La relación de Venezuela con la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido complicada en la última década. La ruptura formal con el foro regional político se intensificó el 28 de abril de 2017, cuando Nicolás Maduro presentó la denuncia de la Carta Democrática, buscando concretar la salida total del país del sistema regional. Sin embargo, en un acto significativo, Juan Guaidó revocó esta denuncia el 7 de marzo de 2019, dentro del período de ultraactividad de dos años, impidiendo la salida de Venezuela de la OEA. Posteriormente, el 31 de julio del mismo año, Guaidó ratificó nuevamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con “efecto retroactivo”, anulando la denuncia de 2012.

El 5 de junio de 2018, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/RES 2929 (XLVIII-O/18) sobre la situación en Venezuela. En su numeral 1, la resolución declaró que el proceso electoral que concluyó el 20 de mayo de 2018 carecía de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, la falta de participación de todos los actores políticos venezolanos y la ausencia de garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. El 10 de enero de 2019, el Consejo Permanente de la OEA acordó “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro” a partir de esa fecha. Esta decisión se basó en las irregularidades señaladas en el proceso electoral de 2018 y en la alteración del orden constitucional.

La competencia de la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre Venezuela se mantiene vigente, dado que el país no ha vuelto a denunciar la Carta de la OEA. Esta situación se refleja en la aceptación de casos por parte del SIDH, como uno de tantos al azar, el caso Nº 14.177 del 29 de marzo de 2023. 

Desde diversos bloques socialistas de la región se argumenta que discutir sobre los derechos humanos de Venezuela en el seno de la OEA es injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, el párrafo 49 de la Opinión Consultiva OC-26/20 de la Corte IDH afirma que la observancia de los derechos humanos es una cuestión de interés legítimo de la comunidad internacional y no puede considerarse una intervención indebida en los asuntos internos de los Estados.

Un proceso electoral viciado

El proceso electoral de 2024 en Venezuela ha sido evaluado por la Secretaría General de la OEA, que en su informe del 30 de julio de 2024 denunció la represión y manipulación del régimen de Maduro. El organismo afirmó que el proceso carecía de las condiciones necesarias para ser considerado democrático. El Centro Carter, un grupo de monitoreo electoral con sede en Estados Unidos, también señaló que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral.

Por su parte, el órgano electoral de Venezuela el 29 de julio, decide declarar la continuación de Nicolás Maduro, sin evidencia documental a partir del desglose de las actas. Uno de los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nos marca una alerta temprana de falta de independencia de los poderes del Estado de Venezuela es el Informe país de 2017.

¿Violación a la soberanía popular?

Para considerar la existencia de la expresión de la soberanía de forma efectiva, se requieren tres elementos previstos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana: 1) respeto a los derechos humanos, 2) sujeción al Estado de derecho y 3) celebración de elecciones conforme a estándares internacionales. Según los informes de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y el Centro Carter, el proceso electoral de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral. 

Al manipular el proceso electoral, Maduro no solo viola los estándares internacionales, sino que también priva al pueblo venezolano de su derecho a una elección libre y justa. La soberanía del pueblo se manifiesta genuinamente cuando las elecciones reflejan su voluntad sin coacción ni manipulación. Al no cumplir con estos principios, el régimen de Maduro se aparta de los estándares democráticos y vulnera la soberanía del pueblo.

La misión internacional de determinación de los hechos en Venezuela, creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de su informe de 2020 y sucesivos, evidencia el atropello demoledor a estos elementos de la soberanía, reforzados por los informes de materia electoral mencionados.

¿Qué podemos esperar de la OEA?

En 2019, la resolución para no reconocer la legitimidad de Maduro fue aprobada por 19 países, la mayoría de los cuales pertenecían a bloques geopolíticos e ideológicos moderados de centro izquierda y derecha. Sin embargo, el escenario actual debido a la composición ideológica en la OEA hace difícil repetir una declaración de ilegitimidad tan contundente como la de 2019. No obstante, la continuidad de Venezuela en la OEA y el SIDH, junto con el respaldo de la comunidad internacional a los principios de democracia y derechos humanos, seguirá siendo crucial para abordar la crisis política y social. Además, será esencial prestar atención a los bloques políticos estratégicos como el Grupo de Lima y la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, que a pesar de que no son organizaciones regionales provistas de formalidad, podrían jugar un papel significativo en la formulación de acciones colectivas en respuesta a la situación en Venezuela.