Edwin Alvarado Mena
4 de septiembre 2023

El Estado como crimen organizado


El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio marcará a su país por generaciones. Ecuador está experimentando niveles inusitados de violencia por la ambición sin límite de organizaciones criminales que compiten por exportar su droga, el sacrificio de vidas y sueños que América Latina hace para que el mundo desarrollado tenga las mejores fiestas. A los pocos días del crimen circularon fotografías del acto público con el que el Movimiento Construye puso fin a esta campaña del horror. Christian Zurita, quien asumió la candidatura tras el asesinato, aparece con un casco de zona de guerra, resguardado detrás de una cortina antibalas de tamaño humano. Dos oficiales de seguridad, uno a cada costado, sostienen la cortina pesada al mismo tiempo que sostienen la fe de que ninguno de los presentes tenga planes de ponerla a prueba.

En junio se publicó un estudio sobre el éxito del Cártel de Sinaloa. En The British Journal of Criminology, Valentin Pereda y David Décary-Hetu plantean que este imperio mexicano de la droga afirmó su reputación en el inframundo criminal gracias a ciertos estándares de gobernanza que han implementado con disciplina. Basándose en testimonios ventilados durante el juicio en contra de “El Chapo Guzmán” en los Estados Unidos, concluyen que su organización se distingue por la convicción firme y altamente profesionalizada con la que cumple sus acuerdos. Así lo demuestra el testimonio de un socio suramericano con el que “El Chapo” había contraído una deuda millonaria; tras el primer arresto de “El Chapo”, según este narcotraficante convertido en soplón, el Cártel de Sinaloa honró a pagos la cifra adeudada. En audiencias se conoció además que “El Chapo” mantenía la política de reparar daños, por ejemplo, si sus proveedores advertían que la cocaína que tocaba suelo americano no era de la misma calidad que la cocaína cuyo trasiego habían encargado al Cártel de Sinaloa.

Muy rápido se pasa por alto que ni siquiera la industria del narcotráfico se puede desarrollar por la vía de las armas exclusivamente. La experiencia señala que hasta los delincuentes más sádicos necesitan habilidades blandas. Una pieza especialmente inquietante que recoge el artículo es la declaración de un comerciante satisfecho por las buenas obras del Cártel de Sinaloa: “[…] las cosas están bien. Debo pagar solo una vez, no semanalmente, solo mensualmente, la tarifa se ha reducido, todo es fácil. Son educados. Y mantienen alejados a los inspectores de salud y a los fiscales del gobierno que solían acosarnos y pedir grandes sobornos”. Es decir, el Cártel de Sinaloa no sólo somete a otros actores extra-estatales sino también al propio Estado mexicano.

La trama se asemeja a la historia de la formación de los estados en Europa, donde grupos armados habrían sentado las bases sobre las que se fundaron estados modernos como los que conocemos hoy. Varias de las voces más célebres de las ciencias sociales en el siglo XX escribieron obras impulsadas por el parecido entre el Estado y el crimen organizado. Mancur Olson exploró el tema con una metáfora de bandidos. Empecemos por imaginar un territorio y una sociedad que emprende actividades productivas basadas en la siembra. Una sociedad frugal, con poquísimos habitantes y una economía de subsistencia como mucho. Las decisiones se toman y se comunican directamente. No hay Estados. 

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En este tipo de sociedades pre-estatales, no obstante, ya las personas siembran y producen. Un mal día aparecen en escena unos bandidos que saquean y luego se van para siempre. Con dificultad las personas retoman el trabajo, la producción, hasta que otro mal día unos bandidos arremeten y les roban todo otra vez. La sociedad ha aprendido por las malas que bandidos errantes pueden atacar en cualquier minuto. El despojo anula los incentivos para intensificar la producción y generar excedentes. A su vez, el problema de no generar excedentes es que ninguna sociedad se desarrolla si produce apenas lo mínimo.

Un nuevo grupo de bandidos irrumpe. La diferencia es que estos bandidos roban pero no se van sino que se afincan en el sitio. Son bandidos estacionarios, no como todos los anteriores, bandidos errantes. La sociedad ha quedado bajo el control de estos bandidos estacionarios y de este punto en adelante estará obligada a producir para ellos. Se va configurando un equilibrio inesperado pues ahora es beneficioso para los bandidos que la sociedad sí genere excedentes productivos: cuanto más produzca la sociedad, más recursos podrán capturar ellos.

Los bandidos estacionarios prometen que el despojo será periódico pero no total. Las personas podrán retener una fracción de lo que producen siempre y cuando paguen una cuota fija a los bandidos. Así surgen los impuestos. Aunque cancelar impuestos es una restricción que antes no existía, la sociedad al menos ha asegurado las condiciones de estabilidad y protección que, en última instancia, conducen a la generación de excedentes. Así surge el desarrollo económico. Los bandidos estacionarios enfrentan grandes retos de operación y organización que los bandidos errantes no conocían: recaudar los impuestos, administrar los excedentes de la producción, defender su territorio de la incursión de otros bandidos. Así surgen los Estados modernos. 

De los Estados modernos se espera que protejan a la población de la tiranía de otros poderes. En sus orígenes, sin embargo, los impuestos establecidos por los bandidos estacionarios eran el precio que las personas debían pagar si querían mantenerse protegidas de la violencia que esos mismos bandidos eran capaces de infringir. Los impuestos, la cuota fija que evitaba el despojo absoluto. Un pago a cambio de protección. ¿No es esto muy similar a la extorsión? Los Estados europeos se levantaron sobre la amenaza de la guerra, incluyendo la guerra contra su propia población. Con pertinentes razones el agudo Charles Tilly instaló la teoría del Estado como crimen organizado. 

El avance del crimen organizado por toda América Latina va sumando evidencia al expediente de nuestra débil estatalidad. México es un caso desolador. Especialistas en la materia han afirmado que el país experimenta una guerra civil con todas las letras. Por otro lado, autores opinan que esto no es cierto ya que los cárteles no están persiguiendo un cambio de régimen. Como si importara. La fortaleza del narcotráfico es inaudita. Sus pulsos con el Estado mexicano parecen una competencia entre bandidos errantes y bandidos estacionarios, con la alarmante diferencia de que el comerciante sinaloense que citamos más temprano cree que los legítimos son los narcos, mientras que el pillaje se lo atribuye a las autoridades públicas de su nación. 

El narcotráfico en América Latina lleva décadas desarrollando capacidades que perfectamente podríamos llamar estatales: administran bienes y servicios, cobran impuestos, construyen infraestructura, emiten normas. Incluso monopolizan el uso de la fuerza en algunos territorios, un atributo inconfundible de los Estados. Casi es más realista preguntarse cuál capacidad les falta desarrollar. Una hipótesis sería decir que les falta volumen institucional: si algo confirman los testimonios judiciales en torno al Cártel de Sinaloa es que, con menos interés por la paz que por el business, la posibilidad de forjar compromisos creíbles e intertemporales la anhelan hasta los delincuentes más poderosos. Las instituciones ofrecen todo eso. ¿Llegará la fecha en que los narcos establezcan sus propias instituciones representativas para promulgar leyes y reformarlas? ¿Acordarán disponer de cortes ilícitas cuyas sentencias reemplacen la fuerza bruta? ¿Crearán emprendimientos criminales enfocados en ejecutar penas y sanciones? ¿Podrán algún día pacificar las relaciones entre sí y concentrar recursos en la guerra contra los Estados? 

¿Un Congreso pero de narcos, una Corte pero de narcos, una OTAN pero de narcos? Mientras la droga sea lo que le ordena al mundo girar no hay escenario inimaginable.

ESCRIBE

Edwin Alvarado Mena

Politólogo costarricense. Actualmente cursa su PhD en la Universidad de Arizona, EE.UU. Ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Administración Pública y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ex asesor del Gobierno de la República de Costa Rica (2016-2021).