Este domingo seis de noviembre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sellarán el control de las municipalidades, que han tomado con antelación a través de la fuerza policial. Para Silvio Prado, investigador del municipalismo en Nicaragua, luego de esa fecha se espera más de lo mismo: “Solo quedaría borrarlos de un plumazo”, aseguró en una entrevista a DIVERGENTES.
Prado ha analizado el aniquilamiento de la autonomía municipal y considera que el gran interrogante sobre la actitud del régimen es: “¿Por qué seguir recurriendo a la formalidad de las elecciones si no creen en ella?”.
Desde las elecciones sin competencias, realizadas en 2021, el régimen controla cada elemento del contexto sociopolítico del país, incluyendo quiénes compiten —o no— contra el régimen. Por esa razón, no se espera ninguna sorpresa para el domingo, día en que el poder local quedará en manos de la cúpula sandinista.
¿Cuál es el panorama en los municipios sometidos a un régimen de partido único luego del seis de noviembre?
Primeramente, me gustaría hacer una precisión. En Nicaragua todavía no hay un régimen de partido único, como el caso de Cuba. El régimen ha querido mantener a los partidos zancudos, aunque de facto sea un partido único.
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Formalmente no se han abolido otros partidos políticos. En cuanto a las elecciones, son de ‘tigre suelto con burro amarrado’, no cumplen con lo mínimo posible para ser consideradas libres, justas y transparentes. Se espera un comportamiento, como en las pasadas elecciones nacionales, con una baja participación inflada un poco por ellos, porque no hay forma de contrastarlo.
El panorama para el día después del seis va a seguir siendo más de lo mismo. No tienen necesidad de cambiar. ¿Qué más pueden hacer después de reducir a los gobiernos locales a instrumentos de represión política? Solo quedaría borrarlos de un plumazo.
Usted ha dedicado tesis y ensayos a estudiar el poder municipal. Pero, ¿en qué momento inició el deterioro del poder municipal?
Desde la vuelta al Gobierno de Ortega, especialmente en las elecciones del 2008. Allí empezó el declive y cayó en picado la autonomía local, con el fraude, porque, insisto, lo que hizo el fraude fue debilitar la autonomía política, porque ya las autoridades no eran electas, sino puestas a dedo. Cuando se perdió la legitimidad de origen de las autoridades, se perdió el fundamento de la autonomía municipal. Si hay que poner una fecha, pongo las elecciones locales de 2008.
2018 marcó un antes y un después. Los municipios se convirtieron en lo que usted ha descrito como un feudo de los mandos locales de la Policía. O sea, al final, el poder fue despojado de los alcaldes y trasladado a otros actores.
Fue peor que eso, porque primero algunos alcaldes de municipios importantes como Estelí, Matagalpa, Jinotega se convirtieron en los reclutadores y los jefes de los paramilitares. Ya desde ahí se desmanteló uno de los últimos atisbos de gobernantes locales. Se convirtieron en jefes de matones, en gestores de la represión ciudadana, y luego, como el aparato represivo necesitaba fortalecerse y tener una lógica paramilitar y policial, se les dio más peso a los jefes de la Policía.
Definiendo, ¿quién podemos decir que realmente ostenta el poder en las alcaldías?
Según el estudio que hizo Urnas Abiertas, donde se le preguntó a la población quién era el poder local, quedan bien definidos: secretarios políticos, la Policía y en última instancia los alcaldes. Ellos manejan el poder, además de otros operadores políticos que inciden en el control del territorio. Creo que debe haber poderes fácticos, con el poder económico que les da el Gobierno central y el Frente Sandinista, y que actúan como un poder por encima de las autoridades formales. Un ejemplo de ello es lo que pasa en la Costa Caribe con los colonos, que van y masacran a la gente.
¿Es sostenible un modelo como este, en el que mandan secretarios políticos o poderes fácticos como menciona?
En otras partes se ha sostenido, pero a base de muchísima represión, porque la gente busca un gobierno propio. Yo creo que no es sostenible porque eso implica invertir muchísimos recursos en controlar el territorio y a las personas. Las personas, en el ámbito local, tienen otra lógica: se conocen, se comunican, son familiares y tienen otra forma de comportarse y de percibir el poder. Y aunque aparentemente se acomoden, siempre están buscando alternativas de autogestionar sus problemas. Y luego, las autoridades locales, aunque sean impuestas, siempre están buscando algún tipo de legitimidad y consenso con la población. No se puede gobernar un municipio donde la gran mayoría no los quiere.
Usted mencionaba que el desmantelamiento ocurre a partir de 2008, cuando se organizan las elecciones municipales, los fraudes. Pero los hechos de 2021 (siete precandidatos encarcelados y unas elecciones sin competencia), ¿fueron determinantes para que el régimen estableciera un método a su medida?
El régimen de Ortega, como los otros regímenes autoritarios, manipula las elecciones para que parezcan una pantalla. Lo que pasó en 2021 es que la dictadura escaló varios peldaños más e ilegalizó varios partidos, eso es algo que ya había hecho en otros procesos como en el de 2016. En 2021, dio varios pasos más hacia arriba.
¿Qué otros factores debilitaron y acabaron con la democracia y el poder municipal? ¿Considera que las decisiones internas del régimen o el recorte presupuestario fueron claves?
Fueron decisiones más políticas. Después de eso vino la imposición de los CPC (Consejos del Poder Ciudadano), el desmantelamiento de los comités de desarrollo municipal, el predominio de los secretarios políticos sobre las autoridades. Y luego, el tema de las decisiones, como la de llevar a Managua a los alcaldes del Frente Sandinista a que se reunieran en la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), donde les bajaran lineamientos. Ahí ya se acabó todo, porque se les quitó el poder de decisión.
[Prado se refiere a que en la mayoría de los casos los emisarios políticos del FSLN tienen mayor poder que la figura del alcalde o vicealcalde, la mayoría del tiempo relegados a una figura ornamental. En un análisis elaborado por el organismo Urnas Abiertas, titulado “Aquí se obedece: Análisis del poder local en Nicaragua”, se detalla que los secretarios del partido, además de concentrar poder y ejercerlo de manera autoritaria, “se benefician y promueven la corrupción local a través de nepotismo y tráfico de influencias principalmente”].