El Gobierno de Estados Unidos ha reanudado el procesamiento de solicitudes migratorias de personas beneficiarias del parol humanitario, incluyendo permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés), solicitudes de residencia, asilo y Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta reactivación, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), responde a una orden del tribunal de distrito de Massachusetts que prohíbe suspender las solicitudes activas de estos beneficios, aun cuando el Tribunal Supremo ha concedido al Gobierno federal el derecho a rescindir el programa.
La medida beneficia a personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) que fueron admitidas bajo el programa de parol CHNV, así como a solicitantes de iniciativas similares como Uniting for Ukraine, la reunificación familiar y el programa Military Parole in Place (MPIP). Según la nueva directriz, USCIS podrá continuar con el análisis de los casos pausados una vez que se complete la revisión adicional de cada expediente.
En una decisión emitida el 30 de mayo, el Tribunal Supremo —con siete votos a favor y dos en contra— suspendió temporalmente la orden judicial que bloqueaba la eliminación del programa. Esto autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a avanzar con su plan de terminación. Sin embargo, no está claro cómo se implementará esta decisión, ya que el tribunal de distrito mantiene su exigencia de que USCIS procese las solicitudes de beneficios migratorios que ya están en curso.
En declaraciones al canal Telemundo 51, la abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó que “las personas van a recibir respuesta a sus permisos de trabajo, a sus residencias, a sus asilos, TPS (…) todo lo que hayan presentado. Pero teniendo en cuenta que cada solicitud tiene un proceso de investigación, y una vez que se complete, los oficiales sí pueden adjudicar estos casos”.
A pesar de la reactivación, algunas solicitudes iniciales siguen suspendidas. Entre ellas se encuentran las peticiones para ser patrocinador, los casos vinculados a las Oficinas de Movilidad Segura en el Hemisferio Occidental, el parol para menores centroamericanos y el otorgado a emprendedores internacionales.
USCIS informó también que se realizarán ajustes técnicos y cambios en sus sistemas de adjudicación. Asimismo, se emitirán nuevas instrucciones tanto para el personal como para las plataformas de atención al usuario, con el fin de garantizar la implementación efectiva de las órdenes judiciales recientes.
Entre 2022 a 2024, la administración del expresidente Joe Biden implementó programas, uno de estos el parol humanitario, como una vía controlada y temporal para el ingreso de personas en situación de vulnerabilidad.
El programa CHNV fue uno de los pilares en esa política, con el objetivo de desalentar los cruces irregulares y ofrecer una alternativa legal y segura. Sin embargo, su legalidad ha sido impugnada en múltiples cortes, principalmente por una serie de procesos impulsados por la administración de Donald Trump.
Las recientes decisiones judiciales marcan un giro a favor de los migrantes, pero también generan incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios concedidos. Aún queda por ver cómo se aplicarán las revocaciones anunciadas y cuál será el alcance de las nuevas directrices operativas.