A menos de 20 días de las elecciones generales, Honduras enfrenta una tormenta institucional que pone a prueba la solidez de su democracia. El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano garante de la transparencia y legitimidad del proceso, atraviesa una crisis que combina enfrentamientos internos, denuncias cruzadas y decisiones judiciales que ensombrecen la confianza ciudadana.
Con un presupuesto de 1,737 millones de lempiras (unos 66.8 millones de dólares), el CNE debería estar concentrado en garantizar un proceso limpio, eficiente y seguro. Sin embargo, las últimas semanas han estado marcadas por acusaciones de intento de fraude, amenazas entre consejeros y pugnas políticas que exponen la fragilidad institucional del sistema electoral hondureño.
La disputa entre los consejeros Marlon Ochoa (representante del Partido Libre) y Cosette López (representante del Partido Nacional) ha ocupado titulares y alimentado el desconcierto público. Cosette Lopez denunció haber recibido amenazas de Ochoa tras negarse a adjudicar a Smartmatic la conectividad satelital, pese a ser la oferta más alta. Ochoa, por su parte, acusa resistencia a la modernización del sistema electoral.
A ello se suma la controversia generada por la pretensión del Ejecutivo de involucrar a las Fuerzas Armadas en el escrutinio de votos. La presidenta Xiomara Castro habría solicitado a las FFAA colaborar en la supervisión de resultados, pese a que la Constitución limita su función al resguardo del material electoral. Esta intromisión erosiona la independencia del CNE y revive fantasmas del pasado.
Todo esto ocurre mientras organismos internacionales preparan misiones de observación, conscientes de que la legitimidad de los resultados dependerá de la credibilidad del árbitro electoral.
Como si fuera poco, el Ministerio Público y la DPI abrieron una investigación contra magistrados del TJE por una reunión celebrada sin quórum, en la que se aprobaron decisiones clave, incluida la inscripción de Jorge Cálix. La actuación del TJE ha sido vista por algunos como parte de un juego de poder más amplio que busca incidir en el resultado electoral.
Los candidatos: tres visiones con vacíos de información
Los conversatorios presidenciales organizados por la Universidad de San Pedro Sula ofrecieron un vistazo a las propuestas de los tres candidatos con mayor peso político: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal)y Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional).
Rixi Moncada planteó un discurso de transformación estructural, con énfasis en la justicia social, sostenibilidad ambiental y reducción del extractivismo. Salvador Nasralla se enfocó en la lucha contra la corrupción, la prosperidad rural y la eficiencia del Estado. Tito Asfura, por su parte, insistió en la descentralización, la gestión local y la infraestructura municipal como motores del desarrollo. Sin embargo, más allá del discurso, los tres candidatos evidencian una falta de planes concretos de implementación. No hay claridad sobre tiempos, recursos ni capacidad institucional para ejecutar sus promesas.
El Rol de la Ciudadanía
El mes electoral inicia con un ambiente de desconfianza y agotamiento social. Las instituciones políticas parecen jugar al filo del abismo mientras la ciudadanía observa con escepticismo. Pero si algo está claro, es que la credibilidad del proceso no la garantizarán los políticos ni los magistrados, sino la ciudadanía informada y vigilante.
Frente al deterioro institucional, la sociedad civil debe reafirmar su papel como garante de la democracia. Fortalecer la veeduría ciudadana, promover la observación electoral y ejercer la denuncia responsable son pasos indispensables para proteger el derecho constitucional de defender el orden democrático. En momentos en que las instituciones titubean, la ciudadanía no puede quedarse al margen. La defensa del voto, la transparencia y la legalidad no se delegan: se ejercen.
Gisselle Wolozny también es coautora de este artículo. Ella es abogada con Maestría en Gestión Pública y Acción Política. Ha trabajado con Naciones Unidas, embajadas y organizaciones de sociedad civil, articulando estrategias que combinan incidencia política, comunicación efectiva y gestión de actores clave.
ESCRIBE
Ana Palada
Politóloga y licenciada en Administración de Empresas, con Maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo. Consultora desarrollando de estrategias de responsabilidad social para el sector privado, la formulación de proyectos de incidencia política desde la sociedad civil, hasta la comunicación, investigación, monitoreo y evaluación en programas vinculados a la prevención de conflictos, paz y seguridad internacional de diversas agencias de las Naciones Unidas.