INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO,
La deuda de Centroamérica con las mujeres

Por Divergentes

@DivergentesCA

8 de marzo de 2021

Las mujeres centroamericanas no solo enfrentan pobreza y desigualdad, males endémicos de la región, sino una violencia generalizada que lesiona sus cuerpos, incluso hasta la muerte. Una de las expresiones más claras de ello es la penalización del aborto terapeútico en la mayoría de los países del istmo, una situación jurídica y social que solapa en el fondo la violencia de género en varias de sus formas: abusos sexuales, relaciones forzadas, falta de acceso a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos adecuados.

Hablar de aborto o interrupción del embarazo en Centroamérica es un tema tabú debido a la animadversión creada por sectores religiosos y conservadores, cuyas posturas están más cerca del mito que de la evidencia científica. Estos discursos que se autodenominan “provida” han logrado doblarle el brazo al estado laico, y conseguido penalizar legalmente la interrupción del embarazo, sin importar el problema de salud pública que han impuesto.

Los políticos, que no escuchan las demandas de las mujeres, y que sobre sus cuerpos negocian para sacar réditos políticos de una sociedad conservadora, han aprobado leyes que ponen a 3 de los países centroamericanos entre los 16 en el mundo, a la par de Irak, Congo y Egipto, que no contempla la interrupción del embarazo ni cuando la vida de la mujer está en peligro.

Aunque hay avances como en el caso de Costa Rica con la reciente aprobación de una “norma técnica”, la interrupción del embarazo es todavía una gran deuda de Centroamérica con sus mujeres. Por eso este especial periodístico encabezado por DIVERGENTES busca en este Día Internacional de la Mujer retratar cuál es el estado de la penalización del aborto en la región. Entender cómo las mujeres están siendo afectadas, y cuáles son los retos que quedan para lograr una despenalización del aborto como lo recomiendan organismos internacionales de derechos humanos y de salud, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y como sucedió en Argentina a finales de 2020. Un tema urgente.

Este esfuerzo es gracias a las periodistas Matilde Córdoba (Media Cuartilla, Nicaragua), Ximena Alfaro (La Nación, Costa Rica), Vienna Herrera (Contracorriente, Honduras) Jessica Avalos (Factum, El Salvador), Gladys Olmstead (NoFicción, Guatemala) y Ana Sofía Camarga (Concolón, Panamá). En sus reportajes hay una radiografía profunda de lo que sucede en la región, sobre todo la voz de las mujeres víctimas.

En Nicaragua, Honduras y El Salvador las leyes penales imponen penas de prisión a las mujeres que consientan la interrupción de un embarazo bajo cualquier circunstancia y, desde 2009, en Honduras también se prohíbe y sanciona el acceso a la anticoncepción de emergencia. En el caso de Guatemala, Panamá y Costa Rica, su legislación permite de manera limitada el aborto cuando la continuación del embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer. Mientras que la legislación panameña permite también el aborto cuando el embarazo es producto de violación.

Sin embargo, en la práctica las mujeres enfrentan barreras institucionales para acceder a este servicio de salud socialmente estigmatizado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es una de las primeras cinco causas de muerte materna a nivel mundial.

Ma. Antonieta Alcalde Castro es directora de Ipas CAM (Centroamérica y México), una de las pocas organizaciones que trabaja en la región para aumentar la capacidad de las mujeres para elegir sobre su sexualidad y su reproducción, incluyendo el aborto. Desde hace años le toman el pulso al istmo, y alerta que lo que sucede en Centroamérica en cuanto a la interrupción del embarazo “es verdaderamente muy radical”.

“Es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta que existe en el mundo contra las mujeres ”, asegura Alcalde Castro, quien hace en esta entrevista un análisis regional. “Esta penalización total no disminuye la necesidad del aborto, pero sí genera problemas de justicia social. Las mujeres que están en la cárcel son todas pobres o de ascendencia indígena. La gran mayoría son mujeres muy jóvenes. Entonces las mujeres ricas, las mujeres más privilegiadas, no están en la cárcel porque pueden acceder a abortos seguros”, dimensiona.

¿Cuál es el estado de Centroamérica frente a la interrupción legal del embarazo en comparación a otras regiones del mundo?

Desafortunadamente es la región del mundo que tiene el mayor número de países que criminalizan totalmente el aborto. Tenemos siete países en la región centroamericana, de los cuales tres penalizan el aborto en todas sus formas. Es algo verdaderamente muy radical en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Hay una gama en el reconocimiento de este derecho. Países que tienen políticas más progresistas en estos temas y que reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y su reproducción con el objetivo de eliminar la maternidad forzada, y asegurar que todos los embarazos sean deseados. Otros países que permiten y garantizan a las mujeres el acceso al aborto por decisión o por las condiciones que enfrentan. Y del otro lado de esa gama se encuentran países como Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde se penaliza totalmente el aborto.

Esta penalización total también crea un problema para los médicos que tienen que asegurar la salud de las mujeres. Es un dilema. Por ejemplo, en Nicaragua, donde hubo un caso de una mujer que enfrentaba un embarazo ectópico, es decir que se coloca fuera del útero. Naturalmente, en el resto del mundo, a estos embarazos se les practica una interrupción del embarazo, porque no prosperan; al momento que va creciendo el producto, revienta la trompa de falopio. En cambio en países como Nicaragua, los médicos tienen que esperar a que ocurra una emergencia obstétrica, es decir, esperar a que la mujer le reviente la trompa de falopio para poder intervenir. Y aún cuando tienen que intervenir, esperan a que no haya latido fetal. Esto pone en gravísimo riesgo a las mujeres. Los médicos quedan en una situación muy compleja. Entonces, la interrupción legal del embarazo en Centroamérica es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta hacia las mujeres que existe en el mundo. 

¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden la interrupción legal de los embarazos?

Una parte, sin duda, es la poca voluntad política que existe para para cambiar las legislaciones. Mientras las legislaciones no cambien, muy difícilmente las mujeres van a poder tener acceso a la interrupción del embarazo sin restricciones. A veces la legislación no es suficiente. Hemos visto que han habido países que han ampliado causales. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde el aborto es permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres. Pero la ley se aprobó y pasaron diez años para que se creara el protocolo que operara la ley. La ley existía pero era letra muerta y apenas ahora, hasta este gobierno de Carlos Alvarado, el año pasado se aprobó la norma técnica. Entonces es la legislación, pero también que existan los protocolos, la capacitación a los médicos para que puedan practicar y dar seguimiento a estos servicios. Que haya misoprostol y mifepristona y todos los insumos médicos necesarios. Pero sobre todo, necesitamos combatir el estigma y la discriminación. Este estigma ha sido creado por los grupos anti derechos con la intención de penalizar legalmente, y también socialmente, a las mujeres que se atreven a querer ser dueñas de su sexualidad y de sus decisiones reproductivas. Sin duda en la región tenemos barreras en todos estos aspectos.

De cierta manera lo dijo, Centroamérica es una región bastante marcada por la pobreza, pero también por la violencia de género como norma social. ¿Cómo afecta la calidad de vida física y emocional de las mujeres el hecho de no contar con una interrupción del embarazo seguro a su país?

Tocas dos elementos que son centrales para entender lo cruel que son las políticas que penalizan el aborto. Uno es la violencia de los grupos más conservadores, en esa visión simplista del aborto, dicen “Pues que no se embaracen. Si no quieren tener hijos, ¿para qué se embarazaron?”. Lo dicen haciendo caso omiso a una realidad tristemente permanente en nuestra región, donde hay miles de mujeres que cada día sufren violencia sexual. En Ipas hicimos un análisis a profundidad sobre el tema de violencia sexual e infancia, y tristemente mucha de esta de estas violaciones suceden en el seno de la familia. La gran mayoría de estas violaciones son perpetradas por alguien conocido de la víctima; es decir, el padrastro, el abuelo, el tío, el primo, el hermano o el sacerdote, el maestro. Entonces estas no son mujeres que decidieron embarazarse, estas son mujeres que son víctimas... Y el Estado y la sociedad deberíamos proteger a las víctimas de las sobrevivientes de violencia sexual. Pero en lugar de protegerlas, lo que hacemos es revictimizarlas con la carga de un embarazo y después la responsabilidad de un hijo o una hija, cuando ellas no decidieron. Esta visión simplista de los grupos conservadores es absurda.

El segundo punto es la pobreza. Hablo de pobreza económica, pero también de pobreza educativa. Estos mismos grupos conservadores, que critican a las mujeres y que impulsan la maternidad forzada, son los mismos que están en contra del acceso a anticonceptivos y que los servicios públicos brinden anticonceptivos de manera gratuita. Están en contra de la educación sexual. Nosotras sabemos, y esto está probado, que penalizar el aborto no reduce la incidencia del aborto. La mujer que enfrenta un embarazo no planeado, no deseado, que es víctima de una de violación, y necesita interrumpir el embarazo, lo va a hacer de manera segura o insegura, legal o ilegal. 

Aquí el debate no es aborto sí o aborto no. Aquí el debate es sobre aborto seguro o aborto inseguro. La mujer decidida lo va a hacer con hierbas, con un gancho o de las maneras más inseguras pero disponibles, porque la penalización del aborto no reduce la necesidad del mismo.

Lo que sí reduce la necesidad del aborto es el acceso amplio a métodos anticonceptivos y una educación integral en sexualidad que, además de dar información a las y los jóvenes, reduzca la violencia de género; que eduque a nuestros niños y a nuestros jóvenes para dejar de normalizar la violencia de género. Eso sí reduce la incidencia de aborto. Pero tristemente, los mismos grupos, las mismas voces que están en contra de despenalizar el aborto, son exactamente las mismas que también están en contra de lo único que lo puede reducir, que es el acceso a anticonceptivos y la educación sexual.

En Centroamérica, con los índices de violencia que tenemos, que enfrentamos las mujeres todos los días y con los niveles de pobreza que vive la región, y que están siendo exacerbados por la pandemia de COVID-19, lo que vemos es más necesidad de programas de educación sexual integral, programas de salud sexual y reproductiva y de despenalización del aborto. 

¿Cuál sería el impacto en la vida de las mujeres centroamericanas si se logra tener interrupciones del embarazo legales?

Cuando en Centroamérica logremos despenalizar el aborto, las mujeres podrán acceder a procedimietos seguros. Por supuesto que la despenalización del aborto tiene que venir acompañada de políticas de prevención, de planificación familiar y de educación sexual integral. Eso es muy importante.

Ninguna mujer aborta por deporte. Ninguna organización está promoviendo el aborto en sí mismo. Lo que estamos promoviendo es que pueda ser seguro. Cuando se despenalice el aborto en Centroamérica, las mujeres tendrán la posibilidad de acceder a servicios de salud de calidad. Además, evitarán el sufrimiento y las consecuencias de estar enfrentando un embarazo no planeado o no deseado, y evitarán poner en riesgo su vida y su salud en procedimientos clandestinos. Muchas mujeres, cuando buscan el apoyo de algún médico en los lugares donde está penalizado, se vuelven víctimas de estos médicos que las extorsionan; en muchos casos abusan de ellas porque están totalmente desprotegidas.

Lo que las mujeres en Centroamérica van a poder vivir es lo que vivimos las mujeres en Ciudad de México o ahora las mujeres en Argentina. Hubo esa absurda idea de que en cuanto se despenalizó en Argentina, las mujeres iban a embarazarse en olas y olas para poder ir a abortar. Y esto no pasa. La despenalización del aborto no incrementa el número de abortos, lo que sí incrementa son los abortos que son seguros. Lo que las mujeres en Centroamérica hoy no tienen y que podrían tener es eso, abortos y servicios seguros.

La otra cosa que las mujeres hoy en Centroamérica no tienen, y que tendrán una vez que se despenalice el aborto, es que serán menos víctimas de injusticias. Lo que ha pasado con la penalización total del aborto es que no solamente se castiga a aquellas mujeres que se han practicado un aborto sino también a quienes sufrieron una emergencia obstétrica.

Hay dos casos como estos en El Salvador, que en este momento se están discutiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es el de Manuela. La audiencia es la próxima semana. Manuela es una mujer que es encarcelada por el crimen de aborto, cuando lo que ella tuvo fue una emergencia obstétrica. El Estado falla en su obligación de proteger a la mujer y de brindarle salud; lo que hace es meterla a la cárcel. Por supuesto, es una mujer pobre, una mujer indígena y sin recursos. Entonces, lo que vamos a ver en Centroamérica cuando logremos despenalizar es una reducción significativa en estos casos de injusticia, no solamente en el tema de aborto, sino el tema de emergencia obstétrica, como en el caso de Manuela y en el caso de Beatriz.

¿Cómo cambiar esta realidad para las mujeres cuando contra la interrupción del embarazo abundan argumentos contrarios, basados en la religión, mitos, tabú, y nada de evidencia científica?

Tristemente Centroamérica sigue siendo una región oscurantista, donde las mujeres estamos en riesgo. Las mujeres sentimos temor desde la calle, pero también de los sistemas que no funcionan. ¿Cómo cambiar esto? El otro lado de la moneda que tiene Centroamérica es un movimiento social, un movimiento feminista y de mujeres sólido, vibrante... Centroamérica es una región que ha sufrido muchos problemas sociales, dictaduras, matanzas y desastres naturales. Es una región que ha sufrido mucho, pero muy resiliente.

Uno de los privilegios de trabajar en Centroamérica es que las centroamericanas, los centroamericanos están hechos de un material resiliente, fuerte. Lo que necesitamos es que las fuerzas políticas y sociales en Centroamérica puedan alejarse de esta visión religiosa. Los grupos religiosos sin duda juegan un papel importante, tanto la Iglesia Católica como el movimiento evangelista que ha cobrado mucha fuerza, entre otros muchos. Que podamos pugnar por un Estado laico, un Estado que genere políticas públicas y legislación desde una visión de atender a todos sus ciudadanos en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de equidad de género.

Si podemos pugnar por Estados laicos, podremos avanzar mejor y empezar a trabajar el tema de mitos y estigmas alrededor alrededor del aborto. Al final de cuentas, el tema de aborto tiene que ver mucho más con esta idea de deconstruir el rol de las mujeres, no desde una visión tradicional que dicta que nosotras deberíamos ser siempre madres. Como si ese fuera tu único objetivo en la vida. Y entonces las mujeres que decidimos algo diferente, o las que deciden interrumpir un embarazo, son como contra natura. Pero cuando vemos hacia dónde va creciendo la sociedad, vemos que necesitamos romper estos mitos. Creo que en Centroamérica hay el material. Espero que la clase política empiece a ver esta cruel realidad para que la situación pueda cambiar.

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES.