Hoy se conmemora, en el mundo entero, el día internacional de la persona trabajadora. Un mínimo tributo para quienes, a diario, sometidos a las más perversas desigualdades, laboran para poder subsistir junto con su familia. Este día que refleja la lucha de la clase trabajadora para conquistar una jornada laboral humana y no esclavizante, y que hoy se ejerce en ocho horas diarias, en Nicaragua es una fecha sin ninguna razón conmemorativa pues los y las trabajadoras han visto cómo la dictadura plutocrática de los Ortega-Murillo ha conculcado todos sus derechos fundamentales en los últimos años… y que ha visto su pulverización con la reforma constitucional de 2025. 

El nuevo orden jurídico y político totalitario que ha sido impuesto por la familia neo-oligárquica que manda desde El Carmen ha vaciado a las personas trabajadoras del derecho a la dignidad, como eje sobre el cual se deben articular todas las relaciones laborales, con el objetivo de compensar las situaciones de sujeción y de desigualdad en las que los y las trabajadoras se encuentran frente a su empleador, y más si este es el todopoderoso Estado familiar Ortega-Murillo. 

La dictadura ha derogado el derecho de los trabajadores a tener un salario que sea compatible con la dignidad humana y que le permita a este su subsistencia y la de su familia. El régimen de Nicaragua con esto ha convertido a la persona trabajadora en un mero instrumento del juego económico de intercambio de bienes y servicios en el que el empleo precario es sumamente rentable. Pero no solo eso, también ha desregulado el salario que es el derecho individual del trabajo con mayor tutela jurídica internacional. 

¿Tendrá algo que celebrar un trabajador en Nicaragua si su derecho fundamental a un salario digno ha dejado de existir en la norma fundamental? Es claro que no. 

Pero hay más. También la dictadura ha cercenado el derecho a la estabilidad en el empleo, garantía neurálgica de todo trabajador para poder defenderse de los despidos injustificados y sin causa ejercidos por el empleador tanto público como privado, dado que es el derecho que permite demandar el reintegro al puesto de trabajo ante este tipo de despidos. Al eliminarse este derecho fundamental y dejar de ser, en consecuencia, de aplicación directa, los y las trabajadoras se encuentran de rodillas ante sus patronos, y todavía más si tal patrono es el Estado de los Ortega-Murillo. 

Decíamos que el primero de mayo se recuerda la lucha reivindicativa de la clase obrera por una jornada laboral de ocho horas, pues este derecho humano también lo ha tirado por la borda Ortega y sus trogloditas jurídicos de la Asamblea Nacional. En la reforma constitucional, en el artículo 75.5, se ha dispuesto una cláusula en virtud de la cual, la legislación laboral puede establecer jornadas laborales “diferentes” a las ocho horas ordinarias. ¿Qué significa jornadas laborales diferentes? No podemos pensar en horas de trabajo menores a las ordinarias pues ya están contempladas en la ley.

Lo que la dictadura hace es abrir la puerta para que se puedan acordar jornadas de trabajo mayores a las ocho horas, coadyuvando aún más hacia la subordinación del trabajador al empleador. Esta norma constitucional no puede ser más inhumana y esclavizante, pues juega con el estado de necesidad de los trabajadores en virtud del cual se verían obligados a aceptar jornadas de explotación de la mano de obra. 

Es un reflejo de la liberalización de las relaciones jurídicas laborales en las que prima el principio civilista de la autonomía de la voluntad. Este es un guiño de la dictadura a los chinos que ven, con estas políticas laborales, un paraíso para la inversión en tanto no tienen ningún tipo de obligación para con los trabajadores. Olímpicamente se viola el artículo 1 del Convenio N.º 1 de la OIT de 1919, relativo a las horas de trabajo.

¿Y los derechos colectivos a la huelga y a la libre sindicalización? Estos tampoco existen. Convocar a una huelga o constituir un sindicato independiente distintos a los del Frente Sandinista en la Nicaragua de hoy, es sinónimo de golpe de estado. De tal manera que, así como el derecho individual del trabajo más importante que es el salario ha sido des jerarquizado y en consecuencia des garantizado, lo mismo pasa con los dos principales derechos colectivos que son la huelga y la sindicación. Más aún, si agregamos que la reforma constitucional establece que la sindicalización ya no es voluntaria, es decir, que todo trabajador debe obligatoriamente afiliarse a un sindicato.

La siguiente pregunta es, ¿a cuáles? ¿A los del FNT de Gustavo Porras, mismos que en la actualidad, sin que los trabajadores públicos firmen la ficha de afiliación, les deduce la cuota sindical del 1% su salario? Es decir, sindicatos distintos a los que controla la dictadura no existen, lo cual lisa y llanamente refleja que los sindicatos nicaragüenses son verticales como los del franquismo y del fascismo corporativista de mediados del siglo pasado. 

Los trabajadores nicaragüenses ven el amanecer del primero de mayo más oscuro para sus derechos laborales que han sufrido una grave incisión a manos de una dictadura neoliberal que niega la dignidad humana y por tanto los derechos inherentes a la personalidad. Una dictadura que desprotege a los trabajadores, y por eso ha abandonado la OIT, para que no existan foros donde denunciar a nivel internacional, pues ya desde hace años los tribunales laborales perdieron su esencia que ser garante de los derechos laborales. Y por lo tanto el derecho laboral, administrado por la dictadura, perdió su naturaleza tuitiva en favor de los desposeídos de la sociedad. 

Ante la negación de los derechos fundamentales –aunque algunos permanezcan mínimamente enlistados, los derechos para reputarse como tal requieren de un cuño de garantías formales y materiales que en Nicaragua han sido desprovistos– la dignidad reside en la resistencia de los trabajadores que silenciosamente se oponen a la dictadura con la convicción que un futuro democrático es inevitable y conllevará, de forma inexorable, al restablecimiento de todo el ordenamiento jurídico laboral y social que les devolverá la cualidad jurídica de la dignidad humana.