El 30 de diciembre de 2024, la justicia argentina dio un paso histórico para Nicaragua al ordenar la captura internacional y extradición de Daniel Ortega, su esposa y “Copresidenta”, Rosario Murillo, y otra decena de altos funcionarios del régimen sandinista. La causa, basada en el principio de justicia universal, acusa al régimen nicaragüense de crímenes de lesa humanidad, sustentada en testimonios de exiliados y documentos de organismos internacionales.
El fiscal federal Eduardo Taiano, quien lidera la investigación desde Buenos Aires, detalla en esta entrevista el estado del proceso, los desafíos legales y políticos que enfrenta la causa, así como las limitadas posibilidades de que Ortega y Murillo sean juzgados mientras permanezcan en el poder. Aunque reconoce que la extradición es improbable, Taiano destaca que esta causa restringe la movilidad internacional de los acusados y marca un precedente para la justicia universal en la región.
Pero también enfatizó que si bien la justicia argentina ya ha emitido órdenes de captura y extradición contra los Ortega-Murillo, las alertas rojas de Interpol aún están en proceso para activar una detención. Sin embargo, Taiano dijo que Interpol ya le entregó a Argentina fichas sobre diez de los 15 altos funcionarios procesados en Buenos Aires.
Taiano es una de las figuras más experimentadas del Ministerio Público Fiscal de Argentina, con más de 30 años de trayectoria en la justicia federal. A lo largo de su carrera, ha encabezado investigaciones de alto perfil, incluyendo casos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Fue uno de los fiscales clave en el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de detención y tortura más emblemáticos de la dictadura argentina. Su trabajo ha estado marcado por un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos y la aplicación del principio de justicia universal, una especialización que ahora ocupa contra los Ortega-Murillo.
En diciembre del año pasado, la justicia de su país aceptó una causa contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus principales operadores por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esto ha generado muchas expectativas en Nicaragua, pero también cierta suspicacia sobre la efectividad del proceso. Para empezar, ¿en qué etapa se encuentra actualmente el caso?
Represento al Ministerio Público Fiscal en la causa 28 91 22, que ingresó al Juzgado Federal número cuatro a partir de la denuncia presentada por Darío Richarte y Diego Pirotta contra el actual Gobierno de Ortega y su gabinete.
Este proceso no es acusatorio puro, sino que es de naturaleza mixta. Es decir, la causa ingresa al juzgado, el juez de turno la recibe y la envía a la Fiscalía. Nosotros revisamos si hay elementos que configuren un delito y realizamos lo que se llama requerimiento de instrucción, en el cual se determinan los presuntos autores, los hechos, las pruebas y cómo deben ser diligenciadas.
El juez tiene dos opciones: Aceptar el requerimiento y llevar adelante la instrucción del caso, con la posibilidad de que nosotros agreguemos pruebas. O delegar la instrucción directamente en la Fiscalía. En este caso, se adoptó un enfoque híbrido: tanto el juez como nosotros construimos una prueba conjunta. Se recopiló documentación de organismos internacionales y se tomaron testimonios vía Zoom de personas ubicadas en Costa Rica y otros países fuera de Argentina.
Una vez reunida toda la prueba, se llevó a cabo una evaluación que culminó con la declaración indagatoria, un derecho fundamental de los imputados ante el juez. Por lo tanto el juez dijo que sí, que había pruebas suficientes y resolvió el 30 de diciembre de 2024 convocar a la declaración indagatoria de 15 personas del gobierno de Ortega. Además, liberar la orden de detención internacional y solicitar la extradición de cada uno de ellos. Ese es el estado actual de la causa, por el cual también se pidieron las órdenes internacionales de captura y se solicitaron las circulares rojas de Interpol. Eso se tiene que hacer vía judicial y lo hizo el juez.
Cuando usted dice que hubo indagatoria, ¿quiere decir que han tenido alguna respuesta por parte de los acusados o del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
No se tuvo ninguna respuesta. Internacionalmente es una orden de captura internacional, con lo cual no le permite a Ortega y a los 15 personas imputadas irse de Nicaragua. Por lo tanto, si viaja a otros países se les puede detener, traer y extraditar a la Argentina. Eso es lo que puede pasar o no, pero si no viajas a ningún lado es muy difícil.
Usted menciona a Interpol. ¿Ha girado Interpol alguna alerta roja para dar con la captura de Ortega y Murillo?
No, están en trámite. Una aclaración procesal: En Argentina, en el mes de enero, está lo que se llama la Feria Judicial, cuando los tribunales reducen mucho su operatividad. El año judicial va de febrero a diciembre. Entonces, como esto fue el 30 de diciembre, el juez sacó la orden el 3 de enero. De todas maneras se informó y se pidió a Interpol la información pertinente, porque para poder cursar las alertas rojas necesitamos información con la que no contábamos. Entonces pidió que reuniera la información para poder disponer las alertas rojas. Interpol informa por mail cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder encender las alertas rojas. Entonces ese trámite está en proceso.
¿Qué posibilidades reales hay de detener a Daniel Ortega, que apenas viaja a Cuba o Venezuela?
Bueno, eso ya es imposible, diría yo, si no viaja a otro país.
¿Cuáles son las expectativas realistas de este proceso, en el sentido que Ortega y Murillo van a poder ser juzgados o se va a volver este caso un ejercicio, digamos, de memoria histórica en un caso de justicia universal?
Lo importante de todo esto es que, de alguna manera, se ve acotada la función de Ortega de poder moverse en el resto del mundo. Eso es importante para nosotros, más allá de que sea una memoria histórica, como usted dice, de que sea una justicia, siempre y cuando, como digo, que no se traslade a otros lugares. Si no,va a ser muy imposible detenerlo y extraditarlo a Argentina. Muy complicado.
Argentina ya tiene experiencia en este tipo de casos. Tuvieron el juicio de las Juntas Militares que es otra cosa, local, pero está el tema de cuando juzgaron al franquismo en Buenos Aires y hubo resultados. ¿Es posible llevar al banquillo de los acusados Ortega-Murillo en el caso de que sigan gobernando?
Yo con la Fiscalía, con la secretaria y un montón de personas hicimos el juicio que se llamó ESMA, que era el centro clandestino de detención de la Armada. Eso era distinto porque los imputados estaban en Argentina, las víctimas estaban en Argentina. Esa fue la continuación del juicio de las Juntas, que tardamos casi 40 años en llevar a juicio a esta gente. Eso es completamente distinto a esto. Es decir, allá estaba la prueba, estaban ahí y los imputados, en Argentina… Este caso es internacional, completamente diferente.
Sí, entiendo, pero yo me refería a si tiene más parangón con lo que hicieron con el franquismo. Es decir, mi pregunta es si no hay voluntad política, al menos en Nicaragua o de la comunidad internacional, ¿es posible llevar al banquillo a Ortega y Murillo mientras ellos sigan gobernando?
Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Soy sincero, lo veo muy difícil… mientras sigan gobernando y no viajen a otros países, que no sean Cuba o Venezuela, no creo que pueda pasar.
¿Cuáles son las principales argumentaciones que tiene esta causa para abrir este proceso contra Daniel Ortega y Rosario Murillo?
Se fueron juntando varias denuncias y la querella aportó mucha documentación y denuncia de testigos importantes que habían sido exiliados y habían sido torturados y demás. Y esa fue la prueba más importante. Sobre la creación de testimoniales y los informes de organismos internacionales que aportaron toda la prueba necesaria para llevar a cabo la causa. Es decir, en eso fue lo que nos basamos para poder hacer la aplicación de nuestra Constitución, que en el artículo 118 contempla la justicia universal.
¿Cuáles son los principales retos legales y, sobre todo políticos, que pueda enfrentar este proceso que la justicia argentina está impulsando?
Los retos legales que enfrentamos es tratar de que, de alguna manera, se pueda cumplir con la extradición, pero eso lo veo muy complicado. O sea, el reto sería que alguna de estas personas –no digo que Ortega–, viaje el día de mañana y con una orden de Interpol de alerta roja activada se le pueda detener… y se lo traiga, se le extradite y se lo juzgue en Argentina. Eso es lo que puede pasar. Pero eso es hipotético. No podemos juzgar en ausencia.
¿Han recibido ustedes presiones externas o intentos de frenar la investigación? ¿Hasta ahora?
Para nada. Ninguno.
Para las víctimas, ¿qué mensaje envía que por primera vez un país se decida a abrir una causa de este calado?
Es importante porque abre un camino que no tenían antes. Es un camino importante para el día de mañana. Es que se vaya consolidando y vaya viendo Ortega qué pasa con su gobierno y con sus abusos de todo tipo. Me parece que es importante para las víctimas sentir que fueron escuchadas por primera vez en un país, más allá de la cantidad de gente que se le tomó declaración. Y por supuesto, queda mucha gente sin declarar, porque no podíamos tomar declaración a más de 2000 víctimas. Era imposible materialmente por nuestro trabajo. Pero se hizo todo lo posible para, de una manera, compaginar la prueba con víctimas y, como digo, hubo documentos internacionales que nos sirven de base. Y por eso es que el primer caso que avanza sobre un gobierno. También hay que tener en cuenta que los gobiernos son soberanos, por lo tanto, cada soberanía de cada gobierno tiene sus cosas. No es tan fácil.
Ahora, ¿esta acusación que ustedes han formulado está cerrada o la van a ampliar con más víctimas?
No, no… yo creo que no es por más víctimas, sino que lo que hicimos nosotros fue hablar de un plan estratégico que involucra a muchas víctimas. Hicimos un plan sistemático que involucra a casi todas las víctimas. Es decir, no lo hicimos individualmente a cada una, porque eso sería más complejo. O sea, se mencionan igual en los informes internacionales en los que están las víctimas. Hacemos énfasis en el plan sistemático que hizo que se cometieron los abusos de lesa humanidad.
Y en ese plan sistemático, ¿cuáles son los principales patrones represivos que ustedes como Fiscalía han identificado?
Identificamos seis etapas. La etapa número uno inicia el mes de abril de 2018. Consistió en un conjunto de acciones caracterizadas por la represión violenta de las manifestaciones con uso excesivo y arbitrario de la fuerza, obstrucción de la asistencia humanitaria a las personas heridas, detenciones arbitrarias y violencia contra periodistas y medios de comunicación. La etapa número dos, registrada aproximadamente en el mes de junio de 2018, consistió en operativos de limpieza desplegados por agentes de la policía y grupos parapoliciales. La etapa número tres, registrada en el mes de agosto 2018, consistió en la criminalización selectiva, la obstrucción del derecho al debido proceso y la violación de derechos de las personas privadas de su libertad.
La etapa número cuatro registra precedentes del mes de noviembre de 2018 consistió en el incremento de actos de agresión y hostigamiento, la detención y judicialización, expulsión de personas naturalizadas o residentes participantes en protesta y adopción de normas que restringen los derechos. La etapa número cinco, registrada en abril de 2020, consiste en detenciones de personas que son llevadas a centros clandestinos de detención, vigilancia masiva y permanente de los espacios públicos, excarcelación de personas que pasan a ser vigiladas y objeto nuevo de detenciones con cargos penales relativos a delitos comunes y narcotráfico. Esta fórmula se consolida a lo largo del año 2021. Implicó la práctica privada de libertad bajo cargos fundamentados en el marco jurídico creado contra candidatos presidenciales y con oportunidades electorales de disputar el poder al matrimonio Ortega-Murillo. Esas fueron sus etapas básicas que tomamos de acuerdo a documentación aportada por las querellas y por organismos internacionales.
La Justicia argentina, digamos, es pionera en esto de la justicia universal. En el caso de Nicaragua, ¿existe la posibilidad que otras instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, intervengan en el caso, a pesar que Managua no es suscriptora del Estatuto de Roma?
No creo que la Corte Penal Internacional pueda intervenir, porque precisamente lo que usted dice Nicaragua no ratifica el Tratado de Roma. O sea, me parece muy difícil eso.
¿Qué mueve a la justicia argentina para abrir, digamos, un proceso de justicia universal sobre un país tan largo? ¿Tiene que ver con su pasado, marcado por una situación de represión similar?
En nuestra Fiscalía tenemos un compromiso con los derechos humanos. Todo el equipo de trabajo. Es lo que nos llevó, viendo la dictadura argentina, lo que pasó y todo lo que derivó, a iniciar este tipo de proceso.