Michael Reed, abogado y especialista en derechos humanos, analiza los juicios políticos de Managua:

“El comportamiento prohibido no es solo el que llega al umbral de tortura”

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha enjuiciado a unos 27 opositores en una nueva escalada represiva que hace uso del aparato judicial. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes son la norma de estos procesos, que eventualmente deberían ser sancionados según el derecho internacional


9 de marzo 2022

Michael Reed es uno de los principales conocedores de los procesos de justicia transicional. Cortesía.

La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva más de un mes enjuiciando a opositores bajo distintos delitos. Todos ellos con la característica de tener claros tintes políticos. La represión, en los últimos meses, ha sido cruenta. Las penas ascienden en la mayoría de los casos a los diez años de prisión, e incluyen la inhabilitación de cargos públicos. Como una purga propia del estalinismo del siglo pasado, el Frente Sandinista ha sentenciado a disidentes de su propio partido, que cortaron hace muchas décadas con ellos. 

En esta entrevista, Michael Reed Hurtado, abogado, periodista y especialista en derechos humanos del Guernica Centre for International Justice, analiza las detenciones de opositores y brinda una mirada en cuanto al tema de justicia se refiere. Para Reed, quien ha escrito varios artículos sobre la situación de Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo ha realizado acciones prohibitivas en el marco del derecho internacional por tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según él, estas bastan para enfrentar un proceso de justicia cuando toque. 

El régimen de Ortega y Murillo ha enjuiciado a unos 27 opositores y disidentes, en lo que muchos consideran como una farsa judicial. ¿Cómo valora la realización de estos juicios desde la óptica de los derechos humanos?

Los procesos penales no han tenido en cuenta el debido proceso. Se trata de detenciones arbitrarias en términos muy resumidos. Hacen parte de una política y una práctica de persecución basada en motivos políticos. Y en esta ocasión se está haciendo uso del sistema de administración de justicia y se está acudiendo a la penalización de conductas que, por otro lado, están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. 

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En resumidas cuentas, desde el inicio, inclusive antes de la detención, las acciones de persecución estaban en marcha. Desde el comienzo se trata de procesos que son nulos, y que son absolutamente contrarios al derecho internacional de los derechos humanos y a principios básicos que comparten todas las naciones, y que están recogidos por el Estado de Derecho. Aquí hay muchas instancias en las cuales se han violentado principios básicos del derecho internacional.

¿Puede mencionar algunas de esas instancias que podrían llevar a algún proceso de justicia internacional en un futuro?

El tipo de violaciones que se han cometido deberían, en efecto, llevar a un ejercicio responsable y de justicia en cualquier lugar del mundo. La justicia más significativa es aquella que se haga en casa y en Nicaragua. Aquí ha habido violaciones al debido proceso, que son violaciones legales, pero adicional a esas violaciones, persiste un régimen de detención incomunicada, en el que las personas fueron detenidas sin ninguna orden judicial y por otro lado, en condiciones de violencia, en algunos casos. En otros, sencillamente por la segregación absoluta y la arbitrariedad en la detención, la prolongación de la incomunicación, la negación sobre la información del estado de las personas. Todo eso son elementos constitutivos que van en contra de esa prohibición general que existe en cualquier Estado. No es solo una prohibición a la tortura, también en contra de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, aquí no ha habido una separación apropiada de poderes. Hay una injerencia del Ejecutivo en la rama judicial justamente por todas las violaciones al debido proceso. 

Los resultados finales son resultados no de justicia, sino resultados de persecución política que terminan con una firma de una serie de operadores judiciales. Todos esos eventos demandan y requieren un ejercicio de rendición de cuentas que eventualmente tendrá que tener lugar en Nicaragua.

Los familiares de este grupo de detenidos denuncian constantemente tratos inhumanos y fuera de las garantías del derecho. Por ejemplo, los abogados no tuvieron acceso a conversar con los detenidos, tampoco se les permitió el ingreso de frazadas y material de lectura. ¿Estas características constituyen un nivel de tortura?

Las determinaciones de un caso concreto deben hacerse sobre la base de casos específicos. Nada ganamos con un rótulo, porque sencillamente el lenguaje parece más grave. Todos los procesos han presentado violaciones manifiestas al debido proceso, y eso tiene que ver con pasos muy básicos, desde la presunción de inocencia y el cumplimiento de la legalidad, en donde uno de los principios más fundamentales es el derecho a la defensa. Eso desde el comienzo se ha violado. Lo otro a lo que pasamos es a las obligaciones que tiene cualquier Estado en relación con la detención de una persona. Y nuevamente, una de las primeras cosas que aquí se violó tiene que ver con la incomunicación a la cual fueron sometidas las personas detenidas. Nuevamente hay una serie de violaciones. En tercer lugar, hay un tema de las condiciones de detención y en ese sentido el régimen internacional de derechos humanos básicamente se mueve como en dos vías. Por un lado las prohibiciones y por otro lado las obligaciones afirmativas. Las prohibiciones tienen que ver con un tema final de garantizar la dignidad y la integridad de las personas privadas de libertad, especialmente cuando se trata de un secuestro institucional.

El comportamiento prohibido no es solo aquel que llega al umbral de tortura. Uno no puede maltratar a una persona y decir, ‘ah, pero no le torturé’. La fórmula del derecho internacional en eso es muy sabia. La prohibición no es solo a la tortura, también incluye los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si algunos de los eventos que han acontecido han tenido el efecto de ser tratos crueles, inhumanos o degradantes, eso también está prohibido. En segundo lugar, hay también una obligación positiva. El Estado, en el momento en que tiene en sus garras a las personas, sin importar cuál es el régimen de detención, se hace responsable de la vida y la integridad de esa persona, y debe, por lo tanto, proporcionar todos los medios y permitir además todas las medidas razonables de relacionamiento del mundo exterior con estas personas.

Nuevamente, habría que entrar a cada uno de los casos específicos, pero como dije desde el comienzo, el régimen de incomunicación en el cual estuvieron todas estas personas es suficiente desde el comienzo para encontrar irregularidades de inicio hasta la fecha. No se trata solo de llegar al umbral de tortura, en todas las otras conductas también están proscritas, y aunque parezcan menores, de manera acumulada son tan graves como las otras. La prisión y toda forma de detención, especialmente incomunicación, son formas bastante crueles de tratar a las personas, y por eso es tan delicado todo lo que el Estado hace o deja de hacer, mientras que las personas están en su custodia. 

“El comportamiento prohibido no es solo el que llega al umbral de tortura”
Ilustración del juicio político contra Ana Margarita Vijil. Divergentes.

¿Cómo internacionalmente se lidia con un Estado con la naturaleza del régimen de Ortega, quien ha demostrado pasar por alto todas las advertencias y recomendaciones de la comunidad internacional y las instancias de derechos humanos?

Es importante recordar la razón de ser del derecho internacional y de los derechos humanos, para así recuperar no solo las instancias políticas, sino también las judiciales, con el fin de que los Estados sean responsables. Es correcta la afirmación de que el régimen de Ortega ha demostrado ser bastante refractario con las presiones que los mecanismos técnicos de seguimiento de los derechos humanos y las observaciones han hecho; desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos y los diferentes mecanismos especiales. Creo que en estos momentos es supremamente importante seguir valorando el esfuerzo que defensores y defensoras hacen en Nicaragua para documentar y dejar la huella de la ilegalidad, de la arbitrariedad por parte del régimen nicaragüense. 

Entiendo que pueda haber frustración, por lo que salen decisiones buenas que después son desconocidas por el régimen, pero parte del proceso tiene que ver justamente con esa demanda de justicia y de rendición de cuentas. En la medida en que Ortega logra ser irresponsable con sus obligaciones en materia de derechos humanos, manda un mensaje al resto de la comunidad que cree que no importa no cumplir con los estándares de derechos humanos y que puede, en efecto, salirse con la suya. Aquí es donde el ejercicio de corresponsabilidad por parte de los otros países se vuelve increíblemente importante. Los vecinos países de Centroamérica deben, en ese sentido, estar interesados en lo que está pasando en Nicaragua y reclamar el ejercicio responsable ante el Estado. 

Nicaragua no es el único que está desafiando ese orden internacional, pero claramente Nicaragua está dando un pésimo ejemplo y por lo tanto le corresponde a la comunidad internacional hacer valer el peso jurídico y político. 

¿Cómo se puede documentar aquellas violaciones que no dejan una marca física? Por ejemplo, aquellas que vulneran la integridad emocional. 

A través de los testimonios que están dejando los familiares. El periodismo está jugando un rol absolutamente extraordinario. Creo que en esto, los y las nicaragüenses están siguiendo ejemplos, y han dado muestras de muchísima creatividad. Se trata justamente de dejar huella del tiempo en el que no pasa nada, como el tiempo en prisión, que es uno que trae muchísimo daño físico, aunque no se vea la progresión. En esto, creo que los nicaragüenses están avanzando muchísimo. 

Los mecanismos testimoniales son los mejores. Hemos visto a familiares que de manera diaria y muy valiente han dejado esa huella histórica. Creo que hay que recordar que las finalidades no son solo judiciales, que las vías para buscar ejercicios de responsabilización también son sociales. La mejor manera es aquella en la que se exploran ejercicios creativos de periodismo como DIVERGENTES y otros, que están justamente contribuyendo con esa finalidad.

Muchos países en América Latina se han enfrentado a este tipo de injusticia. Creo que lo que más debemos saber es que esto no se trata de una carrera de un ratito, ni un esfuerzo cortico. Se trata de una carrera de largo plazo. Desafortunadamente, a veces es una carrera de relevos. 

Yo vengo de Colombia, un país en el que la demanda de justicia ha sido un ejercicio político, social, judicial y jurídico que ha durado generaciones y que afortunadamente con la perseverancia ha dado resultados. Me temo que en Nicaragua el plazo va a ser el mismo y por lo tanto, esos registros testimoniales hoy en día, utilizando los medios que tenemos para ese registro, los están usando de la mejor manera. No hay fórmula mágica. Yo sé que a veces es frustrante esta respuesta, pero creo que están haciendo lo que hay que hacer.

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