El Gobierno de Estados Unidos reactivó y amplió su política de restricciones migratorias con una nueva proclamación presidencial firmada por Donald Trump. La medida, que entrará en vigor a las 12:01 a.m. del 9 de junio de 2025, establece limitaciones de ingreso para ciudadanos de 19 países, en algunos casos de manera total, en otros con restricciones parciales. Venezuela, Cuba y Haití figuran entre las naciones más afectadas, tanto por el rigor de las medidas, como por la carga política e histórica que las acompaña.
La proclamación fue justificada como una respuesta directa a lo que la administración Trump califica como “amenazas a la seguridad nacional” provenientes de países con sistemas deficientes de verificación de identidad, tasas altas de permanencia irregular o escasa colaboración en procesos de deportación.
La Casa Blanca subrayó que las restricciones “son específicas para cada país” y que buscan impedir el ingreso de actores “potencialmente peligrosos” para la sociedad estadounidense. La proclamación establece que doce países están sujetos a una suspensión total de ingreso a Estados Unidos tanto para inmigrantes como no inmigrantes: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, se impone una suspensión parcial a ciudadanos de otros siete países, con restricciones específicas para ciertas visas (B-1, B-2, F, M, J), incluyendo limitaciones en la validez de otras visas de no inmigrante. Estas naciones son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
En declaraciones brindadas a CBS News, la portavoz Abigail Jackson defendió la acción como parte del compromiso del presidente Trump con la seguridad: “Estas restricciones de sentido común incluyen lugares que carecen de una verificación de antecedentes adecuada, presentan altas tasas de estadías por exceso de visa o no comparten información sobre identidad y amenazas”.
El propio Trump, en un video oficial difundido tras la firma del documento, vinculó la decisión con un ataque reciente en Boulder, Colorado, en el que el sospechoso era un ciudadano egipcio que había excedido el plazo de su visa. “Ese hecho subraya los peligros extremos que representa la entrada de extranjeros sin una verificación adecuada”, dijo.
En el centro del endurecimiento migratorio
El caso de Haití ilustra la gravedad de las medidas impuestas. El país caribeño queda sujeto a una suspensión total del ingreso, lo que implica que ni turista, ni inmigrantes legales podrán acceder a territorio estadounidense, salvo en excepciones muy limitadas. La proclamación justifica esta decisión en la falta de un gobierno funcional, la inexistencia de mecanismos efectivos de control documental y una reciente oleada migratoria irregular hacia Estados Unidos.
Venezuela y Cuba, por su parte, enfrentan suspensiones parciales. Aunque los términos exactos varían según el tipo de visa, en ambos casos se restringe la entrada de personas con visas de turismo, estudio o intercambio. También se condiciona la validez de otras categorías de visas, y se mantiene la posibilidad de denegación incluso si ya se habían iniciado trámites migratorios. La proclama sostiene que ambos países presentan tasas significativas de sobreestadía, dificultades para verificar identidades, y falta de cooperación para aceptar el regreso de ciudadanos deportados.
Aunque la Casa Blanca asegura que estas restricciones no son permanentes, la proclamación no establece una duración definida. En cambio, deja abierta la posibilidad de revisión futura si los países afectados “realizan mejoras materiales” en sus sistemas de control migratorio y cooperación bilateral. En palabras del propio Trump, nuevos países podrían añadirse a la lista, dependiendo de cómo evolucionen las amenazas.
El decreto incluye algunas exenciones, como las aplicables a residentes permanentes legales, personas con doble nacionalidad que posean pasaporte de un país no incluido en la lista, ciertos diplomáticos y personas con visas especiales, como los afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses. Aun así, los criterios de exención son limitados y quedan sujetos a revisión caso por caso.
Esta no es la primera vez que Trump recurre a este tipo de medidas. Durante su primer mandato, promulgó prohibiciones similares, en un principio dirigidas a países de mayoría musulmana. Aquellas políticas provocaron protestas masivas, demandas judiciales y caos en los aeropuertos. Sin embargo, fueron finalmente avaladas por la Corte Suprema en 2018. La administración Biden las había revocado, pero esta nueva proclamación marca un retorno al mismo enfoque bajo un contexto renovado.
Mientras tanto, miles de personas que esperaban una oportunidad para emigrar de forma regular desde países con crisis sociales, económicas o políticas, se enfrentan ahora a un nuevo muro administrativo. Sin plazos claros para su revisión, ni canales humanitarios efectivos, la proclamación impone una barrera que va más allá del control migratorio: redefine quién puede llegar a Estados Unidos y bajo qué condiciones, en un sistema cada vez más condicionado por la lógica de la exclusión preventiva.