Marianela sigue esperando, como su maleta. La dejó a orillas de la cama, cubierta por una manta que no logra ocultar lo único que guarda: la esperanza de partir. En noviembre de 2024, cuando recibió la notificación de aprobación de su caso por el programa Movilidad Segura, ella y su familia empezaron a prepararse para el viaje.
Huyó de Nicaragua en mayo del año pasado, tras ser perseguida por motivos políticos. Al llegar a Costa Rica, pensó que sería solo una escala. Su destino final era Estados Unidos, donde —le aseguraron— podría llegar en un plazo mínimo de cuatro meses.
“Teníamos la esperanza de asentarnos en Estados Unidos porque Costa Rica es un país carísimo y además muy inseguro para los nicaragüenses. Hemos visto que el régimen tiene alcance para mandar infiltrados y contratar sicarios para matar a sus opositores”, dice Marianela.
Este 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, Marianela sigue esperando una salida que ya no está en sus manos. Su historia —como la de miles de nicaragüenses en Costa Rica— refleja la desprotección y la fragilidad del exilio, marcado por el miedo y la violencia.
Un día antes, el 19 de junio, hombres armados asesinaron a tiros en su vivienda en San José, Costa Rica, al mayor en retiro Roberto Samcam, férreo opositor y crítico del régimen orteguista, lo que deja claro que ni siquiera el refugio en este país garantiza seguridad.
Suspensión del refugio en EE.UU.
Movilidad Segura era una iniciativa de Estados Unidos que buscaba facilitar el acceso a rutas legales para migrantes en Sudamérica y Centroamérica, que desde el 12 de junio de 2023, ofrecía a los nicaragüenses exiliados en Costa Rica la posibilidad de regularizar su estatus y trasladarse de forma segura y legal al país norteamericano.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) respaldaron la iniciativa desde sus inicios. Sin embargo, en enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) y congeló todos sus mecanismos asociados, incluido Movilidad Segura.
El 20 de enero de 2025, Trump argumentó que dicho programa “ya no respondía al interés nacional”. La decisión eliminó de un plumazo la esperanza de Marianela y de miles como ella de viajar de forma segura al país norteamericano para recomenzar su vida.
Refugio en pausa indefinida
La orden estableció un periodo de 90 días para presentar un informe con recomendaciones, cuyo plazo se cumplió el pasado 27 de abril de 2025. Sin embargo, hasta este mes de junio, no se ha divulgado ninguna información oficial sobre el programa.
“El Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, presentará nuevos informes cada 90 días a partir de entonces hasta que determine que la reanudación del USRAP es en interés de los Estados Unidos”, indica el decreto presidencial.
A finales de mayo, Marianela escribió a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en busca de una actualización sobre su caso. La respuesta que recibió, lejos de ofrecer aliento, confirmó el estancamiento del proceso.
“De acuerdo con la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos sobre el ‘Realineamiento del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos’, las actividades del Programa han sido suspendidas. No podemos responder a sus consultas en este momento. Esto incluye tanto las consultas generales como las relativas a casos específicos. Nos disculpamos cordialmente por este inconveniente”, dice el correo de OIM.
Desde entonces, Marianela vive entre dos naciones en las que quisiera habitar y no puede: su país de origen al que no puede regresar por la represión y persecución del régimen Ortega-Murillo y otro al que no puede viajar de forma segura.
La espera que desespera
Camila Gutiérrez, es otra joven nicaragüense de 33 años que se exilió con su familia tras enfrentar acoso político en Nicaragua en agosto de 2024. Ellos vieron en el programa de Movilidad Segura la única vía legal y digna para reconstruir sus vidas en Estados Unidos.
“Optamos por ese camino porque considerábamos que ofrecía las mejores oportunidades para rehacer nuestras vidas con dignidad y estabilidad. Lo más triste es que mal vendimos nuestras cosas en Nicaragua para prepararnos para el viaje que al final no se logró”, relata.
A diferencia de Marianela, Gutiérrez decidió no seguir esperando. Cuando llegó la suspensión en enero, su solicitud de refugio —presentada a través del programa— aún no había sido aprobada. El cierre repentino no solo frenó su trámite, sino que le dejó claro que no tendría una segunda oportunidad.
“Cuando me exilié con mi familia, incluyendo a mi hijo menor, optamos por el programa porque creímos que era la mejor vía para rehacer nuestras vidas con dignidad y estabilidad. Pero el proceso fue lento y lleno de incertidumbre. Y la incertidumbre duele”, cuenta.
Camila comenta que la espera prolongada, la falta de arraigo y el desgaste emocional los empujaron a tomar una decisión por su salud mental. “Como familia cristiana, oramos pidiendo una respuesta clara, y cuando llegó la notificación sobre la suspensión del programa, lo tomamos como una señal”, dice.
“Aunque el país donde estamos quizás no ofrecía las mejores condiciones, decidimos establecernos aquí. Por la estabilidad emocional y por el bienestar de nuestro hijo. Porque vivir en espera permanente también es doloroso, y elegimos empezar a construir un nuevo hogar”, añade.
Fallos judiciales no destraban refugios
El 25 de febrero de 2025, el juez federal Jamal Whitehead bloqueó temporalmente la orden de Trump, al considerar que la suspensión del programa violaba leyes federales aprobadas por el Congreso. Un mes después, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitió al Gobierno suspender nuevas admisiones, pero exigió que se respetaran los traslados ya aprobados.
A pesar de esa resolución intermedia, las agencias gubernamentales no han reactivado los procesos de los 128 000 refugiados ya aprobados para ingresar a Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 12 000 tenían planes de viaje reservados antes del 20 de enero, cuando Trump emitió su orden.
Organizaciones como HIAS, Church World Service y Lutheran Community Services Northwest presentaron demandas legales en defensa de los refugiados, alegando que el Gobierno ha incumplido lo ordenado por los tribunales.
“El gobierno ciertamente ha estado usando tácticas dilatorias hasta ahora, y el tribunal de distrito no ha tenido nada de eso”, denunció Mevlüde Akay Alp, parte del equipo legal del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP), que acompaña el caso.
Según Akay Alp, el propio Gobierno ha argumentado que la infraestructura del Programa de Admisión de Refugiados ha quedado “destruida” debido a la suspensión de fondos a las organizaciones encargadas de ejecutarlo, lo que dificulta poner en marcha los traslados, incluso cuando la justicia ha autorizado su reanudación.
Representantes de organizaciones como HIAS y Global Refuge, señalan que el Gobierno estadounidense ha optado por una estrategia dilatoria que, aunque no viola directamente la ley, mantiene en pausa indefinida el programa de reasentamiento.
“El paro del programa ha sido completamente devastador para los refugiados que ya habían sido aprobados”, denunció Mark Hetfield, director de HIAS, una de las agencias demandantes contra la suspensión.
“Es increíble cómo las personas que han sido expulsadas injustamente de este país han recibido mucha atención, pero aquí estamos hablando de 128 000 personas, todas las cuales han enfrentado situaciones potencialmente mortales y han sido puestas en la posición de ser rescatadas y reasentadas por el gobierno de los Estados Unidos, y luego se les ha quitado esa oferta”, cuestionó Hetfield.
Costa Rica, un país caro para esperar
Marianela esperaba volar a Estados Unidos en febrero. Pero ya es junio, y la realidad la retiene en Alajuela, Costa Rica, donde paga 500 dólares por un apartamento pequeño.
Solo en alimentación, sus gastos mensuales oscilan entre 800 y 1000 dólares, sin contar los costos de servicios básicos, una carga insostenible para una familia que sobrevive con ingresos similares a los que tenía en Nicaragua
El más reciente ranking global publicado por la plataforma internacional Numbeo en 2025, confirma que Costa Rica se posiciona como el país con el costo de vida más alto en Centroamérica, superando incluso a Chile y Uruguay.
De acuerdo con esta clasificación, el país costarricense escaló dos posiciones respecto al año anterior, consolidando su lugar entre los más costosos de Latinoamérica. El alto precio de alimentos, alquiler y transporte complica la permanencia de refugiados sin acceso formal al mercado laboral.
“En Estados Unidos la vida también es cara, pero al menos allá los ingresos están en proporción con los gastos y hay alguna oportunidad de ahorrar. En Costa Rica es imposible eso para los nicaragüenses”, lamenta.
Situación crítica para refugiados del mundo
Estados Unidos, que en 2024 acogió al 69% de los refugiados reasentados en el mundo, ha dejado un vacío que ni la ONU ni otros países han logrado llenar.
Para 2025, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que 2.9 millones de personas requieren reasentamiento. Sin la acogida del país estadounidense, ese número podría convertirse en una crisis sin precedentes, según expertos en migración.
Mientras tanto, el Gobierno de Trump mantiene la suspensión sin justificación clara y desoye los fallos judiciales que ordenaron reactivar traslados previamente aprobados. En este escenario, miles de exiliados nicaragüenses como Marianela —y de otras nacionalidades— viven en un limbo migratorio, con sus vidas congeladas a la espera de una respuesta que no llega.