El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, GREEN por sus siglas en inglés, Jan-Michael Simon, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría “hacer algo” por la situación sociopolítica en Nicaragua si aplicaran con mayor fuerza el artículo IV de su Convenio Constitutivo para evaluar el desempeño económico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde el punto de vista de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua.
En ese sentido, las certificaciones de país que el FMI emite sobre Nicaragua no serían tan halagüeñas, como la que muestra el informe de 2023 del organismo: El manejo de la economía nicaragüense fue avalado otra vez por el FMI, que apenas criticó, veladamente, temas como la corrupción o el inexistente Estado de derecho.
Mientras tanto, los organismos multilaterales le siguen extendiendo préstamos que le permiten al gobierno sandinista mantenerse a flote y sortear las sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea.
Lo que el último informe del GREEN plantea es condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados internacionales al cumplimiento de los objetivos de política no comercial. A la vez, evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua.
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“Podría haber un efecto muy importante si se toma en cuenta la situación de derechos humanos. Y es que una evaluación positiva en cuanto a los factores de ‘macro criticalidad’, que es exactamente el umbral que utiliza el FMI, tiene impactos más allá… Normalmente, las evaluaciones del Fondo son una certificación para los demás actores del mercado financiero internacional y sus políticas de financiamiento y de crédito a Nicaragua”, explica Jan-Michael Simon en entrevista con DIVERGENTES.
En el informe de 2023, el FMI pronostica que el PIB real de Nicaragua crecerá 4.0%, y que la inflación se desacelerará.
La posición fiscal del Gobierno central presentará un pequeño superávit y amplios depósitos, y las remesas alcanzarán cerca del 28% del PIB a finales de 2023, “el doble de su nivel de finales de 2021, impulsadas por el rápido aumento de los migrantes nicaragüenses”.
Además, destacan que “estas entradas de divisas e inversión extranjera directa, en un marco macroeconómico prudente, han contribuido a una rápida acumulación de reservas internacionales brutas, las cuales, a finales de octubre, han alcanzado los 5 000 millones de dólares, equivalente a seis meses de importaciones, excluyendo la maquila”.
Indicador para el mercado internacional
El Fondo Monetario Internacional lleva a cabo consultas periódicas anuales previstas en el artículo IV de su Convenio Constitutivo, también con Nicaragua.
En el fondo, se trata de una evaluación del desempeño y riesgos macroeconómicos que se manejan bajo el concepto de ‘criticalidad macro’.
El incentivo de someterse a esta evaluación y de hacer público su resultado va más allá de la solicitud de la utilización de recursos del FMI, ya que también tiene un efecto de indicación general para el mercado financiero internacional con respecto a la calificación crediticia de un país.
Jan-Michael Simon dijo que el FMI lleva a cabo consultas periódicas anuales previstas en el artículo IV de su Convenio Constitutivo.
“En el fondo, se trata de una evaluación del desempeño y riesgos macroeconómicos que se manejan bajo el concepto de ‘criticalidad macro’. El incentivo de someterse a esta evaluación y de hacer público su resultado va más allá de la solicitud de la utilización de recursos del FMI, ya que también tiene un efecto de indicación general para el mercado financiero internacional con respecto a la calificación crediticia de un país”, explica el experto de origen alemán.
Un eje de evaluación del FMI es la buena gestión de Gobierno. Eso abarca todos los aspectos sobre la manera en que se gobierna un país, en particular, el respeto al Estado de derecho, y más en particular, la garantía del debido proceso legal, especialmente, relacionado con el derecho a la propiedad.
“Tomando en cuenta las masivas confiscaciones arbitrarias que se han dado en Nicaragua, en perjuicio de la gente despojada de su nacionalidad o de facto y de sociedades y organizaciones canceladas, uno podría preguntarse, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional no tomó debidamente en cuenta este hecho al analizar y evaluar en su informe final la situación de Nicaragua en 2023?”, pregunta el presidente del GREEN.
En ese particular, Jan-Michael Simon insiste que podría haber un efecto muy importante si el FMI toma en cuenta la situación de derechos humanos. Resalta también las evaluaciones públicas del país que publica el organismo, a las cuales el Gobierno Ortega-Murillo les da mucha importancia.
“Hay una única razón para que las evaluaciones sean públicas, porque eso es también negociable. Hay varias evaluaciones del Fondo Monetario que no son públicas, pero el incentivo de hacerlo público es precisamente para tener una buena evaluación en el mercado internacional financiero”, insiste Jan-Michael Simon.