Por Divergentes y Connectas
Managua, Nicaragua
1 de septiembre de 2021
Alba Forestal fue concebida por el régimen de Daniel Ortega como el negocio perfecto. La empresa creada para explotar el negocio maderero en Nicaragua era parte de un grupo de compañías que pertenecían al Grupo Alba, un conglomerado que creció vertiginosamente amparado en el poder político y cuyo capital era mixto: 51 por ciento propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA y 49% de su par nicaragüense Petronic.
Su primera etapa, desarrollada entre 2012 y 2014, fue “algo” sencilla: extrajo los árboles tumbados por el huracán Félix en 2007 en la región del Caribe Norte del país y generó millonarias ganancias por la venta de madera. La segunda parte del proyecto arrancó a mediados de 2014. Se suponía que al igual que en la primera, utilizaría pocos recursos pero tendría igual o mayor retribución monetaria. Sin embargo, la realidad fue otra.
Sin planificación y sin la implementación de estudios de impacto ambiental, fue insostenible continuar trabajando en la zona. Implicó más gastos y menos retorno de dinero. La segunda fase, entonces, culminó con el cierre de operaciones de Alba Forestal en 2016, pero generó una ganancia de 203 millones 273 mil 048 córdobas (5 millones 807 mil 801.37 dólares). Para tener dimensión de lo que representa ese dinero, es 246 % más de lo presupuestado por el Gobierno nicaragüense para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2019 (58.5 millones de córdobas).
Las ganancias fueron administradas exclusivamente por José Francisco López Centeno, representante legal y presidente de la junta directiva de la empresa, quien también es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hombre de confianza de Daniel Ortega y uno sus operadores financieros más importantes, del dictador sandinista, según diversas investigaciones periodísticas.
En esta historia, sin embargo, los mayores perdedores son los indígenas Miskitos y Mayangnas de las seis comunidades de donde se extrajeron los árboles. La empresa no solo incumplió con todos los acuerdos que firmaron como condición para que los comunitarios entregaran los permisos de extracción, sino que destruyó sus bosques y dejó madera tumbada que no pudieron aprovechar ni vender porque la compañía controlaba en ese momento la oferta de este negocio.
- Esa empresa cerró hace años. Ya no hay nada
- ¿Y esa madera que está en el patio?
- Ahí la dejaron. Se fueron y no regresaron
Sobre la carretera panamericana norte, específicamente en el kilómetro 27 rumbo hacia el municipio El Timal, en Tipitapa, están las ruinas de las oficinas de Alba Forestal, una empresa de capital mixto que fue inscrita en el registro público mercantil de Nicaragua en el año 2012. La compañía había nacido con el objetivo de ser el mayor proveedor nacional e internacional de maderas duras tropicales, en mercados como Asia, Europa y África. Se vendió como una empresa novedosa cuyo sistema de extracción estaba en completa armonía con el medio ambiente. Algo casi perfecto.
Detrás de esa buena presentación se ocultaban varios secretos, por ejemplo que Alba Forestal nació realmente por las pretensiones que tenían Daniel Ortega y Rosario Murillo por controlar el negocio maderero en Nicaragua. En 2009 el mandatario recién cumplía dos años en el poder y tenía a su disposición la fuente de petrodólares del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. “Para echar a andar el proyecto primero necesitaban ‘venderlo’ bien. Y lo consiguieron. ¿Cómo? No tengo idea”, explica una fuente que trabajó por varios años en la empresa y que solicitó el anonimato para este reportaje. Para efectos de esta investigación le nombraremos Ricardo.
En Nicaragua las organizaciones ambientalistas tuvieron cierto recelo por la creación de esta compañía. Temían que al ser anunciada con bombos y platillos por el Gobierno de Daniel Ortega, trajera consigo prácticas nocivas que podrían afectar los recursos naturales del país. Su intuición, en efecto, era correcta.
La primera zona de extracción que fijó el gobierno de Ortega fueron los bosques de las comunidades indígenas de la Región Autónoma del Caribe Norte. En el 2007 este lugar había sido azotado por el huracán Félix y además de provocar cientos de muertes y desaparecidos, derribó innumerables cantidades de árboles. Con la idea de sacar la madera preciosa tumbada y comercializarla en millones de dólares, “vendieron” el proyecto en Venezuela.
A Chávez le aseguraron que la empresa podría generar más de 1 000 millones de dólares en diez años. Sin embargo, lo que no le dijeron al presidente venezolano es que la zona no era accesible. Tampoco le explicaron que, de aprobarse el financiamiento, estarían recogiendo árboles que habían pasado más de dos años caídos y que existía el riesgo de encontrarlos podridos. Las propuestas de las fases de extracción carecieron de estudios de impacto ambiental. “En Nicaragua creían que solo era meter un camión, montar los troncos y ya”, expresa Ricardo.
Aunque el proyecto carecía de muchas aristas importantes para su éxito, Chávez no se interesó en analizar la rentabilidad del mismo. Firmó y aceptó la propuesta. Al final lo más importante para él era consolidar buenas relaciones con los países del hemisferio a cambio de petrodólares. Si Ortega, su amigo y aliado, le pedía dinero para un negocio, no iba a titubear, y menos cuando se suponía que iba a recibir muchos millones a cambio.
Un reportaje publicado en el portal venezolano ArmandoInfo hace un recuento de lo que las autoridades nicaragüenses propusieron al presidente venezolano. “El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que, según los anuncios originales, plantaría 500 000 árboles al año para la reforestación de la zona devastada de la Costa Caribe Norte de Nicaragua”, detalla el medio de comunicación.
ArmandoInfo agregó en su reportaje que en octubre de 2009 Chávez firmó la aprobación del negocio y asignó 18.5 millones de dólares para la primera fase. Sin embargo, sería hasta tres años más tarde que se activaría “el proyecto”.
Una vez aprobado el negocio, en Nicaragua Lumberto Campbell, hoy presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) sancionado por corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se atribuyó la idea del proyecto; sin embargo, Daniel Ortega no dejó en sus manos la administración de Alba Forestal.
El mandatario delegó a José Francisco Centeno López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), uno de los hombres en los que ha depositado mayor confianza al punto de ser su testaferro más poderoso, según investigaciones periodísticas publicadas por medios nacionales en Nicaragua.
En el año 2012 el gobierno de Ortega registró la personería jurídica de Alba Forestal como una compañía de capital mixto. Los socios de la empresa eran Alba Alimentos S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua S.A (Albanisa). La primera, según documentos oficiales en poder de DIVERGENTES, tenía 1% de las acciones. El otro 99% estaba en poder de la segunda empresa.
Los documentos en poder de DIVERGENTES detallan que la junta directiva estaba integrada únicamente por dos personas: Chico López como presidente de la empresa y Nomar Fernando Colmenares Zamora como vicepresidente. Este último era gerente de Albanisa en Nicaragua. “Pero quien mandaba, hacía y deshacía era López. No se movía nada sin su aprobación. Ese hombre es el candado de Daniel Ortega”, refiere la fuente vinculada a Alba Forestal. El tesorero del FSLN también se atribuyó la representación legal de la compañía. El control fue absoluto.
Una vez en ejecución del proyecto, en teoría Nicaragua debía reembolsar a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, y el uso de los excedentes obtenidos debían estar a disposición de Hugo Chávez para su inversión en proyectos “socialistas de interés para nuestros pueblos”. Pero el retorno nunca existió.
Alba Forestal formaba parte de un grupo de compañías que pertenecían al Grupo Alba, un conglomerado que creció vertiginosamente amparado en el poder político y cuyo capital era mixto: 51 % propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA y 49% de su par nicaragüense Petronic.
La empresa maderera estaba subordinada a Albanisa. “Aunque estaba por debajo de las otras que eran las que recibían más fondos, tenía por debajo a NH Wood Products, que comercializaba a nivel internacional, y NH Zona Franca, un proyecto que no terminó de arrancar”, asegura Ricardo.
La asignación tardía de los 18.5 millones de dólares otorgados por Venezuela supuso el primer problema para la empresa maderera. Si ya existía temor de que la madera estuviera podrida porque habían transcurrido dos años del paso del huracán Félix, esperar tres años más para extraer los árboles se traduciría en muchas pérdidas. Aunque presionaron, el dinero no entró sino hasta 2012.
Cinco años después de Félix, cuando Alba Forestal recibió el dinero de Venezuela, buena parte de la madera estaba podrida. Otra fue consumida por las quemas no controladas después del huracán. Ahí los funcionarios de la empresa maderera se dieron cuenta que las proyecciones iniciales habían sido sobredimensionadas, según Ricardo, el extrabajador de Alba Forestal.
La inversión del proyecto original tenía varias etapas: acopio y extracción; primera transformación y segunda transformación; y conseguir el mayor valor agregado de la madera, generando grandes ganancias aprovechando la abundancia de los árboles tumbados a bajo costo. Sin embargo, el plan se arruinó.
“Había alguna madera dura que se había resistido y que podía tener fibras forestales estiradas. Pero esto no era funcional para la industria. Cuando trozás los tablones se quiebran, la madera pierde elasticidad”, dice Amaru Ruiz, expresidente de la Fundación del Río, quien se ha dedicado a documentar y denunciar la extracción de madera y la invasión de colonos en la región del Caribe Norte y Sur.
Con la primera fase en decadencia, Alba Forestal no vio otra salida que variar el plan. “Ellos dijeron ‘voy con todo’, aprovecharon lo que no estaba en pie y lo que sí, lo cortaron. Y después se quedaron en la zona”, prosigue Ruiz. “Se calcula una extracción de 5,000,000 millones de metros cúbicos, eso equivale a unos 73,855 contenedores. O para explicarlo mejor, podríamos llenar una carretera con 900 kilómetros de longitud con estos contenedores llenos de madera”, agregó el también biólogo, investigador y ambientalista.
Desde Venezuela preguntaban qué había pasado con la inversión inicial y con la primera fase del proyecto. Habían llegado noticias de que el dinero estaba fluyendo y tenían inquietud sobre el retorno del dinero. Pero en Nicaragua la orden fue guardar silencio. “Eran desordenados. Había ingresos, millones de dólares, pero la contabilidad la llevaba una persona que respondía únicamente a López. Solo ellos sabían lo que se estaba vendiendo”, asegura Ricardo.
El extrabajador de la compañía maderera asegura que la empresa gastó mucho dinero para poner en marcha la primera fase del proyecto. Ruiz detalla que compraron maquinarias especiales para recoger los árboles y pagaron para abrir trochas para llegar hasta la zona donde estaba la madera tumbada. “Y usaron otra parte del dinero para la segunda fase del proyecto, pero sin comprometer las ganancias que obtuvieron”, detalla Ricardo.
Motivados por la falta de información que había desde Nicaragua, las autoridades venezolanas impusieron un mayor control en las operaciones de Alba Forestal. “Para la segunda fase, como ya habían acabado con la madera ‘tumbada’, entonces propusieron entrar más arriba, a otras zonas indígenas, pero ahí todo fue más complicado. Cometieron más errores. Y para esa etapa es que entró el sistema SAP exigido por Venezuela”, explica Ricardo.
El SAP es un sistema de gestión empresarial que brinda las mejores prácticas de mercado a empresas de diferentes segmentos, con la intención de mejorar la eficiencia, control y gestión de la información y los datos. En pocas palabras, Venezuela iba a medir las “costillas” de Alba Forestal.
- Estaban presionados. Venezuela los estaba controlando a través de este sistema SAP.
- ¿Nadie se opuso al control?
- No podían. Los venezolanos habían puesto mucha plata. Marcó un antes y un después.
El estudio de impacto ambiental es el método más efectivo para evitar las agresiones al medio ambiente, conservar los recursos naturales y garantizar la factibilidad de un proyecto público o privado. Si no se realizan o no se toman en cuenta los datos que arrojan estas investigaciones, el riesgo para las empresas al momento de empezar cualquier actividad comercial es alto. De eso depende el éxito o el fracaso.
Alba Forestal pasó de ser el negocio perfecto a una apuesta improvisada motivada por la ambición de generar millones de dólares con la madera extraída de zonas boscosas del Caribe Norte de Nicaragua. En la segunda fase del proyecto, que empezó a mediados de 2014, la compañía tomó la decisión de implementar varios planes de extracción en seis comunidades indígenas de la zona: Isnawas, Wasakin, Haoulover, El Naranjal, Layasiksa II y Kukalaya.
Para este momento Alba Forestal controlaba el mercado en su totalidad. Si bien muchas empresas madereras querían entrar a los bosques del Caribe Norte porque detrás de la explotación forestal había mucho dinero en juego, no se arriesgaban porque no tenían el capital para hacer estudios de impacto ambiental y luego entrar a la zona, y porque el Gobierno no les iba a entregar permisos. La niña de los ojos de Ortega era la empresa administrada por su tesorero Chico López.
“Ellos contaban con todos los permisos institucionales. Eran los únicos que podían asumir el riesgo y los costos de operación que eran muy altos. Entonces no quedó ninguna empresa que le pudiera hacer competencia. Alba Forestal se convirtió en la única compañía con posibilidades de extraer madera dura. Tenían el monopolio de extracción en la zona y si querías madera, tenías que ir hacia ellos, no había otra forma”, explica Amaru Ruiz, biólogo y conservacionista.
El último paso lo tenían que ejecutar en las comunidades Mayangnas y Miskitas. Si bien Alba Forestal contaba con todos los permisos que exigía el Gobierno, necesitaban el consentimiento de los comunitarios para entrar al bosque virgen, sacar la madera y comercializarla.
“Entrar a la fuerza e imponerse no era una opción. La empresa se vendía como una compañía amigable con el medio ambiente y la gente. Como quería exportar a distintos mercados internacionales, un escándalo con los comunitarios no iba a ser bien visto por los posibles compradores”, sostiene Ricardo, extrabajador de Alba Forestal.
Un estudio elaborado por la empresa Consorcio Multi Consult S.A en el año 2014, entregado al Instituto Nacional Forestal (Inafor) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) pero que no fue publicado de forma oficial, ofrece mayores detalles sobre la implementación de esta segunda etapa del proyecto. En la página 124 señala que la madera prioritaria a ser aprovechada estaba constituida por las especies con mayor mercado nacional e internacional: Caoba, Cortez, Cedro Macho, Guapinol, Frijolillo, Nancitón, Quebracho, Santa María, Cedro Real.
El propósito de esta segunda etapa era crear cuatro o más modelos de empresas comunitarias forestales autosostenibles capaces de multiplicar las buenas prácticas de manejo de bosques forestales con un sentido social y económico, teniendo presente la reforestación y regeneración natural de los bosques. El estudio de Multi Consult concluyó que “dadas las dificultades inherentes al manejo forestal comunitario relacionadas con la falta de una cultura de manejo forestal, esta aspiración no se cumplió”.
“Alba Forestal no estaba interesada en crear modelos de negocios. Esta fue la excusa que plantearon para que las comunidades les otorgaran el consentimiento de extracción. Los comunitarios primero se negaron, pero después entraron en juego los otros acuerdos que tampoco cumplieron”, asegura Ricardo.
La empresa se comprometió a construir carreteras, otorgar becas universitarias a los hijos de los comunitarios, pagar por metro cúbico extraído la cantidad de 14 dólares, hacer casas para huérfanos y viudas, y sobretodo, sembrar cinco árboles de una misma especie por cada uno que derribaran.
Con el sí de los líderes comunitarios, Alba Forestal penetró por primera vez los bosques vírgenes de estas seis comunidades indígenas. Utilizó parte de la inversión inicial que inyectó Venezuela en la primera etapa para abrir trochas y acondicionar los aserríos que estaban ubicados en cuatro de las comunidades.
Entre 2014 y 2016 la empresa maderera extrajo alrededor de 60, 647.887 metros cúbicos de madera de los bosques de las seis comunidades ubicadas en el Caribe Norte, según una base de datos en poder de DIVERGENTES que fue corroborada con extrabajadores de Alba Forestal.
La data ofrece detalles nunca antes revelados por la empresa administrada por Chico López. Por ejemplo, para comercializar la madera a nivel nacional se utilizó a Alba Forestal. Sin embargo, para vender el recurso forestal de forma internacional, se usó la compañía N & H Wood Products.
De acuerdo a registros mercantiles en poder de este medio de comunicación, N & H Wood Products fue inscrita en el año 2007 y su representante legal es José Francisco López Centeno. Es decir que el tesorero del Frente Sandinista de Daniel Ortega no solo tenía el poder absoluto de Alba Forestal, también controlaba esta compañía.
Los accionistas de la empresa son Wendy Morales Urbina, que se desempeña actualmente como Procuradora General de la República; el abogado Otto Fernando López Okrassa, quien estuvo vinculado en la obra de un edificio pagado con dinero del INSS a una empresa sin mayores credenciales en el sector construcción; y Sujey de los Ángeles Vega.
La junta directiva está conformada por Francisco López, quien actuaba como presidente; el vicepresidente era Juan Carlos Jímenez Riera, acusado en Venezuela de ser uno de los responsable de la quiebra de la Corporación Venezolana Agraria; y el fallecido Paul Oquist Kelley, exasesor presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
DIVERGENTES visitó las oficinas de N & H Wood, ubicadas en el kilómetro 27 de la carretera panamericana norte, en Tipitapa, Managua. Según la información en poder de este medio de comunicación, la empresa continúa activa. Sin embargo sus oficinas están cerradas,resguardadas por dos empleados de seguridad que hacen turnos cada dos días.
“Ya hace muchos años que cerraron. No hay nada. Antes sí traían el montón de madera y salían y entraban camiones. Hoy no, eso se terminó. Quién sabe por qué”, comentó uno de los guardas de seguridad que cuida el lugar.
Es imposible entrar a la propiedad porque cuenta con un muro perimetral y los portones están enllavados. A lo lejos se observan algunas maquinarias que están tapadas con un plástico negro. En el piso se divisan unos renglones podridos que están bien apilados. Luego un monte crecido y las señas de que hubo un enorme parqueo.
Cuando le preguntamos al guarda de seguridad sobre Alba Forestal y los dueños de la propiedad, responde sin dudar. “Sí, aquí eran las oficinas también. Ahora esto le pertenece al Gobierno”.
La base de datos detalla que N & H Wood Products vendió por su cuenta entre 2014 y 2016 al menos 67, 482, 619 millones de córdobas (1, 928, 074.83 millones de dólares). La madera fue comercializada a los siguientes países: Alemania, Canadá, China, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, México, Holanda, Panamá y Suiza.
Por su parte, Alba Forestal logró vender en el mismo periodo de tiempo alrededor de 135, 790, 429 millones de córdobas (3, 879,726.54 millones de dólares). Según la base de datos y recibos en poder de DIVERGENTES, entre las empresas que compraron madera a esta compañía se encuentra Tecnosa, administrada por Chico López.
Entre las dos empresas comercializaron aproximadamente 203, 273, 048 millones de córdobas (5, 807, 801.37 millones de dólares). Todos administrados por Francisco López Centeno, la máxima autoridad de ambas compañías.
“Los venezolanos pidieron explicaciones porque el volumen de venta era menor que el primero sobre el cual no tuvieron control, pero desconozco si en Nicaragua les dieron explicaciones”, expone Ricardo, quien asegura que aunque la empresa estaba facturando millones de córdobas por la comercialización de la madera, los acuerdos con los comunitarios no se cumplían y esto comenzaba a generar presión.
Para calmar las aguas los directivos de Alba Forestal creyeron oportuno incluir a los comunitarios dentro de la lista de trabajadores para rebajar la presión; sin embargo, esto evidenció la desigualdad y la marginación que tenía la compañía hacia los indígenas.
DIVERGENTES tuvo acceso a la planilla correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2015.
El salario más alto, restando el IR, aporte al Inatec y el INSS patronal, era de 2 139 córdobas (79.2 dólares al cambio oficial). El más bajo rondaba los 519.17 córdobas. Alba Forestal también estableció una tabla de bonos y de pago de horas extras que casi nunca se abonaban.
“Alba Forestal no cumplió con los acuerdos. Lo poco que les dio a las comunidades fue insuficiente. Al final la madera salió legalmente pero incumpliendo lo que había quedado firmado. O sea, de alguna manera fue madera sucia lo que se extrajo”, opinó un exfuncionario que trabajó en Inafor durante 2012 y 2017 y que fue consultado por DIVERGENTES.
En 2016, los directivos de Alba Forestal sucumbieron a la presión. No solo a la de los comunitarios que exigían el cumplimiento de los acuerdos, sino a la que le impuso el invierno en la zona donde estaban extrayendo madera. Las trochas colapsaron, la maquinaria estaba siendo amenazada por criminales que se movilizaban en las montañas de las seis comunidades, y la extracción era casi imposible.
“Se fueron sin decirle nada a nadie. Nos dejaron engañados y nos destruyeron nuestras montañas. Ahora no tenemos nada”, expresó Domingo Washintong Guzmán, poblador de Layasiksa II, una de las seis comunidades incluidas en los planes de extracción de Alba Forestal.
- ¿Qué opinión tenés sobre Alba Forestal?
- Fue el sicario que vino a matar a mi gente.
Wasakin (Wassahkin en lengua Twahka) es una comunidad que está ubicada a 12 kilómetros del municipio de Rosita, en la Región Autónoma del Caribe Norte. Significa “desembocadura del río grande” en honor al río Bambana, que atraviesa todo este territorio indígena. Esta es una de las seis comunidades cuyos bosques fueron aprovechados por Alba Forestal.
La comunidad, al igual que las otras zonas indígenas de la región norte y sur, ha permanecido en el olvido por todos los gobiernos que han llegado al poder en Nicaragua. Aunque es una de las zonas más explotadas por las empresas mineras, la pobreza y la desigualdad han prevalecido desde tiempos históricos.
El ingreso a Wasakin se hace a través de una trocha que la mayor parte del año permanece en mal estado. El autobús que entra y sale del lugar tarda alrededor de cuarenta minutos en realizar un recorrido. La planicie evidencia que en algún momento hubo un hermoso bosque de pinos. Hoy sobreviven unos pocos, que fácilmente pueden contarse con los dedos de las manos.
Para llegar al centro de la comunidad se debe cruzar un puente colgante que mide aproximadamente 20 metros de largo y tiene cincuenta años de antigüedad. Está hecho de madera de caoba y los comunitarios le dan mantenimiento cada cuatro años. Sus bases están hechas de concreto y está sostenido por gruesos alambres acerados. Desde arriba se aprecia perfectamente la mansa corriente del río Bambana que en invierno a veces es brusca.
Dentro de Wasakin prevalecen las viviendas de tambo: casas montadas sobre bases de madera ideadas por los indígenas para evitar que se inunden en tiempo de invierno. Es un miércoles de julio y la mañana transcurre con normalidad. En el horizonte se divisan algunas nubes negras. Hay grandes probabilidades de que llueva.
El juez comunal de Walanwás avanza lento entre las casas. Está buscando a un comunitario que en 2014 estuvo presente en una asamblea comunal en la que se firmó un convenio muy importante para la comunidad. El hombre al que llamó se acerca lento, es de estatura media, tiene piel tostada y una voz grave. Conversan en mayangna twahka.
El juez comunal le explica el motivo de la visita. El hombre escucha atentamente y frunce el ceño cuando le mencionan la palabra Alba Forestal e investigación. Voltea la cabeza y llama a otras personas. “Pase aquí, vamos a hablar”, dice. “Solo tenemos una exigencia, no grabés nuestras caras y tampoco anotés nuestros nombres. En estos tiempos uno no puede confiar en el Gobierno”, continúa.
El sitio en el que estamos reunidos es una vieja estación policial que no tiene ni un policía. “Supuestamente iban a mandar a varios policías pero después dijeron que no había presupuesto. Siempre hacen lo mismo”, cuenta Gilvio Gómez, un indígena Mayangna twahka que nos acompaña como nuestro guía.
Dentro de la vieja estación policial hay dos sofás y un escritorio. El comunitario que estuvo en la firma del convenio toma la palabra y dice con aplomo: “Alba Forestal tenía compromisos con la comunidad, pero no cumplió con los acuerdos estipulados que estaban firmados. Dejó alrededor de mil árboles tumbados en la montaña. No honró su palabra y se fue sin decir nada”.
La empresa desarrolló dos planes de extracción forestal en Wasakin, uno en el año 2014 y el otro en el 2015. En el primero retiró 15 000 metros cúbicos de madera. En el segundo apenas 2 075 metros cúbicos. El resto quedó tumbado en el bosque y condenado a la pudrición. Los comunitarios no explican por qué la empresa se fue, solo expresan que fueron víctimas de un engaño.
“Alba tenía el compromiso de hacer una carretera. Durante la extracción del primer plan mejoró el camino, echó material selecto, pero nada más. Se comprometieron a otorgar becas universitarias para los jóvenes, a construir casas para las viudas y los huérfanos, y a pagar por metro cúbico de madera extraído 14 dólares. Con lo estipulado en la agenda, Alba no cumplió con ningún punto”, dice molesto el comunitario.
Un joven de unos 35 años que está en la reunión aporta a la denuncia de los comunitarios. “Yo trabajé con Alba. Yo vi cómo cortaban árboles que no tenían la medida que habíamos acordado en el convenio. Muchas veces les dije que no talaran, pero me amenazaron con echarme preso”, cuenta.
A la reunión se integra un anciano de la comunidad. Usa lentes y gorra, pero no habla muy bien español. El hombre de unos 65 años de edad notó, desde el primer paso que los funcionarios de Alba Forestal hicieron en Wasakin, sus malas intenciones. Sin embargo, el poder de decisión no lo tuvo él, sino todos los miembros del territorio.
Al anciano no le pareció correcto que los ingenieros que llegaron a coordinar la extracción de la madera fuesen estudiantes recién graduados de las universidades. Eran jóvenes entre los 19 y 21 años sin ninguna experiencia en el rubro.
“Alba Forestal había venido con millones de córdobas para el desarrollo de la comunidad, pero no desarrolló nada”, reclama el anciano. A este comunitario tampoco le gustó que el primer compromiso, el de la reforestación, tampoco fue cumplido.
Si bien los ingenieros habían acordado sembrar cinco árboles por cada árbol derribado, esto no ocurrió. “Sacaban y sacaban la madera pero ni un arbolito plantaron. Decían que después, que no era momento. Eran mentiras”, sostiene el anciano.
El poco dinero que entregaron a los líderes indígenas de Wasakin fue insuficiente para impulsar un desarrollo en la comunidad. En teoría los comunitarios debían recibir 239, 050 dólares correspondientes a los 17, 075 metros cúbicos extraídos de su zona (14 dólares por metro cúbico según lo acordado). No obstante, solo se les entregó un cinco por ciento de esa suma.
“Nosotros no logramos ningún beneficio como comunidad porque con ningún punto cumplió. Por eso decimos que salimos perdiendo. Vinieron como los españoles, prometiendo tantas cosas, pero al final se llevaron nuestras riquezas y nos dejaron peor”, dice el comunitario que estuvo presente en la firma del acuerdo.
Los comunitarios trataron de denunciar el incumplimiento de los acuerdos firmados entre los líderes de Wasakin y la empresa forestal, sin embargo su voz no fue escuchada. Insistieron en el desastre ambiental que había ocasionado Alba Forestal derribando árboles que finalmente no se llevó y dejó pudrir en la montaña. Pero tampoco obtuvieron respuesta. No pudieron aprovechar la madera porque la compañía se marchó a finales de 2015 y debido al monopolio que impuso en la zona, las demás empresas forestales tuvieron temor de comprar lo que había dejado.
“No mostraron ningún estudio ambiental. Abrieron la trocha por donde les pareció mejor y botaron árboles que caídos secaron otros. Había fiscales comunales de Wasakin que observaban el proceso de corte, pero cuando exigían que se actuara de forma responsable, los de Alba no hacían caso. Como eran dueños de las maquinarias se creían dueños de todo. Dijeron que iban a regresar por la madera tumbada pero hasta hoy nunca lo hicieron”, reclamó otra autoridad de Wasakín.
En la comunidad nadie sabe por qué Alba se fue. No tienen muy claro el motivo. Están enojados y preocupados por las consecuencias de entregar su bosque a una empresa que arrasó con todo y dejó destrucción.
“Creemos que no sacaron la madera porque el invierno los afectó. También adentro, en la montaña, había grupos criminales que querían robarse la maquinaria. Una vez entró la Policía con el Ejército para resguardar, pero tenerlos ahí implicaba mucho dinero. Se fueron. Y también los de Alba”, comenta el anciano.
Francisco Martínez y Domingo Washington Guzmán son buenos amigos. Ambos son contemporáneos: el primero tiene 53 años y el segundo 54. Viven en la comunidad de Isnawás, en Rosita. Aquí Alba Forestal también dejó mucha molestia e inconformidad.
Francisco no habla muy bien español. Cuando no puede expresarse bien, Domingo traduce. Martínez fue síndico de Isnawás en el año 2014. Él aprobó la firma de los convenios de los planes de manejo de extracción de maderas de Alba Forestal. “Yo también estuve, pero como miembro de la comunidad”, dice Guzmán.
Alba Forestal llegó a Isnawás ofreciendo “todo bonito”. Contactó a Martínez para ofrecer becas universitarias, carreteras, casas y el pago de 14 dólares por metro cúbico de madera que extrajeran de sus bosques. Básicamente hicieron las mismas promesas que en Wasakín.
Martínez guardó copias de los planes de extracción presentados por Alba Forestal. También tiene un duplicado de la firma de los acuerdos. Los comparte con DIVERGENTES porque quiere que se sepa la verdad: “Nos dañaron la comunidad a cambio de nada”, dice con aplomo.
La empresa maderera llegó a las seis comunidades indígenas ofreciendo todo lo que no podían cumplir pero en lugar de presentar como propios los planes de extracción forestales, decían a los comunitarios que debían ser ellos, como dueños del territorio, los que tenían que presentar ante las autoridades competentes los documentos para su aprobación. Alba Forestal solo figuraba como una compañía que iba a brindar “ejecución y asistencia técnica”.
El convenio entre la empresa forestal y la comunidad, en resumen, establece que Alba forestal tendría pleno dominio y control sobre el bosque y que durante el tiempo que durara la extracción de madera, los comunitarios tenían prohibido ocupar recursos para venderlos a otra empresa o extraerlos de la zona.
También señala que Alba Forestal se comprometía a garantizar el desarrollo de la comunidad “de acuerdo a lo acordado en la reunión con los líderes comunales”, y que parte de su compromiso era la reforestación del área y un estudio de impacto ambiental.
“Pero no reforestaron nada. Nada nadita. Y no nos pagaron la madera, que eran 14 dólares por metro cúbico. Tampoco hicieron ese estudio. Ellos solo hicieron la trocha y ya”, dice apesarado Martínez, quien agregó que la empresa implementó tres planes de extracción, sin embargo solo logró sacar dos. El tercero quedó tumbado en el bosque y se pudrió.
Martínez lamenta que el voto de confianza que le dieron a Alba Forestal no sirviera de nada. “Nos dañaron el bosque, nos dañaron a nosotros”, repite. “Solo se fueron de la comunidad y nunca más regresaron. Y como no revocó el plan, entonces los árboles tumbados no pudimos venderlos. Alba se adueñó de nuestro bosque”, expresa.
Guzmán observa apesarado a su amigo. Interrumpe la entrevista y dice que no está conforme con Alba Forestal. Sus palabras están cargadas de enojo. “Nos dejaron el bosque, que era bien lindo, destruido y abandonado sin avisarnos. Nos botó la madera, un pijazo de madera nos quedó en esa montaña”, cuenta con tono molesto.
El comunitario señala que Alba Forestal habló bonito pero al final todo fue una mentira. Observa el horizonte y señala la montaña que está a nuestras espaldas. El bosque era virgen, dice Domingo, y agrega que para que se regenere tendrán que pasar más de sesenta años. Quizás sus nietos lo podrán ver, pero él no y eso le entristece.
“Había cedro macho, cedro real, caoba, comenegro, níspero, cortés, guapinol, frijolillo, todas esas especias había en la montaña. Animales había chancho de monte, venado blanco y pavones, tigres, gallina de monte. Esa montaña era bien linda. Antes había abundancia, ahora no hay nada”, detalla.
Además de ver hecho trizas el bosque, a Domingo le preocupa el otro impacto que tuvo Alba Forestal en la comunidad. Se refiere a la invasión de colonos que desde 2014 se han apropiado de grandes parcelas de tierra y continúan desplazando a comunitarios de la zona.
“Alba Forestal es la culpable de que ahora esté invadida la montaña, los mestizos lo aprovecharon. Ellos están destruyendo nuestros recursos. Es culpable porque les abrió el camino. Alba Forestal en nada nos ayudó, para nada nada, absolutamente nada. Al contrario, dañaron todo”, concluyó.
Esta investigación fue realizada por DIVERGENTES y CONNECTAS, dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).