Estoy en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando el asesesinato de mi esposo Roberto Samcam. Quiero iniciar agradeciendo a quienes me permiten estar aquí: a Brigadas Internacionales de Paz, a Fundación Arias para la Paz, al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a Fundación Sin Límites y a Guernica 37 –quienes han asumido la representación del caso Roberto–. Así como al Grupo de Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que con prontitud condenaron este asesinato y lo nombraron como lo que es: un crimen de Estado transnacional.
Soy Claudia Vargas, activista Feminista y defensora de derechos humanos y comparezco ante este Consejo como nicaragüense, como exiliada en Costa Rica, como ciudadana nacionalizada española y, en especial, como la viuda de Roberto Samcam, asesinado el 19 de junio de 2025 en San José por causas políticas.
Durante los últimos años mi trabajo ha consistido en acompañar mujeres, en la búsqueda de personas desaparecidas de parte del gobierno de Nicaragua, documentando testimonios, en mi rol de mentora, apoyando a las Madres de Abril en la búsqueda de justicia. Hoy soy una de ellas, esta vez no desde afuera, esta vez en la sala de espera, pero no sentada, sino de pie y alzando la voz.
Mi esposo Roberto Samcam era un mayor retirado del ejército en Nicaragua, ingeniero industrial, máster en administración de empresas, y un analista político. Luego de su salida del ejército en 1990, Roberto se convirtió en una de las voces lúcidas y firmes contra la deriva autoritaria en Nicaragua. Por razones de persecución política se exilió en Costa Rica desde 2018, y fue desnacionalizado en 2023, y nacionalizado español. Roberto mantuvo una oposición contra la dictadura Ortega-Murillo de manera firme, apoyado en su compromiso con la paz y la democracia. Su muerte no fue accidental, Roberto no fue asesinado al azar, el motivo de su muerte fue una ejecución sumaria de naturaleza política.
El perfil del trabajo de Roberto se caracteriza por tres atributos que lo hicieron especialmente visible, su acción lo expuso a amenazas que culminaron con su asesinato: Primero, su formación y experiencia militar, le permitía analizar con rigor las dinámicas de seguridad y represión. Segundo, Roberto poseía una alta capacidad de comunicación oral, lo que le permitía ser accesible a entrevistas y participar en foros. Su trabajo incluyó la publicación de varios libros como: “Ortega el Calvario de Nicaragua”, “¿Qué pasó en Nicaragua?” y “Editoriales I y II”. Tanto su voz y sus letras son convincentes y certeras que continúan llegando a audiencias amplias dentro y fuera de Nicaragua.
Tercero, el compromiso ético era inquebrantable. Esta obligación moral lo llevó a denunciar sin descanso los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Incluso un día antes de su asesinato brindó una entrevista en la que denunciaba la represión transnacional y advertía de los riesgos en materia de seguridad para la población exiliada nicaragüense.
Su asesinato fue tambien un mensaje de la dictadura contra el exilio, a los defensores de derechos humanos, periodistas, un intento de silenciamiento y de demostración de poder del régimen más allá de las fronteras.
El impacto sobre los Nicaragüenses en el exterior, en exilio, asilo o refugio fue inmediato: una onda expansiva de dolor, temor y alerta en el exilio político nicaragüense, que dejó claro que nadie está a salvo cuando la represión transnacional escala, pero también generó una ola de denuncia alta y clara que nos acuerpó en el momento más necesario, pero no es suficiente.
Quiero recalcar también que el asesinato de Roberto no fue un hecho aislado. Formó parte de un patrón represivo bien documentado, a su asesinato le antecedieron: Campañas de odio y difamación en redes sociales, promovidas desde el régimen. La desnacionalización masiva de opositores, incluida la de él ya denunciada ante el Consejo de Derechos Humanos. La vigilancia y el seguimiento, documentados en la llamada “operación de células”, que él mismo denunció. Finalmente, y como una evidencia más sólida, el repunte represivo de junio y julio 2025: mientras se reprimía con saña en Nicaragua —en Carazo especialmente—, se asesinaba en San José, Costa Rica a mi esposo.
Este crimen no fue improvisado: fue planificado, coordinado y ejecutado con precisión. Representa un salto cualitativo en perfil y técnica.

Quiero mencionar que las condiciones de seguridad personal y del entorno de Roberto Samcam fueron superadas por los asesinos y por quienes ordenaron su asesinato, a tal punto de llegar hasta la puerta de nuestra casa, nuestro hogar, a solo cuatro días de haber regresado a Costa Rica luego de un viaje internacional: vivíamos en un espacio con control de acceso, vigilancia 24/7 y portón de seguridad. Llegar hasta él confirma que hubo inteligencia previa, seguimiento sostenido y recursos materiales significativos.
De nuevo este patrón represivo se evidencia con el asesinato de Rodolfo Rojas, extraído desde Costa Rica y asesinado en Honduras. El asesinato del campesino Jaime Ortega Chavarría, asesinado en Upala, Costa Rica. Los dos atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto en San José, confirman este avance, este patrón, este escalonamiento… además, confirma que lo que ocurre en Nicaragua se exporta, se impone, se extiende más allá de sus fronteras.
Estos acontecimientos, además, han vulnerado la soberanía de Costa Rica como país de refugio, el país con más refugiados políticos nicaragüenses.
La Fiscalía de Costa Rica ha ordenado el arresto preventivo de cuatro personas presuntamente implicadas en la planificación y ejecución de su asesinato, a su vez que reconoció como principal línea de investigación la política y trasnacional mencionando una vinculación directa con el ejercito de nicaragua y patrones comparables en los atentados a Joao Maldonado y Nadia Robleto y reconoció la complejidad del caso, no solo por la violencia política que lo atraviesa sino por ese brazo represivo que se enlaza con el crimen organizado, el sicariato.
Costa Rica tiene una oportunidad histórica: demostrar que sigue siendo un país de refugio y paz, investigando a fondo este crimen político. No se trata solo de un deber jurídico: es una obligación ética.
Y por eso el Consejo Derechos Humanos y demás instancias de protección internacional de derechos humanos, deben acompañar firmemente a Costa Rica en ese proceso y demandar al régimen de Nicaragua que cese de manera inmediata con estas acciones propias del terrorismo de estado.
El asesinato de Roberto Samcam no puede quedar impune. La normalización de la represión transnacional hasta en los países de refugio no puede ser una opción. Se erosiona no solo el derecho de asilo, sino la credibilidad misma del sistema internacional de derechos humanos y de los países que ofrecen protección.
El asesinato de mi esposo nos recuerda un riesgo mayor: que el exilio político deje de ser refugio y se convierta en miedo y silencio, en más asesinatos. Si no se detiene, si no se nombra, si no se juzga, se abre la puerta a que la represión transnacional se normalice y siga escalando.
Por eso, hoy no hablo solo por Roberto Samcam, sino por todas las voces que aun en Nicaragua y en el exilio siguen siendo blanco de vigilancia, criminalización y silenciamiento.
La memoria de Roberto nos recuerda que el silencio impuesto no es una opción, que la búsqueda de la verdad, la denuncia y la justicia son las únicas formas de acceder a la paz que queremos. La única reparación posible es que podamos decir: ¡Nunca Más! Honrar ese legado es responsabilidad de todas y todos.
Por él, por quienes seguimos en el exilio, y sobre todo por quienes aún resisten en Nicaragua, pido a los estados y mecanismos presentes acciones, una respuesta firme, clara y a la altura de la gravedad de este crimen.
* Palabras leídas en la reciente presentación del informe del Grupo de Expertos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
ESCRIBE
Claudia Elena Vargas Medal
Socióloga nicaragüense, defensora de derechos humanos y refugiada política en Costa Rica. Coordina programas en la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y es fundadora de la Liga Feminista de Refugiadas Políticas, Las Escarlatas y Las Clandestinas. España le otorgó la nacionalidad como medida de protección. Su voz hoy denuncia la represión transnacional y exige justicia por el asesinato político de su esposo, Roberto Samcam.