articulación orientado a gestionar las repercusiones del asesinato. En su conjunto, el GIEI concluyó que estos elementos fueron determinantes para la configuración de un móvil criminal de naturaleza empresarial, vinculado a la protección de los intereses económicos y financieros del proyecto Agua Zarca, y para la consolidación del dispositivo de financiamiento que culminó en el asesinato de Berta Cáceres”.

El informe también es contundente en materia de reparación integral y garantías de no repetición. Entre sus medidas, propone la revocación definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y recuerda que persisten violaciones que continúan hasta hoy, incluida la vigencia de la concesión y la falta de medidas estructurales de reparación. 

¿Y ahora qué sigue? La labor y mandato del GIEI ha concluido con la presentación y entrega de su informe. Sin embargo, la búsqueda de justicia y reparación no terminan ahí. El trabajo riguroso y técnico de la y los expertos nos ha permitido visualizar el funcionamiento de “un modelo de negocios ilícitos vinculado a la extracción de recursos naturales, la apropiación de tierras y el despojo de comunidades campesinas e indígenas de sus territorios ancestrales”, que lamentablemente no se limita solo solo al caso de Berta Cáceres en Honduras, sino que tiene graves implicaciones en toda la región. 

Además, reveló un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos, persecución a personas defensoras de la tierra y los recursos naturales, la tolerancia y omisión de las autoridades en estos graves delitos, así como la impunidad reinante. Y aunque estos hallazgos no son nuevos en el contexto mesoamericano, sí que representan un esfuerzo renovado en la ruptura de este ciclo de violencia.

La labor del GIEI implicó esfuerzos personales, institucionales, políticos, y materiales de muchos actores: estatales, internacionales, de la sociedad civil, de las víctimas; todos ellos deben seguir confluyendo para continuar el camino hacia la verdad, justicia y reparación por el asesinato de Bertha, ahora con una herramienta técnica que fija una ruta clara y común. 

Así, a diez años del asesinato de Bertha Cáceres, el informe del GIEI representa un nuevo paso en la búsqueda de verdad y justicia. Pero, también nos recuerda que la defensa del ambiente, del territorio y de los bienes comunes no puede seguir costando la vida de quienes la sostienen. Aquellas personas que cuidan el agua, la tierra y la casa común deberían contar con la protección activa de los Estados y con la solidaridad firme de nuestras sociedades, no con persecución, criminalización, y mucho menos, muerte.

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María José Araya es también coautora de este artículo. Es abogada por la Universidad de Costa Rica, Ex Abogada de CEJIL Mesoamerica y actualmente cursando un LLM en Derecho Internacional en University College London (UCL).