La reciente detención de la abogada Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos de la organización Cristosal, marca un punto crítico en la ofensiva del gobierno salvadoreño contra voces disidentes. Lejos de ser un hecho aislado, su captura se inscribe dentro de un patrón creciente de represión que se ha intensificado bajo el régimen de excepción instaurado por Nayib Bukele en 2022, aún vigente a pesar de múltiples cuestionamientos nacionales e internacionales.

Esta escalada autoritaria ha quedado evidenciada en una serie de detenciones arbitrarias ocurridas en las últimas semanas. El 25 de febrero, Fidel Zavala, líder comunitario y defensor de derechos humanos de la organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH), fue arrestado tras denunciar torturas, malos tratos y abusos en centros penales.

Asimismo, el 7 de mayo, fue  arrestado por el gobierno de Bukele, Roberto Jaco, empresario del transporte público y seis días después, murió bajo custodia estatal.

Con él, ya son 303 personas fallecidas mientras estaban detenidas por el Estado

Por otro lado, el 12 de mayo, fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Militar capturaron con violencia al pastor José Ángel Pérez. Su único crimen fue haber acompañado y apoyado a familias que protestaban pacíficamente contra un inminente desalojo. Al día siguiente, el 13 de mayo, el abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez fue detenido en circunstancias igualmente arbitrarias, según denunció el Foro del Agua.

Finalmente, el 17 de mayo, la represión alcanzó a Ruth López, una de las voces más firmes en la defensa del Estado de derecho y la transparencia en El Salvador. López fue arrestada bajo acusaciones vagas de corrupción relacionadas con su paso por el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Durante horas, su familia y abogados no supieron su paradero, lo que llevó a Cristosal a denunciar una desaparición forzada de corta duración. Su detención, más allá del caso individual, simboliza el punto más alto de una política sistemática de silenciamiento.

Estos hechos no pueden entenderse como acciones desconectadas. Son piezas de una estrategia deliberada para desmantelar las estructuras de defensa ciudadana y crítica social. El régimen de Bukele ha instrumentalizado la seguridad como excusa para criminalizar a toda figura que cuestione sus decisiones o exponga sus abusos. Con cada arresto arbitrario, el gobierno profundiza su control sobre la vida pública y elimina los contrapesos que aún quedan.

El Salvador ha cruzado un umbral peligroso. Nayib Bukele ya no gobierna con mano dura, sino que se consolida como un dictador en escala sublime, capaz de desarticular toda oposición bajo el disfraz de la legalidad y la narrativa de “orden y seguridad” que sostiene su poder ha desencadenado persecución política abierta, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos y el frágil estado democrático del país.