El cinco de abril de 1992 marcó un hito y fue una coyuntura crítica en la historia política y la sociedad peruana. En esa fecha, el entonces presidente Alberto Fujimori, respaldado por las fuerzas armadas, decretó “disolver temporalmente el Congreso de la República y reorganizar totalmente el Poder Judicial”, lo que trajo como consecuencia, además del cierre del Congreso, la purga de un gran número de jueces y el inicio de un proyecto político y un periodo autoritario para este país. A su vez, redactó una nueva Constitución en 1993, que rige al Perú hasta la actualidad. 

En el año 2000, tras la caída de Alberto Fujimori, la historia política del Perú parecía encaminarse hacia una senda democrática. Después de treinta dos años mucho ha cambiado en este país suramericano. Sin embargo, la inestabilidad política del país ha sido una constante: desde inicios del presente siglo ha tenido once presidentes, a partir del 2016 ninguno ha terminado su mandato constitucional y en varias ocasiones ha tenido que asumir la presidencia por sucesión constitucional quien ejerce la vicepresidencia o la presidencia del Congreso. 

Dina Boluarte, la actual presidenta y primera mujer en ejercer este cargo, se convirtió en la sexta jefa del Estado y Gobierno peruano. Desde 2018 la antecedieron Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo (quién intentó fallidamente dar un golpe de Estado). 

Prevalece además una característica persistente en la historia reciente de Perú: la recurrente búsqueda del poder político por controlar el Poder Judicial, que se ha manifestado a través de intentos de destitución de jueces y juezas y/o autoridades judiciales. En el año de 1997, el entonces presidente Alberto Fujimori, impulsó mediante sus diputaciones (el Congreso era de mayoría oficialista) la destitución de tres jueces del Tribunal Constitucional (TC), por oponerse a la ley de reelección de Fujimori. El TC había declarado ilegal a la ley que le permitía postularse por tercera vez en el 2000 a Fujimori y la represalia ante estos votos fue la destitución de los tres jueces que fallaron declarando a dicha ley inaplicable.

Casi un cuarto de siglo después –veintisiete años– una coalición populista y autoritaria liderada en el congreso por Fuerza Popular (partido fujimorista), Perú Libre (el otrora partido del expresidente Castillo) y otras fuerzas aliadas, han adoptado una serie de decisiones que dan cuenta de un plan para controlar entidades claves del Estado, amenazar a los entes electorales, socavar la libertad de prensa y cambios institucionales para perpetuarse en el poder (la recién aprobada bicameralidad en el parlamento va en línea con esa tendencia). 

Precisamente el pasado 7 de marzo, tras varios intentos fallidos, con 67 votos a favor (el mínimo requerido) dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los magistrados Inés Tello Valcárcel de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos, fueron removidos de sus cargos e inhabilitados por diez años. En un proceso que estuvo rodeado de denuncias por irregularidades y denunciado por diversas organizaciones internacionales de protección de derechos humanos.

La base de la destitución parece ser una disputa interpretativa con respecto a la norma constitucional (artículo 156.3) sobre la edad requerida para ser integrante de la JNJ, que señala como requisito tener menos de 75 años al momento de su postulación. La posición de la Junta es que ya en funciones y al cumplir 75 años, sus integrantes no deben, necesariamente, renunciar a su puesto, la edad no es una causal de vacancia ni justifica el cese de la JNJ. Por el contrario, la posición del Congreso es la opuesta y consideró que la JNJ incurrió en infracción constitucional, por sus actuaciones a beneficio de magistrados con más de 75 años para que se mantengan en su cargo, como lo es el caso de Tello Valcárcel.

No obstante, persisten dudas sobre las verdaderas motivaciones de las y los congresistas. La JNJ, como parte del sistema judicial, tiene relación con las judicaturas y fiscalías que investigan casos de corrupción que implican a personas que forman parte de la clase política peruana. En meses, previos la JNJ decretó la suspensión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, “por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos”, se le acusa de estar involucrada con una red dedicada al tráfico de influencias que busca controlar la Defensoría del Pueblo, la Junta de Fiscales Supremos y a la misma JNJ.   

Aunado a lo anterior, entre las principales funciones de la Junta está nombrar, evaluar, renovar, destituir y sancionar a jueces y fiscales. Autoridades judiciales que les corresponden llevar a cabo investigaciones contra políticos, en algunos casos congresistas, que enfrentan procesos por corrupción, enriquecimiento ilícito o por conformar una organización criminal, como el caso de la exfiscal Benavides.

La JNJ es un órgano constitucional y autónomo. Fue creada en el 2018 como sustituto del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que por las denuncias de corrupción había perdido legitimidad y confianza. Esto trajo como consecuencia la modificación del sistema de designación y evaluación de diversas autoridades judiciales, como jueces, fiscales y de las máximas autoridades electorales. Es debido a esto que desempeña un papel fundamental en la preservación de la independencia del sistema judicial, es un ente estratégico para el funcionamiento del sistema de justicia en un Estado de Derecho.

La independencia judicial es una exigencia en un Estado de Derecho. Hace referencia a esta necesidad de que las actuaciones de las personas que integran las judicaturas y en general el sistema judicial no están siendo influenciadas, alteradas y/o controladas ―de manera indebida― por presiones políticas-partidarias y/o de otros actores poderosos.

Asimismo, la JNJ es un actor clave para asegurar la integridad electoral, al designar, evaluar y ratificar a la jefatura de dos autoridades electorales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de la administración y organización de los procesos electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que le corresponde emitir el padrón electoral. 

La manipulación política de cortes y organismos judiciales constituye una práctica que no es ajena a la historia latinoamericana y en particular peruana, tal y como di cuenta en párrafos previos. En esta línea, la captura de la JNJ o, en otras palabras, la manipulación en su composición a través de destituciones realizadas mediante procedimientos irregulares, representa una ventana de oportunidad para las y los políticos, impulsada por conveniencia más que por motivos ideológicos, tal y como lo señala la abogada constitucionalista, Beatriz Ramírez. Justamente, la función esencial de la Junta para asegurar la independencia del Poder Judicial hace que su manipulación sea también un obstáculo para lograr este objetivo.

En conclusión, la situación política y en particular de la justicia en Perú es motivo de seria preocupación, ya que el país suramericano se encuentra en una senda peligrosa para su sistema político. La existencia de esta coalición o pacto autoritario, evidenciado en los acuerdos alcanzados en el Congreso para manipular a los órganos judiciales, y recientemente para modificar una parte significativa de la Constitución, deben encender todas las alarmas de alerta, tanto a nivel nacional como internacional.