La diplomacia de la administración de Joe Biden hacia El Salvador cambió en dos años. Pasó de calificar en 2021 la reelección del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, como un sabotaje a la democracia, a guardar silencio en 2023 con la excusa de que el tema es un asunto interno y un debate político. Un viraje que demuestra que Estados Unidos tiene dos caras: en una, es un zelote que defiende la democracia hasta las últimas consecuencias; en la otra, un Poncio Pilato que se lava las manos al ver a un líder que, aun siendo autoritario, puede ayudarle a alcanzar sus metas a corto plazo.

El vaivén del Departamento de Estado sobre El Salvador revela que Washington está sumergido en los ánimos reeleccionistas de Biden.  Ahora, el gobierno estadounidense moviliza toda su maquinaria en el afán de detener los flujos migratorios que llegan a su frontera sur. Tal como lo hizo el ex presidente Donald Trump, la actual diplomacia estadounidense deja de lado muchos de sus valores para concentrarse en detener la llegada de millones ante la posibilidad de que el Partido Republicano lo utilice como arma contra Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

En dos años, 7.5 millones de personas han sido detenidas en la frontera sur. El flujo de migrantes ha pasado de ser de mexicanos y centroamericanos a convertirse en un fenómeno internacional que aglomera nicaragüenses, cubanos, haitianos, rusos, ucranianos y africanos.

Esto ha hecho que Biden haya pasado de buscar detener la construcción de un muro que divida su país con México -tal como lo prometió Trump en su campaña- a abrazar la construcción de este. El objetivo electoral ha disparado un efecto dominó en las políticas regionales de Estados Unidos. La administración Biden ha levantado algunas sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro. A cambio Maduro ha aceptado la llegada de vuelos de deportados venezolanos en aeronaves estadounidenses. Un simple “ojo por ojo”.

De la misma forma, México se ha convertido en un pilar de esta estrategia estadounidense para detener la migración. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, organizó una cumbre migratoria en las cuales fueron invitados representantes de Cuba y Venezuela. En abril pasado, en una visita a Washington,  el presidente colombiano, Gustavo Petro, se comprometió con Biden en colaborar en una migración “ordenada y legal”, al mismo tiempo Washington informó que abrirá oficinas de asilos en toda Latinoamérica. Por su parte, Haití suspendió sus vuelos a Nicaragua para intentar disminuir el número de sus ciudadanos que emigraban al norte del hemisferio con la anuencia del gobierno de Nicaragua, adversario geopolítico de Estados Unidos. La medida, temporal, no impidió que los vuelos continúen y que el régimen sandinista los ocupe para lucrarse y “atacar” a EUA.

En esta ofensiva diplomática por contener un fenómeno tan viejo como la humanidad, la diplomacia de Biden parece pensar que la única opción en El Salvador para avanzar sus intereses es negociar con Bukele. La oposición está dividida y la sociedad civil está siendo perseguida por un Estado de excepción que ha favorecido la criminalización de líderes comunitarios. Así que, mientras la administración estadounidense pide respetar la legalidad en la elección del fiscal en Honduras e incluye nuevas  sanciones a funcionarios judiciales guatemaltecos, en El Salvador, Washington apoya tácitamente una reelección inconstitucional. Lo qué es bueno para Honduras y Guatemala no lo es para El Salvador. Para luchar con esta percepción, el primero de noviembre de 2023, la embajada de Estados Unidos en El Salvador se dio palmaditas en la espalda cuando el congreso oficialista invalidó una ley mordaza que amenazaba con arrestar periodistas por contactos con fuentes en las pandillas. Tal vez sin saberlo, Bukele le ha hecho un favor a Biden al declarar al país como libre de pandillas. Ante la ficción del desaparecimiento de las pandillas, miles de peticiones de asilo podrían ser rechazadas.

Bukele también ha respondido al llamado de Washington al mejor estilo de su régimen autoritario. En el marco de una reunión sostenida entre Bukele y el subsecretario de estado, Brian Nichols, un día antes de que el mandatario salvadoreño se inscribiera como candidato a la contienda electoral, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, , El Salvador impuso un impuesto de $1,000 a los viajeros que lleguen vía aérea provenientes de países asiáticos y africanos .

Al mismo tiempo que los objetivos de la diplomacia de Biden sobre El Salvador se realineaban,  funcionarios de Washington empezaban a contactarse con el canciller en la sombra, Karim Bukele, de acuerdo a fuentes cercanas a la administración estadounidense. Si los poderes de la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, son limitados, los de Karim son enormes y poderosos. Karim ha sido el principal negociador con China y al cerrarse el filtro de dinero de la cooperación china, Washington parece una buena opción. Con el reacomodo estadounidense, el gobierno salvadoreño parece volver a confiar en la aprobación de un préstamo de $1.2 mil millones que el Fondo Monetario Internacional tiene estancado desde 2021 después que Bukele removió ilegalmente al fiscal general y la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo, Nichols sigue prometiendo una supuesta bonanza estadounidense que salpicará al hemisferio occidental con la Alianza de la Américas con la que Washington piensa estimular la inversión extranjera en la región.

El cambio de Zelote a Pilatos de la administración estadounidense responde a un reacomodo regional de Washington. Estamos por ver si será efectiva, pero como el caso de Nicaragua demuestra, gobiernos autoritarios que persiguen a sus opositores terminan obligando a miles a dejar sus países y aventurarse a la frontera sur de Estados Unidos. Si antes, muchas peticiones de asilados salvadoreños aseguraban ser perseguidos por las pandillas, podríamos no estar lejos de que estas crezcan y se haga más evidente que cuerpos de seguridad persiguen y desplazan a miles de inocentes que sufren, sin derechos, bajo el régimen  del Estado de excepción. Si sucede esto, Washington habrá creado su peor monstruo: un régimen autoritario que, al perseguir a inocentes, los expulsa. Nada nuevo para los que nos gusta la historia. En los ochenta, los regímenes autoritarios de Guatemala, Honduras y El Salvador provocaron unos de los mayores éxodos de centroamericanos a los Estados Unidos. Entonces, Washington apoyaba a esos gobiernos con una mano y con la otra hablaba de democracia. Con Trump y con Biden, nos hemos dado cuenta de que, al final, si Washington tiene que decidir entre detener la migración y proteger la democracia, Estados Unidos prefiere la primera.