Cuando leí la noticia no sabía si reírme o atacarme a llorar. Opté por el sarcasmo. Acá voy.

Y es que una vez más el Fondo Monetario Internacional demuestra su compromiso inquebrantable con el bienestar de los pueblos. Preocupados por el destino de las finanzas públicas de Costa Rica, sus expertas y expertos han diseñado un conjunto de propuestas tan innovadoras como conmovedoras para aumentar la recaudación fiscal. Porque… cuando falta dinero, la solución más creativa siempre ha sido cobrar más impuestos… a las personas de siempre. Ya el mismo FMI nos lo propuso en el 2021.

Todo esto, por supuesto, se plantea con el más noble de los objetivos: salvar los sistemas de pensiones y garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud. Qué mejor manera de proteger el bienestar de la población que encareciendo los alimentos básicos, gravando ingresos adicionales de las personas trabajadoras y ampliando la carga tributaria sobre los salarios. Al fin y al cabo, nada fortalece más el Estado social que exigir mayores sacrificios precisamente a quienes dependen de él.

Paso a detallar las medidas.

La canasta básica: ese lujo innecesario

La primera idea fantástica consiste en aumentar el IVA de los productos de la canasta básica hasta la tasa estándar del 13%. Después de todo, ¿quién necesita del privilegio tributario de pagar sólo el 1% para adquirir alimentos esenciales como pollo, huevos, arroz, frijoles, leche, pan, queso y vegetales? Se trata de artículos claramente prescindibles: la austeridad también puede practicarse a la hora de comer. 

Según la lógica técnica, las personas consumidoras ya pagan un 1% en ciertos productos, por lo que elevar la carga al 13% apenas representa un pequeñísimo ajuste. Y si ese ajuste aporta un 1% adicional del PIB a las arcas públicas, ¿quién podría oponerse?

Exenciones fiscales: el enemigo oculto

La segunda propuesta ataca un problema que ha permanecido demasiado tiempo en las sombras: las exenciones tributarias ¿Por qué los equipos médicos merecen un tratamiento especial? ¿Y quién decidió que la lotería o ciertos productos forestales tenían derecho a excepciones?

La verdadera justicia fiscal parece consistir en que todo pague más. La simplicidad administrativa, al parecer, florece cuando desaparecen las diferencias entre un tomógrafo y una botella de refresco. Todo es consumo; todo es igual. 

Olvidemos las grandes fortunas: el tiempo apremia

Ya sabemos que quienes son dueños de grandes fortunas suelen tener la desafortunada costumbre de esconderlas bastante bien. Rastrear estructuras societarias complejas, revisar mecanismos de elusión sofisticados, fortalecer la fiscalización internacional o cerrar portillos tributarios requeriría tiempo, recursos y, peor aún, voluntad política. En comparación, gravar salarios y consumo tiene la enorme ventaja de que las personas contribuyentes están perfectamente localizadas y no cuentan con equipos de abogados especializados para desaparecer sus ingresos por arte de magia.

Seamos razonables: perseguir capitales ocultos puede tomar años y arrojar resultados inciertos. En cambio, aumentar impuestos a quienes reciben un salario, compran arroz o pagan la cuenta del supermercado produce resultados inmediatos y predecibles. La eficiencia administrativa también tiene sus virtudes.

Además, existe una cierta elegancia técnica en concentrar los esfuerzos recaudatorios sobre quienes no tienen dónde esconderse. Los salarios llegan puntualmente por planilla, las compras quedan registradas y los alimentos básicos difícilmente pueden trasladarse a un paraíso fiscal. El arroz, hasta donde sabemos, sigue mostrando una preocupante resistencia a abrir cuentas en las Islas Caimán.

En fin, que cuando la urgencia es recaudar, la comodidad suele adquirir enorme prestigio técnico.

El salario escolar: ¡no te escaparás!

Otra iniciativa consiste en gravar el salario escolar que reciben las personas empleadas públicas. 

Durante años, este salario escapó al impuesto sobre la renta. Esto es una anomalía difícil de justificar en tiempos donde cada colón cuenta. Después de todo, si una familia utiliza ese dinero para útiles escolares, uniformes o gastos extraordinarios, lo lógico es que el Estado participe de esos gastos suntuarios

Quedan un par de detalles nada insignificantes por aclarar. El primero es que el salario escolar no es un ingreso adicional que mágicamente aparece en enero como un regalo de Año Nuevo. Se trata de porciones del salario retenidas mes a mes durante todo el año y administradas diligentemente por el patrono —en este caso, el Estado— sin la incomodidad de pagar intereses por esos recursos. ¿Será razonable gravar sin más los montos que han permanecido retenidos durante un año completo sin generar un solo colón de rendimiento para quien los produjo? ¿El impuesto recaerá sobre la totalidad del salario escolar, tratándolo como si fuera un ingreso adicional independiente, o únicamente sobre la porción de cada salario mensual que actualmente no tributa? La diferencia no sería menor.

Me aventuro a responder que sí existe una interpretación que permita recaudar más, aunque también apriete un poco más el bolsillo de las personas trabajadoras, probablemente esa será considerada la más “técnicamente sólida”.

El salario: una fuente de ingresos desaprovechada

Finalmente, nunca puede faltar el clásico de todos los programas de ajuste: ampliar la tributación sobre los salarios. Porque si alguien recibe un ingreso fijo, fácilmente identificable y registrado, sería irresponsable desaprovechar semejante oportunidad recaudatoria. Las personas trabajadoras asalariadas tienen la virtud de no poder esconder sus ingresos en paraísos fiscales ni reorganizar sociedades en jurisdicciones exóticas. Son contribuyentes ejemplares: siempre están donde el fisco les dejó. ¿Será que los presidentes y gerentes de empresas grandes y transnacionales declaran su salario real en el país?

No nos vamos a poner a generar complejos mecanismos para que paguen quienes tienen su dinero en paraísos fiscales y quienes estando al frente de empresas millonarias, anualmente declaran cero ganancias.  No, no podemos complicarnos: vamos a ir a lo seguro.

El arte de recaudar

Lo admirable de estas propuestas es su coherencia conceptual: tocar el bolsillo de quienes ya sostienen las finanzas públicas. Todas las medidas son altamente coherentes: cuando no cierran las cuentas, nunca jamás pensar en cómo democratizar las finanzas públicas. Eso sería técnicamente muy complicado (y políticamente inadmisible).

Quizás algún día la innovación fiscal alcance niveles aún más audaces. Tal vez descubramos impuestos al oxígeno, a la sombra o al uso recreativo de las aceras. Mientras tanto, debemos reconocer el esfuerzo intelectual detrás de estas medidas. No todos los días se logra convertir el costo de vida en una estrategia de desarrollo innovadora y del siglo XXI.

La propuesta merece, al menos, una ovación tributariamente deducible.

La solidaridad fiscal queda archivada: es muy compleja

Toda la propuesta del FMI se presenta, naturalmente, en nombre de una versión bastante peculiar de la política social: aquella en la que las mayorías financian cada vez más su propia protección mientras las discusiones sobre la concentración de la riqueza, la evasión sofisticada o los privilegios tributarios de los sectores más poderosos quedan cuidadosamente archivadas en la categoría de asuntos complejos. La solidaridad, al parecer, consiste en pedirles más a quienes menos margen tienen para decir que no.

Posiblemente la propuesta más innovadora sea la redefinición misma de la política social que entrañan las medidas tributarias que propone el FMI. Prepárense para un buen enredo: los servicios de salud, de educación o las pensiones ya no son un instrumento para proteger a la población de las desigualdades del mercado, sino un mecanismo para pedirle a esa misma población que absorba los costos de corregir las desigualdades del mercado. Esta sí es una idea verdaderamente revolucionaria y nunca vista previamente: financiar la justicia social sin incomodar demasiado a quienes más se benefician de que no la haya.

Austeridad y autoritarismo: ¿una lleva a la otra?

La misión consiste en cuadrar las cuentas; lo que ocurra después con la cohesión social, la legitimidad democrática o el ascenso de líderes autoritarios que prometen resolverlo todo a cambio de eliminar toda disidencia, es un asunto que ya resolverá alguien más. El FMI, en su entrañable bondad e ingenuidad tecnocrática, bastante tiene ya con que cierren los números. ¿O será que sociedades más enojadas, más desiguales y dispuestas a escuchar a quienes ofrecen soluciones autoritarias es precisamente lo que se quiere alcanzar?