El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día para celebrarse sino para visualizar la desigualdad de género y exigir medidas, políticas y actitudes que la reduzcan y eventualmente la eliminen. La ONU ha señalado que globalmente las mujeres están en posición de desventaja con respecto a los hombres en materia de analfabetismo, pobreza, brecha salarial, explotación sexual, matrimonio infantil forzado, mutilación genital y recalca que todavía existen países donde las leyes obligan la obediencia de las mujeres a sus esposos.

En un sinnúmero de casos la contratación de mujeres en puestos de responsabilidad sigue condicionada a su vida fértil. Según el estudio Girls del Financial Times —basándose en el Gender Gap Index 2016 del Foro Económico Mundial— los hombres trabajan 7 horas y 47 minutos al día con 1 hora y 30 min de trabajo no remunerado. Mientras que el día laboral de las mujeres consiste en 8 horas y 39 minutos con 4 horas y 47 minutos de trabajo no remunerado. Teniendo los mismos conocimientos y aptitudes las mujeres ocupan el 43% de puestos calificados y solo el 18% de puestos de liderazgo y revelan una conclusión aplastante: al mundo le faltan 170 años para alcanzar una equidad de género.

En pleno 2023, la desigualdad, la marginación y la exclusión son procesos que se normalizan en diversas sociedades. La violencia de género también se expresa en actos cotidianos contra niñas y mujeres los cuales restringen el acceso a las libertades y a los derechos que les corresponden. La feminización de la pobreza es un problema hondo que llevará décadas para solventarse, sobre todo porque una gran cantidad de hogares están sustentados por mujeres.  El 8 de marzo —y todo el mes— es una magnífica plataforma para subrayar esos temas y que las mujeres no queden invisibilizadas. 

No existe un solo eje de desigualdad sino que hay toda una matriz de variantes dependiendo de la nacionalidad, origen étnico, clase social, edad, color, salud, condición de migrante, orientación sexual, historia de vida. Existe una realidad compleja y diversa donde no podemos encasillar cada caso; por lo general no tiene las mismas desventajas una mujer blanca, de educación universitaria inserta en una sociedad donde existe un marco legal que la proteja a una mujer de color, lesbiana y discapacitada en un país donde no se aplica la ley, existe impunidad y no hay rendición de cuentas por parte de las autoridades, por poner un ejemplo. Y aún se agravan más los casos si existen masculinidades profundas en el sistema judicial: leyes que han sido concebidas por hombres y para hombres sin tener en cuenta situaciones particulares de la mujer.

Los actores judiciales deben combatir la desigualdad desde la legalidad y el primer paso es reconocer que aún hay serios fundamentos machistas en las construcciones. Mucho se lograría por medio de la deconstrucción de las premisas desde una perspectiva de género mas no desde un estereotipo de mujer. Según la ONU Mujeres (2014), la incorporación de la perspectiva de género es una estrategia relevante para analizar las estructuras de poder y los roles de género dentro de marcos específicos y así hacer un análisis minucioso y crítico de las barreras y oportunidades de los individuos y sus grupos basados en su sexo y en su identidad.

El sistema patriarcal —que no podemos negar que sigue arraigado en la mayoría de las sociedades— crea posiciones de privilegio vs. posiciones de subordinación, lo mismo ocurre con los sistemas de desigualdad que ponen a determinadas personas en posiciones de privilegio y estigmatizan a otras, para muestras un botón: el caso de la saxofonista mexicana María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido por orden de un exdiputado. 

Ahora bien, la ONU considera la violencia de género una pandemia y puedo asegurarles que alguno de ustedes —que lee estas líneas— ha tenido alguna conocida o familiar que ha padecido acoso y abuso sexual (frases ofensivas, miradas lascivas fuera de un contexto consensuado, amenazas de violación, manoseos, exhibicionismo), hostigamiento, humillación, intimidación, acecho (ser perseguidas en la calle), golpes y en los casos más graves, la muerte. La RAE define al feminicidio como “el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”, es una muerte violenta por el hecho de ser mujer. La CEPAL realizó un estudio acerca de la violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado en Centroamérica, Colombia, México y República Dominicana. El narcotráfico, las maras y el crimen organizado aumentan los hechos violentos y los asesinatos de las mujeres al mismo tiempo que disminuyen las denuncias por parte de los familiares por el terror a que sus hijas sean asociadas a grupos delictivos y al terrible estigma social “ella se lo buscó”.

Las estadísticas de la CEPAL (2018) muestran las tasas de feminicidios por cada 100,000 mujeres y los países que muestran las tasas más altas son: El Salvador (6.8%), Honduras (5.1%), Bolivia (2.3%), Guatemala (2.0%) y República Dominicana (1.9%). En números absolutos México, Colombia y Brasil encabezan la lista. Latinoamérica presenta algunas de las tasas más altas de feminicidios en el mundo sin tomar en cuenta del enorme subregistro que existe en sus bases de datos. Según la CEPAL medir el fenómeno resulta complejo debido a “la violencia por parte de parejas íntimas o miembros de la familia, crimen organizado, inseguridad pública, trata de personas, migración de mujeres en condiciones inseguras, impunidad, y discriminación de género, y exclusión y racismo estructural”.  Tampoco están contabilizados los casos de “desapariciones” de mujeres y niñas que hayan sido víctimas de feminicidio. 

Por ello, el 8 de marzo no se celebra; se repasan las profundas desigualdades e inequidades que sufren las mujeres y las niñas, se visualizan las medidas y los acuerdos regionales e internacionales para erradicar la violencia contra la mujer. También se denuncia la normalización de la violencia y los abusos que ocurren en la familia y en el Estado. Aquellos que no prevengan los actos de violencia de género, investiguen y castiguen a los responsables están violando los derechos humanos y retrasando el desarrollo de sociedades libres y equitativas.