El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVS-RSJ), ubicado en la frontera suroriental de Nicaragua y parte de los humedales reconocidos por la Convención RAMSAR y de la Reserva de Biósfera de la UNESCO, está colapsando. Un informe reciente de la organización ambiental Fundación del Río, al que tuvo acceso DIVERGENTES, documenta con precisión científica el proceso de degradación acelerada del refugio a causa de una política de ocupación inducida por operadores del régimen Ortega-Murillo.
Según el estudio, entre los años 2000 y 2024 el RVS-RSJ ha perdido un 32% de su cobertura arbórea, el equivalente a más de 13,700 hectáreas. La deforestación se concentra en las zonas ribereñas del río San Juan, donde también han ocurrido incendios provocados por colonos. Estas pérdidas han fragmentado ecosistemas críticos, muchos de ellos compartidos con la Reserva Biológica Indio Maíz.
Pero la pérdida ambiental es sólo parte de una trama más compleja. El informe identifica al menos cuatro dinámicas de invasión hacia el refugio, todas ellas con implicación directa de figuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En el municipio de El Castillo, por ejemplo, se ha organizado el reparto de tierras en áreas protegidas, cobrando entre 15 000 y 30 000 córdobas a los nuevos colonos a cambio de parcelas boscosas de hasta 50 manzanas.
“El proceso de invasión ha sido promovido por operadores políticos del régimen, quienes se coordinan con actores institucionales y militares para facilitar el tráfico ilegal de tierras”, sostiene Fundación del Río.
El patrón es claro: se desmonta el bosque, se siembran granos básicos o pasto para ganado, y se consolida una red de tráfico de recursos naturales que incluye madera preciosa, fauna protegida, ganado y productos químicos utilizados en minería ilegal.
Uno de los factores que agrava esta situación es la expansión del fenómeno minero desde la vecina Costa Rica. Según el informe, el refugio funciona como un corredor logístico y operativo para los mineros ilegales que operan en Crucitas, lo que ha generado una creciente presión binacional sobre los ecosistemas compartidos.
Desde el punto de Boca de San Carlos hasta el río Bartola, unos 36 kilómetros, se han detectado rutas de tránsito, almacenamiento de mercurio y cianuro, y hasta “puertos clandestinos” para el ingreso y salida de equipos, víveres e insumos.
El impacto humano ya es visible desde el espacio. A través de imágenes satelitales, Fundación del Río contabilizó al menos 1587 edificaciones ilegales dentro del refugio, lo que representa un crecimiento del 55% desde 2017. Estas construcciones albergan una población estimada en 2479 personas.
Aunque el refugio tiene reconocimiento internacional y un Plan de Manejo vigente desde 1999 —actualizado sin validez legal en 2005—, el Ministerio del Ambiente (Marena) no ha sancionado a los invasores ni ha garantizado la vigilancia en el área. El Ejército de Nicaragua, que opera al menos cinco puestos en la ribera, ha tolerado las invasiones incluso a menos de un kilómetro de sus instalaciones. Según la organización, esta tolerancia podría formar parte de una estrategia informal para “utilizar a los colonos como guardafronteras”.
A esto se suma el inicio de un nuevo proyecto de dragado del río San Juan, impulsado desde 2024 por una empresa estatal creada al efecto, sin estudios de impacto ambiental ni transparencia. Las obras —que se extienden por más de 30 kilómetros hasta el mar Caribe— podrían alterar severamente el ecosistema fluvial y reactivar tensiones diplomáticas con Costa Rica.
“El refugio aún conserva el 51% de bosque intacto, pero su integridad ecológica está en riesgo inminente”, concluye el informe. Fundación del Río hizo un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones ambientalistas y a las instituciones costarricenses para exigir el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua.